La decisión revierte una política de más de una década. Colombia abandonó la aspersión aérea con glifosato en 2015 ante las dudas sanitarias que generaba su uso, en un contexto marcado por la clasificación del herbicida como «probable cancerígeno para los seres humanos» (categoría 2A) por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ese mismo año. Aquella calificación fue el detonante de la suspensión de un programa de fumigación que se había mantenido durante décadas como herramienta central de erradicación.
El instrumento jurídico derogado este viernes era una resolución de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, el organismo interministerial encargado de fijar la política antidrogas del país. Su eliminación no reactiva por sí sola las fumigaciones: el decreto presidencial precisa expresamente que la derogación «no implica la reanudación automática» del método ni constituye autorización para su lanzamiento desde aeronaves tripuladas.
Ese matiz responde a la doctrina de la Corte Constitucional de Colombia, que fijó un conjunto de condiciones estrictas que cualquier Gobierno debe cumplir antes de retomar la aspersión aérea. Entre ellas figura la elaboración de un plan de manejo ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la apertura de un proceso de consulta con las comunidades afectadas por esta política, y el visto bueno del Instituto Nacional de Salud.
El alto tribunal exigió además que exista una regulación a cargo de un órgano independiente, un sistema de supervisión constante de riesgos, investigación científica realizada «con garantías de rigor e imparcialidad» y, en último término, «evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente». Ese último requisito ha sido, en la práctica, el principal obstáculo para retomar el programa, dada la persistencia de estudios contradictorios sobre la toxicidad del herbicida.
El glifosato es el principio activo de herbicidas de amplio espectro utilizados en agricultura convencional en decenas de países, incluida la Unión Europea, donde su autorización sigue vigente pese a la controversia científica sobre su seguridad. Esa disputa ha derivado también en litigios en Estados Unidos contra fabricantes del producto, con demandas que alegan una presunta relación entre el herbicida y determinados tipos de cáncer, un debate que no ha zanjado de forma unánime la comunidad reguladora internacional.
Del Plan Colombia a la suspensión de 2015
La aspersión aérea con glifosato tiene en Colombia un antecedente directo en el Plan Colombia, el programa de cooperación bilateral con Estados Unidos puesto en marcha en 1999 bajo la presidencia de Andrés Pastrana, que combinó ayuda militar, desarrollo alternativo y erradicación forzosa de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea a gran escala. Aquel esquema fue objeto de críticas constantes de organizaciones campesinas y de derechos humanos por sus efectos sobre cultivos lícitos colindantes y sobre la salud de las poblaciones expuestas, un cuestionamiento que alimentó el proceso que culminó en la suspensión de 2015.
El presidente De La Espriella ha situado la lucha contra las estructuras de narcotráfico y los grupos armados que se financian de ellas como eje central de su gestión. Colombia continúa siendo, según los informes anuales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), uno de los principales productores mundiales de hoja de coca y cocaína, pese a las fluctuaciones registradas en la superficie cultivada en los últimos años.
La reactivación del debate sobre el glifosato coincide con un refuerzo de la cooperación entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos frente a grupos calificados de narcoterroristas, en un momento de presión de Washington sobre los países andinos para intensificar la erradicación de cultivos y el control de las rutas de tráfico hacia Centroamérica y el propio territorio estadounidense.
En el pulso de fondo se enfrentan dos posiciones. Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que operan en Colombia han rechazado en el pasado la reanudación de las fumigaciones aéreas, alegando afectaciones a ecosistemas de alto valor como la Amazonía y riesgos para comunidades rurales ajenas al cultivo ilícito. Frente a esa posición, sectores institucionales y de seguridad han defendido el glifosato como una herramienta rápida y de bajo coste frente a la erradicación manual, más lenta y expuesta al riesgo de minas antipersona sembradas por grupos armados en las zonas de cultivo.
El propio decreto, al mantener en vigor los requisitos fijados por la Corte Constitucional, deja en manos de la ANLA y del Instituto Nacional de Salud la decisión última sobre si se cumplen las condiciones técnicas y sanitarias para un eventual regreso de la fumigación aérea. Ese proceso, de activarse, requeriría además la consulta previa con las comunidades afectadas, un trámite que en otros contextos colombianos ha tomado meses o años y ha sido objeto de litigios adicionales ante los tribunales.
A partir de ahora, el foco se traslada a si el Ejecutivo impulsa formalmente ante la ANLA la elaboración del plan de manejo ambiental exigido por la Corte, paso previo indispensable para cualquier reanudación efectiva de las aspersiones. De su desarrollo, y de la respuesta que den el Instituto Nacional de Salud y los tribunales ante los previsibles recursos de comunidades y organizaciones ambientalistas, dependerá si la derogación de este viernes se traduce en un cambio real sobre el terreno o queda, por ahora, en un movimiento normativo sin aplicación inmediata.
