El debate se ha intensificado conforme avanza el proceso de consulta pública sobre los lineamientos que reglamentarán el derecho de las audiencias, previsto en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada por el Congreso de la Unión en 2025. Voces de la oposición y de sectores de la industria de medios han advertido que el instrumento podría abrir la puerta a la censura o al control gubernamental sobre los contenidos que difunden radiodifusoras y concesionarias.
Monreal rechazó esa lectura. "Defender los derechos de la audiencia no equivale a defender la censura. Eso es falso", sostuvo el coordinador parlamentario, quien insistió en que ningún lineamiento de carácter administrativo puede colocarse por encima de la Carta Magna. Ante cualquier exceso regulatorio, explicó, existen vías legales de defensa ya contempladas en el orden jurídico mexicano, como el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad que pueden promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El legislador morenista trazó una cronología para argumentar que el derecho de las audiencias no es una figura novedosa. Según su recuento, la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones incorporó este derecho al artículo sexto de la Constitución; en 2014 fue desarrollado en la ley secundaria; en 2017 se modificó su regulación, y en 2022 la SCJN invalidó aquella reforma. Fue hasta 2025, indicó, cuando el Congreso aprobó la ley vigente que ahora se busca reglamentar mediante los lineamientos en consulta. "Lo que hoy está a discusión no es una nueva iniciativa ni tampoco algo que censure ni controle a los medios, son lineamientos que permiten fortalecer y hacer efectivos estos derechos que ya están reconocidos por la Constitución y por la ley", subrayó.
Consultado sobre si tienen razón quienes ven en los lineamientos un riesgo para la libertad de expresión, Monreal respondió que no. "Constituyen un avance que debemos defender con responsabilidad y con absoluto respeto a las libertades de expresión, prensa y opinión", dijo, y añadió que como legislador no acompañaría ninguna disposición "que pretenda establecer censura previa" ni limitar "injustificadamente la crítica al poder público". El coordinador afirmó que México necesita "medios libres, críticos e independientes" y, a la vez, una ciudadanía informada con mecanismos claros para ejercer sus derechos.
La consulta pública y sus cifras
Monreal ofreció un corte de la participación en el proceso. De acuerdo con su cita, al 10 de agosto se habían recibido 2,047 comentarios provenientes de 1,942 participantes individuales, cifra que, dijo, refleja el interés generado por el tema. El legislador hizo un llamado a académicos, especialistas en telecomunicaciones, concesionarias, periodistas, columnistas, organizaciones de la sociedad civil y a las propias audiencias para que aprovechen los días restantes del periodo de consulta y aporten observaciones que permitan perfeccionar el instrumento jurídico-administrativo.
La consulta pública sobre lineamientos regulatorios es una figura habitual en la política de telecomunicaciones y radiodifusión. Este mecanismo permite que los actores interesados —desde radiodifusoras hasta ciudadanos— presenten comentarios antes de que un lineamiento adquiera carácter definitivo; su resultado no es automático, pues la autoridad debe valorar las observaciones recibidas y, en su caso, ajustar el texto final.
Monreal también se pronunció sobre las propuestas de la oposición para regular las conferencias de prensa matutinas que ofrece la presidenta Sheinbaum, conocidas como "las mañaneras". El coordinador de Morena las calificó como un derecho constitucional del Ejecutivo federal para informar sobre sus políticas públicas y las definió como una herramienta legítima de réplica frente a la desinformación, por lo que descartó respaldar cualquier iniciativa orientada a limitarlas.
El derecho de las audiencias ha generado fricciones recurrentes entre el Poder Legislativo, el sector de la radiodifusión y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La reforma de telecomunicaciones de 2014, derivada de los cambios constitucionales de 2013 impulsados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya había abierto un intenso debate sobre los límites entre la protección de las audiencias y la autonomía editorial de los concesionarios. Esa discusión se reactivó con la invalidación de la SCJN en 2022 —que echó abajo la regulación de 2017— y vuelve ahora a la agenda pública con la ley de 2025.
Legisladores de oposición han manifestado su preocupación por la posibilidad de que los lineamientos, una vez aprobados, sirvan como mecanismo de presión sobre las líneas editoriales de los medios. Estas posiciones no fueron abordadas de manera directa por Monreal en la entrevista, quien centró su respuesta en descartar cualquier intención censora del texto en consulta.
El proceso permanece abierto en los canales oficiales dispuestos para ese fin, y su cierre marcará el calendario para la eventual publicación del texto definitivo. Concluida la etapa de comentarios, la autoridad responsable deberá sistematizar las observaciones antes de emitir la versión final, la cual podría ser impugnada por la vía del amparo o de acciones de inconstitucionalidad si algún actor considera que vulnera garantías constitucionales, como reconoció el propio coordinador de Morena en San Lázaro.