El testimonio de Patricia Uriz, exasesora del gabinete de Ábalos que declaró el martes 15 de abril, fue descrito por los letrados presentes como 'el momento más dañino para la defensa del exministro en lo que va de juicio'. Uriz, que trabajó en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, relató ante el tribunal que en al menos tres ocasiones vio a Koldo García entregar sobres de papel marrón a Ábalos en su despacho del Ministerio, sobres que el exministro guardaba en el cajón inferior izquierdo de su mesa sin abrirlos en presencia de terceros. Preguntada por el fiscal sobre si podía identificar el contenido de los sobres, Uriz respondió: 'No los abrí, pero por el grosor y la rigidez parecían contener billetes. Eran sobres que no se doblan'. La defensa de Ábalos, dirigida por el penalista José Antonio Choclán, intentó desacreditar el testimonio argumentando que Uriz fue despedida del gabinete en 2021 y que mantiene una 'animadversión personal' contra su exjefe, pero la testigo replicó con una frase que quedó registrada en el acta: 'No tengo animadversión. Tengo memoria'. El tribunal rechazó la tacha de parcialidad solicitada por la defensa y admitió el testimonio como prueba plena.
El segundo testimonio devastador llegó el jueves 17 de abril de boca de Jesús Manuel Gómez, exconsejero delegado de la empresa Soluciones de Gestión, la mercantil que actuó como intermediaria en la compra de mascarillas a proveedores chinos por cuenta de dos entes públicos: Adif y Puertos del Estado. Gómez relató que Koldo García le comunicó en una reunión celebrada en la cafetería del Hotel Intercontinental de Madrid en marzo de 2020 que 'o entras con ocho millones o nada', en referencia a la comisión que la trama exigía por facilitar los contratos públicos. El testigo precisó que los ocho millones no eran una cifra fija sino un porcentaje del 21,7% sobre el volumen total de los contratos, un margen que Soluciones de Gestión incorporó a sus facturas como 'costes de logística internacional y gestión de aduanas'. La Fiscalía presentó inmediatamente después las facturas originales — 47 documentos escaneados que obran en el tomo 23 de la instrucción — en las que los conceptos de logística y aduanas representan exactamente el 21,7% del importe total, una coincidencia que el fiscal calificó de 'prueba aritmética de la comisión'.
Los contratos que vertebran la acusación se dividen en dos bloques que la Fiscalía ha desgranado con precisión documental. El primer bloque corresponde a Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, que adjudicó a Soluciones de Gestión un contrato de emergencia por 12,5 millones de euros para la compra de 8 millones de mascarillas FFP2 y 2 millones de batas sanitarias en abril de 2020. El segundo bloque corresponde a Puertos del Estado, otro ente dependiente del mismo ministerio, que adjudicó un contrato de 24,2 millones de euros para material sanitario diverso en mayo de 2020. Ambos contratos se formalizaron mediante el procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, un mecanismo que permite prescindir de la publicidad, la concurrencia competitiva y los informes previos de fiscalización. La Fiscalía sostiene que Ábalos, como ministro titular del departamento del que dependían ambos entes, era 'el responsable último' de las adjudicaciones, una expresión que aparece en tres correos electrónicos internos del Ministerio firmados por el propio jefe de gabinete del exministro.
La presencia de Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes constituye uno de los elementos más llamativos del caso y ha sido documentada por la Guardia Civil con un detalle que los analistas judiciales califican de 'inusual'. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) presentados en el juicio incluyen registros del sistema de control de acceso del parking subterráneo del Ministerio en el Paseo de la Castellana que acreditan que un vehículo a nombre de una empresa vinculada a Aldama — un Mercedes Clase S con matrícula 0000 KLD — accedió al parking de autoridades en 147 ocasiones entre enero de 2020 y junio de 2021. El parking de autoridades, según declararon dos funcionarios del Ministerio, está reservado exclusivamente al ministro, los secretarios de Estado y los directores generales, y requiere una tarjeta magnética personal e intransferible para el acceso. La tarjeta utilizada por el vehículo de Aldama estaba asignada a nombre de Koldo García, lo que implica que el asesor ministerial facilitó al empresario un acceso que solo correspondía a los altos cargos del departamento. La defensa de Aldama ha argumentado que las visitas tenían 'carácter profesional legítimo' relacionado con proyectos de inversión en infraestructuras, pero no ha podido acreditar la existencia de ningún contrato formal entre Aldama y el Ministerio.
