Las medidas apuntan a fortalecer la capacidad de los Estados para anticipar y amortiguar los choques económicos que provoca el fenómeno, cuyos efectos se traducen históricamente en variaciones de las lluvias, sequías prolongadas y alteraciones en los rendimientos agrícolas de países centroamericanos, entre ellos El Salvador.
El Niño es un patrón climático cíclico que afecta la temperatura del océano Pacífico y altera los regímenes de lluvia en buena parte del continente americano. En El Salvador, los episodios más intensos han coincidido en el pasado con pérdidas en cultivos de granos básicos y presiones sobre el abastecimiento de agua, situaciones que en su momento llevaron al Órgano Ejecutivo a activar planes de contingencia agrícola y a los gremios productivos a solicitar apoyo estatal.
El informe subraya que las economías de menor tamaño y mayor dependencia agrícola —perfil que comparte buena parte del istmo centroamericano— enfrentan un riesgo desproporcionado frente a los episodios de ENOS, tanto en su fase cálida como en la fría, conocida como La Niña. El organismo ha documentado en informes previos cómo estos fenómenos inciden en la disponibilidad de agua, la producción de café y la seguridad alimentaria en la región.
Para El Salvador, con una matriz agrícola sensible a la variabilidad climática, este tipo de recomendaciones suelen traducirse en discusiones dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre esquemas de seguro agrícola, diversificación de cultivos y sistemas de alerta temprana, mecanismos que en años de sequía severa han contado con financiamiento de organismos multilaterales.
Recomendaciones de política pública
Entre las líneas que plantea la CEPAL figuran el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo climático, la creación o ampliación de fondos de contingencia fiscal para emergencias derivadas de eventos extremos, y la promoción de infraestructura resiliente en zonas rurales expuestas a inundaciones o sequías. El planteamiento se suma a un historial de recomendaciones que la comisión ha formulado a los gobiernos centroamericanos tras episodios previos del fenómeno.
El precedente reciente se ubica entre 2014 y 2016, cuando El Salvador, Honduras y Guatemala reportaron pérdidas en la producción de maíz y frijol vinculadas a una sequía prolongada asociada a El Niño, lo que obligó a activar importaciones de emergencia y programas de asistencia a pequeños productores en el llamado Corredor Seco centroamericano.
La discusión sobre la resiliencia climática de la región no es ajena a los debates fiscales en curso en países vecinos: mientras Guatemala suspende hasta diciembre el IVA y el impuesto a los combustibles, la CEPAL insiste en que la planificación ante shocks climáticos requiere margen fiscal disponible, un recurso que en la región suele ser limitado.
El informe especial no fija un cronograma vinculante para que los países miembros adopten las recomendaciones, que tienen carácter de orientación técnica y quedan sujetas a la voluntad de cada gobierno de incorporarlas en sus políticas públicas de gestión de riesgo climático.
