Los tres servicios dependen de la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad y funcionan mediante contratos de licitación pública con vigencia plurianual. Según la Conselleria, la renovación de esos contratos durante 2025 mejoró las condiciones de los anteriores y amplió la capacidad asistencial hasta absorber la demanda acumulada. El comunicado no aporta, sin embargo, la cifra de la lista de espera previa a esas licitaciones, dato que resultaría clave para dimensionar el alcance de la mejora anunciada.
El servicio de tratamiento psicológico para estudiantes víctimas de acoso y ciberacoso cuenta con un presupuesto de 234.650 euros para el periodo 2025-2027. El año pasado atendió a 150 alumnos —124 en Mallorca, 17 en Eivissa y 9 en Menorca— y en lo que va de 2026 ha atendido ya a 86 alumnos y a sus familias, un volumen que, de mantenerse el ritmo, se acercaría al total del ejercicio anterior antes de que concluya el año. El programa, según la Conselleria, no se limita a paliar los síntomas del acoso, sino que incorpora estrategias de prevención de futuras agresiones.
El servicio de prevención y tratamiento de la violencia filioparental —la ejercida por menores contra sus progenitores u otros familiares— dispone de 411.900 euros para el trienio 2025-2027 y contempla una ampliación de la plantilla de profesionales, además de un máximo de 2.520 sesiones individuales y 30 grupales. En 2025 atendió a 189 personas y 76 familias, con Mallorca concentrando 146 usuarios, frente a 25 en Menorca y 18 en Ibiza. En el arranque de 2026 ha atendido a 22 usuarios y sus respectivos núcleos familiares.
El programa de apoyo psicológico post-emergencia, dirigido a personas o familias que hayan sufrido una situación traumática grave y requieran intervención psicológica, es el de mayor dotación: 448.434 euros. En 2025 asistió a 242 personas —203 en Mallorca, 23 en Eivissa y 16 en Menorca— y prevé un máximo de 6.180 sesiones individuales y 60 grupales. En lo que va de 2026 ha atendido a 72 familias.
La directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, señaló que la protección de la infancia y la adolescencia es «una de las prioridades de este Govern, que sitúa a las personas más vulnerables en el centro de sus políticas, entre ellas a los menores que requieren de atención psicológica». La Conselleria no ha detallado si prevé publicar auditorías externas o informes de seguimiento que permitan verificar de forma independiente la ausencia de listas de espera durante todo el ejercicio 2026.
Más allá de estos tres servicios, el Govern mantiene el programa Alter, un dispositivo socioeducativo dirigido a alumnos matriculados en Educación Secundaria Obligatoria con problemas de conducta o riesgo de exclusión. Durante el curso pasado pasaron por él 339 alumnos, quince más que el curso anterior, distribuidos entre Mallorca (254), Eivissa (47), Menorca (35) y Formentera (3). El aumento respecto al ejercicio previo apunta a una demanda sostenida en los servicios de atención a menores con dificultades de adaptación escolar.
Un fenómeno que las administraciones llevan décadas intentando abordar
El acoso escolar es un problema que las administraciones educativas españolas llevan más de una década tratando de cuantificar de forma sistemática. El Defensor del Pueblo abordó la violencia escolar en su informe monográfico de 1999 y en su actualización de 2007, trabajos que documentaron la dificultad de detectar precozmente estos casos y la relevancia de contar con recursos de atención psicológica ágiles. La saturación de los servicios públicos de salud mental infantojuvenil ha sido, en ese sentido, una crítica recurrente de asociaciones de familias y colegios profesionales de psicología en toda España, no solo en Baleares.
El marco normativo balear en esta materia se apoya en la legislación autonómica de atención y protección a la infancia y la adolescencia y en los sucesivos planes contra el acoso escolar, que han ido incorporando protocolos de detección en los centros educativos y cauces de derivación hacia los servicios especializados de la Conselleria. La prestación de estos servicios mediante licitación pública, en lugar de gestión directa por la administración, es una fórmula habitual en los servicios sociales especializados de varias comunidades, si bien se le atribuye una posible variabilidad en la continuidad asistencial cuando cambian los adjudicatarios.
No constan, por el momento, valoraciones públicas de la oposición balear ni de asociaciones de familias sobre este anuncio concreto, más allá de la comunicación oficial. Tampoco se ha hecho público un desglose comparativo con los tiempos de espera medios de ejercicios anteriores a 2025, lo que impide contrastar con precisión la magnitud de la mejora. La ausencia de la cifra de partida en el comunicado limita la posibilidad de valorar el alcance real del cambio.
De cara a los próximos meses, el seguimiento de estos tres servicios dependerá de si el Govern publica memorias que permitan comprobar si la ausencia de lista de espera se mantiene conforme avance el curso escolar 2026-2027, periodo en el que tradicionalmente aumentan las derivaciones por casos de acoso detectados en los centros. La ejecución presupuestaria de los contratos, con vigencia hasta 2027 en dos de los tres casos, será asimismo un indicador a vigilar para valorar si los recursos comprometidos resultan suficientes ante un eventual repunte de la demanda.
