La iniciativa, que circula en San Lázaro desde los primeros meses de 2026, busca atacar dos frentes que sus impulsores consideran interconectados: la opacidad en las tarifas de los hospitales privados y los incrementos, considerados desproporcionados, en las primas de las aseguradoras. De acuerdo con lo expuesto por Abramo Masso durante la sesión, la propuesta contaría ya con un consenso amplio entre las bancadas para avanzar hacia su dictamen.
El planteamiento central es obligar a los hospitales privados a publicar cada año sus tarifas de servicios, una obligación que, de acuerdo con el legislador, ya existe de manera parcial en la legislación de competencia pero que en la práctica no se cumple. "Los costos de hospitales en México no están de ninguna manera sujetos a ningún tipo de supervisión", señaló Abramo Masso ante la comisión, al advertir que esa opacidad impide a las aseguradoras cotizar con claridad y termina trasladando el costo final al usuario.
El diputado priista relató también las dificultades que enfrentan los pacientes para conocer el estado de sus cuentas durante una hospitalización. Puso como ejemplo un internamiento de tres días en cuidados intermedios: "Si tú el segundo día pides un estado de cuenta, en el 96% de los hospitales no se te da", afirmó, y agregó que la práctica común es entregar solo un estado de referencia al momento del alta, sin desglose intermedio verificable por el paciente.
Uno de los puntos que ha marcado el debate en la comisión es el diagnóstico sobre el origen del encarecimiento. Abramo Masso sostuvo que la inflación médica en México —que ubicó en un rango de 14.5%— no respondería a factores macroeconómicos generales ni a la incorporación de nueva tecnología, sino a decisiones del propio sector hospitalario. "No es un tema de precios, no es un tema de tecnologías, es un tema generado por los hospitales. Solamente en México está autogenerada para generarle un beneficio al sector", declaró el legislador, quien afirmó que ese indicador sería el más alto del hemisferio, de Canadá hasta la Patagonia.
La iniciativa fija como meta que la inflación médica no rebase 8% anual, prácticamente la mitad del nivel que el propio diputado atribuye actualmente al sector privado de salud. Para lograrlo, el proyecto contempla topar los incrementos de las pólizas para evitar saltos de entre 20% y 80% de un año a otro, como los que han reportado algunos asegurados.
Entre las medidas dirigidas a población de mayor edad, la propuesta busca eliminar el IVA en las pólizas de gastos médicos mayores contratadas por adultos mayores y exentar del ISR a las personas mayores de 60 años en este rubro. El objetivo declarado es evitar que el encarecimiento progresivo de las primas —habitual en este tipo de seguros conforme aumenta la edad del asegurado— termine por expulsar a este segmento del sistema de aseguramiento privado.
Portabilidad, contratos claros y agentes certificados
La iniciativa también plantea introducir la portabilidad de los seguros de gastos médicos mayores, de forma que un usuario pueda cambiar de aseguradora sin perder la antigüedad acumulada, los periodos de espera ya cumplidos ni los derechos adquiridos. En la práctica, cambiar de compañía suele implicar para el asegurado empezar de cero en varios de esos rubros, lo que desincentiva la competencia entre aseguradoras. A ello se suma un eje orientado a uniformar la claridad de los contratos y garantizar que la venta de estas pólizas sea acompañada por agentes certificados, en un mercado donde la letra pequeña —exclusiones, periodos de espera, topes por padecimiento— ha sido fuente recurrente de conflictos entre usuarios y compañías.
El sector de seguros de gastos médicos mayores en México opera bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que los hospitales privados están sujetos a las disposiciones sanitarias de la Secretaría de Salud y, en materia de competencia, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La iniciativa de Abramo Masso incidiría directamente sobre ambos marcos, al proponer obligaciones específicas de transparencia para los hospitales y límites a las aseguradoras que hoy no están contemplados de manera explícita en la ley.
El planteamiento de contener aumentos considerados abusivos en servicios esenciales no es inédito en la historia legislativa reciente del país: en sexenios anteriores, el Congreso de la Unión discutió medidas similares para el sector de telecomunicaciones y, más recientemente, en materia de comisiones bancarias, en ambos casos bajo el argumento de proteger al usuario final frente a mercados con alta concentración. El caso de los seguros de gastos médicos mayores se suma ahora a esa lista.
De aprobarse en comisiones, la iniciativa tendría que pasar por el pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por el Senado de la República, antes de poder ser turnada al Ejecutivo federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. El proceso legislativo completo podría extenderse más allá del periodo ordinario actual si surgen observaciones de las aseguradoras o del sector hospitalario durante su discusión.
El desenlace de esta iniciativa será seguido de cerca por quienes cuentan con una póliza de gastos médicos mayores en el país, un mercado que ha crecido conforme la saturación del sistema público de salud ha empujado a más familias hacia la atención privada. La discusión en la Comisión de Hacienda marca apenas el primer trámite de un recorrido que, para convertirse en ley, aún debe superar el pleno, la cámara revisora y el Ejecutivo.