El operativo se enmarca en la escalada de vigilancia que mantienen España y Marruecos en el entorno de El Tarajal y en los accesos desde Castillejos, después de varias semanas en las que la ciudad autónoma ha registrado llegadas de migrantes. El Ejército español ha desplegado tanquetas junto a la valla, mientras que en el lado marroquí las autoridades han recurrido a un dispositivo con apoyo de helicóptero para controlar los movimientos de los grupos que permanecen en zonas boscosas próximas a la frontera. Cientos de migrantes, según las fuentes citadas, aguardaban en una ladera que bordea los bosques fronterizos a las afueras de Castillejos.
Las detenciones por incitación a la inmigración irregular se producen al amparo del Código Penal marroquí y de la ley 02-03 relativa a la entrada y estancia de extranjeros en el reino, que castiga la organización o facilitación del cruce irregular de fronteras. Se trata de un delito distinto del que pudiera imputarse a los propios migrantes interceptados, que en la práctica marroquí suelen ser objeto de expulsión administrativa hacia el interior del país antes de que, en su caso, se abra procedimiento penal contra quienes se considere que han organizado o dirigido los intentos de cruce.
No consta, por el momento, que ninguna de las 61 personas detenidas haya sido formalmente procesada ante un tribunal marroquí, por lo que la fase procesal se mantendría en el estadio de detención policial previo a la eventual apertura de diligencias judiciales. En el ordenamiento marroquí corresponde al ministerio público decidir sobre la continuidad de las actuaciones y, en su caso, remitir el asunto a un juez de instrucción, de forma análoga a la fase de instrucción del sistema español.
De la vía administrativa a la penal a ambos lados de la valla
En el lado español, la Fiscalía de Ceuta y los juzgados de instrucción de la ciudad autónoma tramitan las actuaciones relacionadas con los intentos de entrada irregular, centradas en la identificación de posibles redes de tráfico de personas que se hayan lucrado organizando los cruces. La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros reserva la vía penal para quienes faciliten el tráfico ilegal de personas con ánimo de lucro, mientras que la entrada irregular de un migrante se tramita por la vía administrativa, sin reproche penal directo contra la persona que cruza la frontera.
La cooperación judicial entre España y Marruecos en esta materia se articula a través de acuerdos bilaterales como el convenio de readmisión de 1992 y protocolos posteriores de colaboración policial, que permiten el intercambio de información sobre redes de tráfico de personas que operan a ambos lados de la frontera. En el plano comunitario, la Directiva 2002/90/CE define el marco para sancionar la ayuda a la entrada, tránsito y estancia irregulares, y orienta la respuesta penal hacia las estructuras organizadas antes que hacia las personas migrantes.
El precedente de mayo de 2021
El antecedente más inmediato de una crisis de estas dimensiones en la ciudad autónoma se remonta a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas aprovechando una relajación del control fronterizo marroquí, en plena crisis diplomática con España por el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en la apertura de diligencias por presuntos delitos de trata y tráfico de personas contra integrantes de redes que habrían organizado los cruces, en un marco de investigación que se prolongó durante años.
La visita anunciada para este domingo de la ministra de Sanidad, Mónica García, al Hospital Universitario de Ceuta y al Centro de Salud Otero, junto al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y la directora del INGESA, Isabel Muñoz, se inscribe en el seguimiento institucional de la emergencia humanitaria. Según el anuncio del Ministerio, García acudirá para «conocer de primera mano» la situación sanitaria, sin que trascienda relación directa con las diligencias penales abiertas por los intentos de cruce.
Colectivos de defensa de los derechos de los migrantes han reclamado en episodios anteriores que se garantice el acceso a asistencia letrada y a la solicitud de protección internacional para quienes logran entrar en territorio español, derecho recogido en el artículo 13.4 de la Constitución y en la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo. Hasta el momento no consta que ninguna organización haya trasladado denuncias concretas sobre los operativos realizados este sábado en Fnideq.
A falta de nuevas resoluciones judiciales o de que las actuaciones abiertas avancen a fases más avanzadas, la frontera de Ceuta continuará bajo estrecha vigilancia policial y militar en los próximos días, mientras las autoridades de ambos países evalúan si el repunte de intentos de cruce registrado este sábado se mantiene o remite. Cualquier imputación formal de responsabilidades penales, tanto en España como en Marruecos, dependerá del resultado de unas investigaciones que se encuentran en fase preliminar.
