Pollán ha planteado la medida como una condición previa a cualquier discusión sobre cupos: antes de trasladar a un menor a Castilla y León, sostiene, el Estado debe agotar las vías de reunificación con su familia de origen o, en su defecto, tramitar el retorno al país de procedencia, mayoritariamente Marruecos. Solo cuando esas dos alternativas queden descartadas caso por caso cabría, a su juicio, plantear la acogida en territorio autonómico. El vicepresidente ha descrito la situación de su comunidad como límite, en alusión a la capacidad de los centros de acogida y a los recursos técnicos y económicos disponibles para la tutela.
La postura sitúa a Castilla y León en la línea de otras comunidades gobernadas por el PP que en los últimos meses han cuestionado el mecanismo de reparto obligatorio, aprobado en 2025 mediante una reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España. Aquella norma establece un sistema de distribución de menores entre autonomías atendiendo a criterios de población, renta y tasa de desempleo, con carácter obligatorio salvo causas justificadas, en sustitución del anterior modelo voluntario.
La protección de la infancia es competencia autonómica conforme al artículo 148.1.20 de la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Junta argumenta que asumir nuevos traslados sin garantías jurídicas previas sobre la situación familiar de cada menor supondría una sobrecarga del sistema de protección. La reunificación familiar y el retorno al país de origen, sin embargo, corresponden a la Administración General del Estado, que los tramita a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en coordinación con las autoridades del país de procedencia.
Un mecanismo aprobado tras años de reparto voluntario fallido
El choque entre el Gobierno central y varias comunidades por la acogida de menores extranjeros no acompañados no es nuevo. Tras la crisis migratoria de Ceuta de 2021 y la llegada intensa de menores a Canarias en años posteriores, se plantearon fórmulas de reparto voluntario que no fructificaron ante la negativa de buena parte de los ejecutivos autonómicos a asumir cuotas. La reforma legal de 2025 buscó precisamente sustituir la voluntariedad por la obligatoriedad ante la saturación del sistema de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, cuyos recursos llegaron a superar con holgura su capacidad prevista.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano de cooperación entre el Estado y las autonomías regulado por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, es el cauce formal para coordinar las políticas de infancia. Sus acuerdos en materia de reparto de menores, no obstante, ya han sido objeto de recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de varias comunidades, que discuten tanto los criterios de distribución como su carácter vinculante.
La vía que anuncia ahora la Junta —impugnar expediente por expediente los traslados que no cumplan la condición de reunificación o retorno previos— trasladaría el conflicto de la esfera política a los tribunales superiores de justicia y, eventualmente, al Tribunal Constitucional, si se planteara un conflicto de competencias entre el Estado y la comunidad. Este tipo de litigios pueden prolongarse durante años, como ha ocurrido con otros contenciosos competenciales resueltos por el alto tribunal en materias sensibles desde la Transición.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, se ha defendido en ocasiones anteriores que el reparto responde a un mandato legal aprobado por las Cortes Generales y que su aplicación no admite excepciones territoriales unilaterales. El departamento ha subrayado que la reunificación familiar y el retorno son procedimientos estatales cuya tramitación no puede condicionar la acogida temporal del menor mientras se resuelven, pues esta se rige por el interés superior del niño.
Ese principio, recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España, y en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, ha sido invocado en informes previos por la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo, que han insistido en que la determinación de la edad y la situación jurídica de cada menor debe hacerse con las garantías procesales adecuadas, sin que ello implique paralizar la acogida temporal mientras se sustancian los procedimientos.
La ausencia de Castilla y León en la reunión de este jueves se suma a la de otras comunidades del PP que en convocatorias anteriores optaron por no participar o por acudir manifestando su rechazo al reparto. Las comunidades receptoras tradicionales —Canarias, Ceuta, Melilla y otras del sur peninsular— han empleado la desigual distribución previa como argumento para reclamar un reparto más equilibrado, mientras las que rechazan el mecanismo apelan a la saturación de sus propios sistemas de protección.
El pulso llega en un contexto de tensión más amplia entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y varias comunidades del PP en materia migratoria, que en los últimos años se ha traducido en recursos judiciales, declaraciones institucionales contrapuestas y conferencias sectoriales marcadas por ausencias o votos en contra. La Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco (PP) en coalición con Vox desde 2022, ha mantenido una posición crítica frente al reparto obligatorio desde su aprobación parlamentaria.
A partir de este jueves, la Conferencia Sectorial certificará qué comunidades han acudido y cuáles han optado por la ausencia, un dato que previsiblemente alimentará el debate sobre la aplicación efectiva de la ley. El siguiente hito será la presentación de los primeros recursos anunciados por Pollán ante los tribunales contencioso-administrativos, cuyo calendario dependerá del ritmo de tramitación de cada expediente individual de traslado.
