El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha concluido en un informe preliminar que España necesita con carácter urgente una estrategia anticorrupción de alcance nacional y sitúa al país entre los seis Estados miembros de la organización con mayores deficiencias en la prevención y sanción de la corrupción pública. El documento, al que ha tenido acceso El Hemiciclo, recomienda la creación de una agencia anticorrupción independiente y la reforma del sistema de nombramientos de la Fiscalía General del Estado, e identifica los casos Koldo, Begoña Gómez, García Ortiz, Gürtel y los EREs de Andalucía como manifestaciones de una 'debilidad estructural' del sistema institucional español.
Por qué importa el diagnóstico del GRECO
El GRECO es el principal mecanismo de control anticorrupción del Consejo de Europa. Sus evaluaciones no tienen carácter vinculante en términos jurídicos inmediatos, pero generan presión política y diplomática sobre los Estados, condicionan la percepción de inversores institucionales y organismos financieros internacionales y constituyen un referente en los procedimientos de la Unión Europea cuando se valoran los estados de derecho nacionales. Que España figure en el grupo de los seis países con mayores carencias en la materia es un señalamiento explícito que trasciende la polémica doméstica: proviene de una institución multilateral integrada por cuarenta y nueve Estados y dotada de metodología de evaluación por pares.
Los casos citados como síntomas, no como causa
El informe del GRECO no aborda los casos Koldo, Begoña Gómez, García Ortiz, Gürtel y los EREs como objeto de investigación propia, sino como evidencia sintomática de fallos sistémicos. La distinción es relevante: el organismo no juzga la culpabilidad de personas ni la resolución judicial de ningún procedimiento, sino que utiliza la recurrencia de escándalos de distinta naturaleza, cronología y espectro político como indicador de que las estructuras de prevención, detección y sanción presentan insuficiencias de fondo. Este enfoque es coherente con la metodología que el GRECO aplica en el resto de países evaluados.
Las dos reformas estructurales que reclama Estrasburgo
Las recomendaciones centrales del informe son dos. La primera es la creación de una agencia anticorrupción independiente, un organismo que en el diseño habitual de los países que lo han implantado —como Portugal con el MENAP o Francia con la AFA— dispone de autonomía presupuestaria, capacidad de investigación proactiva y potestad sancionadora administrativa al margen de los ciclos electorales. La segunda es la reforma del sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, cargo que en España es designado por el Gobierno mediante real decreto a propuesta del Ejecutivo, escuchado el Consejo Fiscal, sin participación del Parlamento ni proceso de selección competitivo. El GRECO entiende que este mecanismo compromete la percepción de independencia de la institución.
España, entre los seis con mayores carencias en Europa
La posición de España en el mapa trazado por el informe preliminar del GRECO es uno de los datos más graves del documento. El Consejo de Europa agrupa en evaluaciones periódicas a sus Estados miembros y emite recomendaciones de cumplimiento con plazos de seguimiento. Ser clasificado entre los seis países con mayores carencias en prevención y sanción de la corrupción pública implica que, en sucesivas rondas de evaluación, España no ha dado respuesta suficiente a observaciones anteriores o que las nuevas evidencias detectadas agravan el diagnóstico previo. El informe califica esta situación como 'necesidad urgente', una graduación que el GRECO reserva para los casos que considera prioritarios en su agenda de seguimiento.
El debate sobre la Fiscalía, núcleo político del informe
La recomendación sobre la Fiscalía General del Estado conecta directamente con uno de los debates institucionales de mayor intensidad en España en los últimos años. La figura del Fiscal General es objeto de controversia recurrente por su doble condición: máximo responsable del Ministerio Público, cuya actuación debe ser autónoma respecto al poder ejecutivo, y cargo designado por el Gobierno de turno. Distintas propuestas de reforma, tanto desde la doctrina jurídica como desde grupos parlamentarios, han planteado fórmulas alternativas de designación sin que ninguna haya prosperado legislativamente. El informe del GRECO añade ahora una voz externa e institucional a ese debate.
Antecedentes y posición de las partes
España ha sido objeto de evaluaciones anteriores del GRECO en las que ya se formularon recomendaciones sobre transparencia, financiación de partidos e integridad de altos cargos. El cumplimiento de esas recomendaciones ha sido parcial según los sucesivos informes de seguimiento de la propia institución. El Gobierno no había realizado declaraciones públicas sobre el contenido del informe preliminar en el momento del cierre de esta información. El GRECO, conforme a su protocolo, traslada los informes a las autoridades nacionales antes de su publicación definitiva para que estas puedan presentar observaciones, por lo que el texto aún no es definitivo.
Qué sucede ahora
La publicación definitiva del informe abrirá un proceso formal de seguimiento en el que España deberá informar al GRECO sobre las medidas adoptadas en respuesta a cada recomendación dentro de los plazos que el propio organismo establezca. Si el Gobierno optara por impulsar alguna de las reformas señaladas —la agencia anticorrupción o la modificación del sistema de nombramiento del Fiscal General—, necesitaría en ambos casos respaldo parlamentario suficiente, lo que en el contexto actual de fragmentación de la Cámara convierte cualquier iniciativa legislativa de calado en un proceso de negociación incierto. La ausencia de respuesta también tiene consecuencias: el GRECO puede elevar el nivel de presión en informes sucesivos y hacer públicas las carencias de cumplimiento.
