La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este martes en Ciudad de México un acto de homenaje a Hernán Cortés que derivó en una crisis diplomática formal entre España y México. La Embajada de México en Madrid emitió una nota verbal al Gobierno español pidiendo explicaciones sobre el carácter institucional de la visita, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por el silencio, una postura que generó malestar simultáneo en el PSOE y en el PP por razones opuestas.
La nota verbal y el marco competencial
La nota verbal es un instrumento de protocolo diplomático de menor rango que una protesta oficial pero de obligada respuesta para el Estado receptor, según los usos establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum —en funciones desde octubre de 2024, en continuidad con la línea de su predecesor Andrés Manuel López Obrador— centró su demanda en determinar si Ayuso actuaba como representante institucional del Estado español o a título de dirigente autonómica. La distinción tiene consecuencias jurídicas precisas: el artículo 149.1.3 de la Constitución española reserva en exclusiva al Estado la competencia en materia de relaciones exteriores, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido que los presidentes autonómicos realicen viajes de proyección internacional sin que ello implique ejercicio de esa competencia reservada.
El acto: traslado de la Catedral al Frontón de México
El evento estaba previsto originalmente en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, edificio erigido sobre el solar del antiguo recinto sagrado mexica y símbolo en sí mismo de la tensión histórica entre la civilización prehispánica y la colonización española. La Arquidiócesis de México canceló su participación, lo que obligó a trasladar el acto al Frontón de México, recinto de uso civil. El traslado no aplacó las protestas: organizaciones indígenas se concentraron en los aledaños para reclamar un reconocimiento formal de los daños causados por la conquista, en línea con la exigencia de disculpas históricas que el Gobierno mexicano mantiene vigente desde 2019.
Durante el acto, Ayuso recibió la Medalla de la Libertad del Congreso del estado de Aguascalientes y pronunció un discurso de cuarenta minutos en el que defendió que el mestizaje es «la mayor obra civilizadora de la historia de la humanidad», según el contenido comunicado por su gabinete. La presidenta madrileña se reunió asimismo con la alcaldesa de Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, en un encuentro cuyo contenido no fue detallado oficialmente por ninguna de las dos partes.
La tesis del mestizaje y su recepción
La formulación de Ayuso sobre el mestizaje como síntesis civilizadora tiene raíces en el pensamiento hispanoamericano del siglo XX —presente en autores como José Vasconcelos y su concepto de «raza cósmica», publicado en 1925— pero ha sido objeto de revisión historiográfica desde posiciones académicas que subrayan el carácter coercitivo del proceso colonial. Para los grupos indígenas que protestaron frente al Frontón de México, esa narrativa resulta incompatible con la demanda de reparación histórica. Varias instituciones académicas mexicanas han cuestionado públicamente ese enfoque por considerarlo una lectura que minimiza la violencia de la conquista, aunque ninguna de esas posiciones fue recogida en el discurso según el contenido comunicado.
Precedente: la crisis diplomática de 2019
La tensión entre Madrid y Ciudad de México no parte de cero. En marzo de 2019, López Obrador remitió sendas cartas al rey Felipe VI y al papa Francisco reclamando disculpas formales por los crímenes cometidos durante la conquista. El Gobierno español, entonces presidido también por Pedro Sánchez, rechazó la petición al considerar, según comunicó en su momento el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no procedía juzgar el pasado con los criterios del presente. El episodio dejó las relaciones bilaterales en un nivel de mínimos durante varios años. La llegada de Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024 no supuso una ruptura con esa línea reivindicativa, de modo que la visita de Ayuso se produjo en un contexto de relación bilateral aún no normalizada en sus dimensiones simbólicas e históricas.
Reacciones en España: PSOE, Podemos y el silencio de Moncloa
El PSOE exigió la comparecencia del embajador español en México ante las Cortes para explicar el alcance institucional de la visita. Podemos registró una proposición no de ley de repulsa en el Congreso de los Diputados. El PP, por su parte, sostuvo —según fuentes del partido— que Moncloa instrumentaliza políticamente el silencio para perjudicar a Ayuso sin asumir el coste de una declaración pública.
La coincidencia de críticas desde flancos ideológicamente opuestos ilustra la dificultad de la posición del Ejecutivo: responder a la nota verbal mexicana respaldando implícitamente el viaje supone asumir un coste diplomático con un país históricamente central en la política exterior española en América Latina; descalificarlo como acto autonómico sin cobertura estatal expone a Ayuso a la acusación de haber actuado al margen de los cauces constitucionales en materia de relaciones exteriores.
Plazos y consecuencias previsibles
El Gobierno español deberá responder a la nota verbal mexicana en un plazo que los usos diplomáticos fijan como razonable, sin que exista una fecha límite codificada en norma internacional. La respuesta determinará la naturaleza jurídica que Madrid atribuye al viaje y, con ello, el grado de responsabilidad estatal que asume o declina. Si califica la visita de acto de proyección autonómica sin competencias en política exterior, puede amortiguar el daño diplomático bilateral, pero abre un debate interno sobre los límites de la acción exterior de las comunidades autónomas que el Tribunal Constitucional ha delimitado, sin cerrar del todo, en sucesivas sentencias desde los años noventa.
Para Ayuso, el viaje funciona ya como argumento de proyección internacional en un momento en que el PP debate su liderazgo de cara a un eventual ciclo electoral. La gestión del episodio por parte de Moncloa determinará si el incidente queda en una crisis de baja intensidad —comparable a otras fricciones menores en la relación bilateral desde 2019— o escala a una perturbación más duradera en un eje de la política exterior española que, históricamente, ha basculado entre la cooperación estrecha y la tensión simbólica con México.
