La patrulla se dirigía hacia la localidad de Petacalco cuando fue interceptada, de acuerdo con el reporte oficial. Las autoridades de Guerrero no han precisado el número de agresores ni si se ha identificado a algún grupo delictivo como responsable del ataque, en una zona de la Costa Grande donde las disputas territoriales entre organizaciones criminales han derivado en violencia recurrente contra autoridades municipales y policiacas.
Dorantes Basurto fue alcalde de Coahuayutla entre 2009 y 2012, y antes de ese periodo se desempeñó como dirigente municipal del PRD. En la elección de 2024 volvió a competir por la alcaldía como candidato del sol azteca, sin resultar ganador. Posteriormente se incorporó a la administración municipal de La Unión de Isidoro Montes de Oca como subdirector de Seguridad Pública, cargo que ocupaba al momento de su muerte.
A casi 24 horas del homicidio, ni el ayuntamiento de Coahuayutla ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero se habían pronunciado públicamente sobre el caso, según lo reportado. La dirigencia estatal del PRD en Guerrero condenó el crimen y exigió al gobierno del estado y al federal una investigación seria y profunda. La dirigente perredista pidió que el caso no quede en la impunidad y solicitó que se garantice la seguridad de toda la población.
Una familia golpeada dos veces por la violencia
No es la primera vez que la familia Dorantes se ve afectada por hechos de violencia extrema. En 2015, en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, el propio Dorantes Basurto recuperó el cuerpo de su hijo, Junior Dorantes, secuestrado por uno de sus amigos. Según reportes de la prensa local de la época, los captores exigieron un rescate superior al millón de pesos y, ante la intervención de las autoridades, asesinaron al joven y lo enterraron de manera clandestina.
Ese episodio, ocurrido hace más de una década, había colocado ya a la familia en el centro de la violencia que atraviesa la Costa Grande y la Montaña de Guerrero, regiones donde el control territorial de distintos grupos criminales ha derivado en desplazamientos forzados, extorsiones y homicidios de autoridades locales. Guerrero ha figurado de manera constante entre las entidades con mayores tasas de homicidio doloso del país, según los registros que mensualmente publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por entidad federativa.
Bajo el marco normativo mexicano, corresponde a la Fiscalía General del Estado de Guerrero abrir la carpeta de investigación por los delitos que resulten, entre ellos el homicidio calificado, dada la modalidad de emboscada del ataque y la condición de servidor público de las víctimas. Cuando el móvil se relaciona con el ejercicio del cargo o con la delincuencia organizada, la legislación contempla la posible coadyuvancia de instancias federales, como la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependiendo de la competencia que se determine.
La carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas es una vía estratégica de comunicación entre Guerrero y Michoacán, señalada de forma reiterada por las autoridades de seguridad como corredor de disputa entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y a la extorsión. Hasta el momento no se ha reportado la intervención de fuerzas federales en las labores de investigación ni de búsqueda de los responsables del ataque.
La violencia contra autoridades municipales, exfuncionarios y policías locales se ha convertido en un fenómeno recurrente en Guerrero y en otras entidades como Michoacán, Chiapas y Tamaulipas, particularmente en torno a los procesos electorales. El caso de Coahuayutla se inscribe en una serie de agresiones contra cuadros municipales que, en los años recientes, han marcado la vida política de la Tierra Caliente y la Costa Grande, colindantes con Michoacán, sin que muchas de ellas hayan derivado en detenciones.
Como precedente cercano, el asesinato de Aidé Nava, candidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, en marzo de 2015, evidenció la exposición de los aspirantes y funcionarios municipales a la violencia armada en la entidad. Aquel crimen, ampliamente documentado por la prensa nacional, se sumó a una larga lista de ataques contra actores políticos locales que ha persistido a lo largo de distintas administraciones estatales.
Las próximas horas serán determinantes para conocer si la Fiscalía estatal emite un posicionamiento formal sobre las líneas de investigación, así como para precisar el estado de salud del agente herido, reportado como grave. Familiares y la dirigencia del PRD en Guerrero han insistido en que el caso reciba seguimiento tanto de las autoridades estatales como de las instancias federales de seguridad, ante lo que describen como un patrón de violencia no resuelto contra autoridades municipales en la entidad.