Según los registros consultados, nueve altos cargos integrados en el Comité de Dirección de la entidad se repartirían alrededor de 800.000 euros anuales, mientras que el resto de la partida —unos 3,7 millones de euros— iría destinado a las nóminas de un centenar de trabajadores. En total, Casa 47 cuenta con 112 personas dedicadas a la gestión de la vivienda pública, una cifra que, dividida entre las 645 viviendas actualmente en cartera, arroja una ratio aproximada de un empleado por cada seis inmuebles.
El coste salarial no es el único gasto relevante de la entidad desde su puesta en marcha. En menos de un año, el organismo ha desembolsado más de 1,5 millones de euros en la creación de un servicio de atención telefónica propio para gestionar consultas sobre vivienda, ampliado dos meses después con una extensión adicional del mismo servicio. A ello se suman 1,4 millones de euros pagados a la consultora EY por el desarrollo de la página web del portal inmobiliario público, además de dietas de 800 euros por reunión para los miembros del Consejo Rector.
Frente a estos gastos ya ejecutados, el Ejecutivo mantiene en sus cuentas una previsión de ingresos considerablemente más ambiciosa. El Gobierno calcula recaudar 6,9 millones de euros a través de los alquileres del portal a finales de 2026, una cifra que ascendería hasta los 86,8 millones en 2027 y alcanzaría los 116,4 millones en 2028, a medida que se incorporen más viviendas al parque gestionado. Son proyecciones internas del propio Ministerio, pendientes de contraste con la ejecución real en los próximos ejercicios.
Precios de mercado en municipios de baja densidad
La revisión de los alquileres publicados en la web de Casa 47 apunta a que buena parte de las rentas se sitúan en torno o por encima de los 1.000 euros mensuales, incluso en localidades de baja densidad demográfica. Es el caso de Vidreres, municipio de la provincia de Gerona con 8.860 habitantes, donde se oferta una vivienda de tres habitaciones por 1.012 euros al mes. En otra localidad de menos de 160 habitantes afectada por la dana que asoló Valencia en octubre de 2024, el precio de un alquiler calificado como «asequible» asciende a 956 euros mensuales.
Estas cifras han alimentado el debate sobre si el concepto de «vivienda asequible» que maneja la entidad se corresponde con la capacidad adquisitiva media de las zonas donde opera. En el ámbito de las políticas de vivienda, organismos como el Banco de España vienen situando el umbral de esfuerzo financiero razonable en el entorno del 30% de los ingresos del hogar, una referencia habitual para evaluar la asequibilidad de un alquiler frente a la renta disponible.
La creación de empresas públicas para intervenir en el mercado del alquiler no es una fórmula inédita en España. Comunidades autónomas como Cataluña, a través del Institut Català del Sòl, o el Ayuntamiento de Madrid, mediante la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, cuentan con estructuras similares desde hace décadas, con resultados desiguales en la relación entre coste de gestión y volumen de vivienda efectivamente puesta en el mercado. La comparación entre esos organismos y Casa 47 se perfila como referencia en el debate parlamentario sobre la eficiencia de la nueva entidad estatal.
El marco normativo que ampara la actividad de Casa 47 se inscribe en el desarrollo de la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, que habilita al Estado a intervenir en la oferta de alquiler asequible mediante instrumentos públicos. La ley no fija, sin embargo, ratios obligatorios de eficiencia entre gasto de estructura y vivienda gestionada, un aspecto que distintos grupos parlamentarios plantean ahora abordar mediante requerimientos de comparecencia.
Las críticas desde los socios de investidura
Las cifras conocidas esta semana han provocado una respuesta crítica desde formaciones que sostienen la investidura del Gobierno. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, señaló que el portal no aporta «demasiado» para resolver la crisis del sector y ha urgido a aprobar un decreto ley para prorrogar automáticamente los contratos de alquiler, una medida que su formación considera prioritaria frente a iniciativas de gestión directa de vivienda pública.
Más contundente se mostró la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien calificó la iniciativa de «tomadura de pelo» y vaticinó que será la falta de respuesta a la crisis de vivienda lo que en última instancia condicione la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Es una tomadura de pelo (…) me parece que lo que de verdad va a enterrar este Gobierno es no hacer nada contra la brutal crisis de vivienda que está sufriendo nuestro país», resumió la dirigente.
Belarra reprochó además al PSOE utilizar la entidad para dar «un nuevo titular que ya sabemos que no va a tener ningún impacto real sobre la brutal crisis de vivienda que tiene nuestro país», y sostuvo que, con esta estrategia, el Gobierno demuestra estar «desconectado de la realidad».
Desde el Ministerio de Vivienda no se ha ofrecido, hasta el momento, una respuesta pormenorizada a las cifras de gasto en personal difundidas esta semana. El departamento ha presentado en anteriores ocasiones a Casa 47 como una pieza de la estrategia estatal frente a la escasez de vivienda asequible, en un contexto de precios de alquiler que han encadenado subidas sostenidas en las principales capitales españolas durante los últimos ejercicios.
El debate sobre Casa 47 se produce en un momento de tensión en torno a la política de vivienda. En las próximas semanas se espera que la Comisión de Vivienda del Congreso pueda solicitar comparecencias de responsables de la entidad para detallar la evolución del gasto y el calendario de incorporación de nuevas viviendas al parque público, un test que determinará si las previsiones de ingresos manejadas por el Ejecutivo para 2027 y 2028 resultan alcanzables.