La estrategia defensiva de los tres acusados presenta divergencias que la Fiscalía intenta explotar para debilitar la cohesión de la trama. Ábalos niega haber tenido conocimiento de las comisiones y atribuye la responsabilidad de los contratos a los órganos de contratación de Adif y Puertos del Estado, argumentando que el ministro 'no interviene en los procedimientos de adjudicación de emergencia'. Koldo García reconoce haber facilitado contactos entre empresarios y cargos del Ministerio pero niega haber recibido dinero alguno, una versión que contradice frontalmente los testimonios de Uriz y Gómez. Aldama, por su parte, ha adoptado la posición de 'colaborador con la justicia' y ha proporcionado a la Fiscalía documentación que incrimina a Ábalos y García — mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones telefónicas — a cambio de una reducción de pena que la Fiscalía ha cifrado en la solicitud de 7 años frente a los 15 que inicialmente se le imputaban. La defensa de Ábalos ha denunciado que Aldama actúa como 'delator interesado' cuyo testimonio carece de fiabilidad, pero el tribunal ha admitido la totalidad de las pruebas aportadas por el empresario tras verificar su autenticidad mediante peritaje informático independiente.
El contexto político del juicio es inseparable de su dimensión judicial. El caso Koldo estalla en plena precampaña andaluza, con Sánchez intentando desvincular al PSOE de la trama y Feijóo utilizándola como prueba de la 'corrupción sistémica' del partido en el poder. La declaración de Uriz sobre los sobres en la sede del PSOE — un detalle que la testigo añadió al final de su declaración casi como un apéndice y que la Fiscalía no había solicitado expresamente — ha provocado que la sede de Ferraz se convierta en parte del relato judicial por primera vez. Reconozco el pasillo porque trabajé allí como voluntaria en las campañas de 2015 y 2016. No estoy confundida'. Si el tribunal da credibilidad a esta declaración, el caso Koldo dejaría de ser una historia de corrupción ministerial para convertirse en una historia de corrupción de partido, un salto cualitativo que tendría consecuencias devastadoras para el PSOE en las urnas.
Las próximas tres semanas del juicio serán decisivas. La Fiscalía tiene previsto llamar a declarar a 52 testigos adicionales, entre ellos dos altos cargos de Adif que firmaron los contratos de emergencia, el interventor delegado de Puertos del Estado que emitió un informe de reparos que fue ignorado, y tres agentes de la UCO que participaron en la investigación. La defensa de Ábalos, por su parte, ha anunciado que llamará al propio Koldo García como testigo de descargo, una maniobra procesal arriesgada que busca presentar a García como el único responsable de la trama y a Ábalos como víctima de la deslealtad de su asesor. El veredicto, que no se espera antes de julio, escribirá un capítulo fundamental en la historia de la corrupción política española.
Lo que el caso Koldo revela, más allá de las cifras y las comisiones, es el funcionamiento de un sistema de poder paralelo que operaba dentro de las instituciones del Estado con la naturalidad de quien sabe que nadie está mirando. Aldama en el parking de autoridades, Koldo con los sobres en el despacho del ministro, Soluciones de Gestión facturando un 21,7% de comisión disfrazada de logística: cada pieza del rompecabezas encaja con la precisión de un mecanismo diseñado no para el robo puntual sino para la extracción sistemática. Y esa sistematicidad, como señala un veterano fiscal anticorrupción retirado que sigue el caso desde la tribuna de público, es 'lo que distingue al caso Koldo de los escándalos de corrupción clásicos: aquí no hubo improvisación, hubo método'. El método tenía nombre propio — Koldo —, un padrino — Ábalos — y un ejecutor — Aldama —. Ahora tiene 97 testigos y un tribunal que decidirá si también tiene culpables.
