Para acceder a esa ayuda del Segmento II del Kit Digital, dirigido a sociedades de entre 3 y menos de 10 empleados, Urbagestión tuvo que acreditar ante la Administración su condición de pequeña empresa, requisito imprescindible de la convocatoria. La sociedad se constituyó en Madrid el 21 de octubre de 2005 con un capital de 3.006 euros, tiene su domicilio en la calle Zurbano y opera bajo la marca comercial Urbagesa en el sector de la intermediación inmobiliaria por cuenta de terceros. Sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil reflejan una facturación de 586.450 euros y un beneficio de 2.990 euros, con menos de diez empleados.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, condenó este miércoles «la actuación de la propiedad, del fondo de inversión», y arremetió contra los partidos que, en su opinión, «ponen la alfombra roja a los fondos buitre para que vengan a desahuciar a las Maricarmen». La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento había llamado «hasta diez veces» a la abogada de la empresa para intentar comprar la vivienda o cubrir la diferencia de renta con el nuevo alquiler propuesto.
La compañía rechaza esa etiqueta en sus comunicados:
«No somos propietarios de ninguna otra vivienda. No se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme», defendió Urbagestión.
La Ley de Vivienda de 2023 reserva la condición de gran tenedor al titular de más de diez inmuebles residenciales, requisito que no consta que cumpla la sociedad madrileña. El Gobierno no ha precisado con qué criterio calificó de fondo buitre a una empresa a la que el propio Ejecutivo, a través de Red.es, reconoció como pyme de menos de diez trabajadores al concederle la subvención en 2023. El caso llega en plena ofensiva pública del Ejecutivo por el precio del alquiler, un asunto que atraviesa también el debate cultural, como muestra un ensayo reciente de Llucía Ramis sobre la mudanza como derrota del inquilino.
El desahucio se ejecutó este miércoles en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Abascal, con una discapacidad reconocida del 50%, vivía allí desde 1956 bajo un contrato de renta antigua que su padre firmó, heredado después por su madre y por ella, y pagaba unos 500 euros mensuales. Urbagestión sostuvo en los tribunales que la segunda subrogación del contrato solo podía prolongarse dos años, salvo discapacidad superior al 65%, y el Tribunal Supremo le dio la razón en marzo.
La empresa planteó a Abascal un nuevo alquiler de hasta 2.650 euros, después rebajado a unos 1.650, en ambos casos por encima de su pensión, y rechazó la oferta de una escritora anónima dispuesta a costear la diferencia de renta. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había pedido paralizar el desalojo antes de su ejecución.
El lanzamiento se consumó al cuarto intento. La Policía desalojó a primera hora la acampada frente al portal, donde se habían concentrado cientos de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas, y se produjeron cargas durante el operativo. La comisión judicial ejecutó el desahucio y, hacia las 13:00 horas, Maricarmen Abascal salió del inmueble en camilla rumbo a una ambulancia del Samur.
