La vigilia, instalada en las gradas de la Catedral Metropolitana, se prolongó durante meses antes de que el colectivo decidiera dar por concluida la fase de ayuno estricto, manteniendo abierta la protesta permanente. Ese espacio ha sido escenario histórico de movilizaciones y actos de memoria en El Salvador, desde las manifestaciones de la guerra civil (1980-1992) hasta concentraciones recientes de familiares de personas detenidas.
El nombre del colectivo remite a Herbert Anaya Sanabria, abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador no gubernamental, asesinado en 1987 en plena guerra civil. Aquel crimen, sin resolución judicial definitiva, ha sido invocado durante décadas por organizaciones defensoras como referente de la impunidad histórica en el país y da nombre a la organización que hoy protagoniza la protesta.
El colectivo ha centrado buena parte de su actividad reciente en denunciar presuntas irregularidades asociadas a las detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, la medida extraordinaria decretada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuidos a estructuras de pandillas. La norma suspende garantías constitucionales, como la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, y amplía el plazo de detención administrativa sin intervención judicial inmediata.
El marco de esa suspensión está regulado en el artículo 29 de la Constitución de la República, que faculta a la Asamblea Legislativa a decretar el régimen de excepción por un plazo inicial de 30 días, renovable mediante nuevas votaciones en el Salón Azul. Desde marzo de 2022 el Pleno legislativo ha aprobado prórrogas consecutivas de la medida, un periodo de vigencia ininterrumpida sin antecedente comparable en la historia reciente del país.
El Órgano Ejecutivo y la Policía Nacional Civil han defendido reiteradamente la medida como responsable de la caída sostenida de los homicidios, que las autoridades han situado en mínimos históricos en sus boletines oficiales. Desde Casa Presidencial se ha sostenido que las detenciones se ajustan a la legalidad vigente y que los mecanismos de revisión —incluida la actuación de jueces y de la Fiscalía General de la República— garantizan la liberación de quienes resulten sin responsabilidad penal, argumento repetido ante cada prórroga aprobada en la Asamblea.
Organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales han documentado en estos años denuncias de detenciones arbitrarias, hacinamiento carcelario y fallecimientos de personas privadas de libertad bajo esta figura. Los reclamos del colectivo se inscriben en un contexto de familias que aseguran que sus parientes detenidos no tienen vínculos con pandillas y que exigen su liberación o la revisión judicial de sus casos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución constitucional encargada de velar por el respeto a los derechos fundamentales, ha recibido denuncias vinculadas a la aplicación del régimen de excepción, según sus informes. Organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado en distintos momentos información al Estado salvadoreño sobre las condiciones de reclusión y el debido proceso, solicitudes que el Gobierno ha respondido defendiendo la legalidad y la eficacia de su política de seguridad.
El cierre de la huelga de hambre no implica el fin de la vigilia permanente ni de las demandas del colectivo, que ha mantenido presencia constante en el entorno de la Catedral Metropolitana como forma de visibilizar los casos que representa. La organización no precisó si convocará nuevas jornadas de ayuno o acciones de protesta en las próximas semanas, según la información disponible.
El episodio se inscribe en un debate más amplio sobre el equilibrio entre seguridad pública y garantías individuales que atraviesa Centroamérica, donde el modelo salvadoreño de contención de pandillas ha sido observado por otros países de la región, mientras organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de un control judicial más robusto sobre las detenciones. La continuidad del régimen de excepción dependerá de las nuevas votaciones que la Asamblea Legislativa realice al vencer cada prórroga.
