El origen de las pesquisas se remonta a las tres denuncias presentadas por responsables de empresas de alquiler de vehículos, que alertaron del asalto a sus instalaciones. Se trataba de campas al aire libre cerradas mediante vallado perimetral, de las que desaparecieron ocho turismos, un patrón concentrado que llevó a los investigadores a sospechar de una autoría común en los distintos robos.
El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro asumió la investigación y, a partir del análisis de los accesos forzados y de otras pruebas materiales, reunió indicios que apuntaban a la participación de dos personas en varios de los asaltos. Las gestiones permitieron identificar a una pareja que, presuntamente, había accedido a dos de las campas afectadas para apoderarse de los turismos y utilizarlos posteriormente.
Durante las pesquisas, los agentes constataron que los implicados cambiaban de forma reiterada las matrículas de los coches sustraídos, una maniobra dirigida a camuflar su origen y a dificultar su identificación en controles o mediante cámaras de vigilancia. Esa alteración sistemática de las placas sumó a la causa un presunto delito de falsificación documental. La colaboración de la Policía Local de Palma, que aportó datos relevantes, resultó determinante para localizar y recuperar siete de los ocho vehículos sustraídos.
La operación culminó con el despliegue de varios dispositivos que terminaron con la detención del hombre, señalado como presunto autor material de los hechos. Al margen de los robos con fuerza y de la sustracción de los vehículos, fue sorprendido conduciendo uno de los coches presuntamente robados pese a no disponer de permiso de conducir, lo que añadió a la causa un presunto delito contra la seguridad vial.
El atestado recoge, por tanto, una acumulación de posibles delitos: robo con fuerza en las cosas, robo de vehículos de motor, falsificación documental por la alteración de las matrículas y delito contra la seguridad vial por conducir sin la habilitación legal correspondiente. Corresponderá al juzgado de instrucción de guardia que reciba el atestado determinar la calificación jurídica definitiva de los hechos y decidir sobre la situación personal del detenido.
Del atestado al juzgado de guardia
De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el detenido pasa a la condición de investigado en el procedimiento que se incoe, sin que en esta fase quepa atribuirle responsabilidad penal alguna. Deberá ser el instructor quien, tras tomarle declaración con las garantías legales, resuelva si existen indicios suficientes para avanzar en la causa o si procede su archivo. En cuanto a la calificación, la conducción sin permiso está tipificada en el artículo 384 del Código Penal, mientras que la manipulación de placas de matrícula se persigue habitualmente como falsedad documental en concurso con el robo, una casuística asentada en los tribunales españoles.
Fuentes policiales han señalado que la investigación permanece abierta y que no se descartan nuevas detenciones, en referencia a la segunda persona identificada como posible partícipe en al menos dos de los robos. La Policía Nacional no ha precisado si esa segunda persona ha sido ya localizada o continúa sin ser hallada, ni ha facilitado la identidad del detenido ni si permanece en dependencias policiales o ha sido puesto a disposición judicial.
Los robos en campas de rent a car no son un fenómeno inédito en Baleares, un archipiélago con una densidad de flotas de alquiler elevada por el peso del turismo en la economía insular. El flujo de visitantes que recibe el destino cada temporada sostiene una demanda constante de vehículos de alquiler y convierte estas instalaciones, a menudo situadas en zonas periféricas con vigilancia limitada, en objetivo recurrente de sustracciones destinadas a la reventa, el desguace o el uso temporal.
La recuperación de siete de los ocho vehículos representa un resultado elevado, precisamente en un supuesto —la alteración de matrículas— que suele complicar el rastreo, ya que impide el cotejo automático mediante los sistemas de lectura de placas y obliga a la identificación por número de bastidor o por otros elementos del vehículo.
Ni las empresas de rent a car afectadas han confirmado si se personarán como acusación particular —un paso habitual en este tipo de causas para reclamar el resarcimiento de los daños y la depreciación de los vehículos recuperados—, ni el instructor ha trascendido fecha para la declaración del investigado. El desarrollo de la instrucción marcará los próximos pasos: esa declaración, la eventual citación de la segunda persona señalada por los agentes y la decisión judicial sobre si existen indicios suficientes para elevar la causa. Hasta entonces, la presunción de inocencia ampara al detenido respecto de todos los delitos que se le atribuyen.
