El anuncio, hecho durante el Simposio Industrial de Sostenibilidad, Energía y Agua del Sindicato de Industriales de Panamá, tiene una particularidad: se comunica con dos años de antelación un trámite que la ley obliga a ejecutar. Rodríguez Crespo insistió en que la ASEP no piensa esperar al último día para arrancar.
«Este proceso no comienza cuando se publica un pliego. Comienza mucho antes, estudiando, escuchando, evaluando lo que obviamente tenemos y definiendo las condiciones que necesitaremos para la próxima etapa», dijo Zelmar Rodríguez Crespo, administradora de la ASEP.
Lo que se pone en juego no es menor: el 51% de las acciones de tres empresas que atienden a más de 1.3 millones de clientes regulados del servicio público de electricidad. Edemet concentra la mayor cantidad con 599,925 clientes (44%), seguida por ENSA con 575,523 (42%) y Edechi con 187,979 (14%). El 49% restante, aclaró la administradora, seguirá en manos del Estado, un matiz que separa la licitación de una venta total de las distribuidoras.
La consultoría de $1.3 millones
El 11 de agosto la ASEP lanzó una licitación por mejor valor para contratar a la firma que acompañará el proceso, con un precio de referencia de $1.3 millones fijado tras comparar antecedentes históricos, ajustar por inflación y cotizar con doce firmas nacionales e internacionales del sector, según la información publicada en el portal de Panamá Compra. La funcionaria detalló que, en octubre de 2027, se hará la licitación, se atenderán los reclamos, la adjudicación y el refrendo de la Contraloría, todo antes de que finalicen las concesiones actuales para que los nuevos operadores comiencen a trabajar en octubre de 2028. Los plazos institucionales tienden a estirarse hasta el límite, como recordó el editorial que retrató un presupuesto que nadie presupuestó.
Mientras la ASEP arma su hoja de ruta, la Asamblea Nacional discute en la Comisión de Comercio el proyecto de ley 705, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 del 3 de febrero de 1997. Rodríguez Crespo separó los tiempos: la reforma no altera el cronograma de la licitación, aunque introduce como requisito formal una etapa de precalificación. «En la nueva ley establece la etapa de precalificación. Sin embargo, en la concesión anterior también se dio una precalificación. Solamente que en este momento se está poniendo a nivel de ley», dijo. Es decir, se codifica por escrito una práctica ya empleada en procesos anteriores.
Entre los objetivos de la reforma, la administradora destacó la electrificación rural como prioridad: obligar a las distribuidoras a llegar a las más de 58 mil familias panameñas que hoy no tienen electricidad porque quedan fuera del área de concesión. La reforma también busca devolver a las distribuidoras la obligación de comprar energía y potencia, un esquema que, según Rodríguez, existía «en un principio». La ASEP, agregó, ya exige mejoras a las empresas actuales al margen de la reforma legal: «No estamos dependiendo de la modificación de la ley para exigirle a las empresas de distribución que tienen que prestar un buen servicio.»
Las actuales concesionarias podrán volver a competir por sus propios contratos. «Actualmente la ley establece que ellos pueden participar», afirmó la funcionaria. Nada impide que Edemet, Edechi y ENSA vuelvan a ganar la licitación si su oferta resulta la mejor, un escenario que la propia legislación vigente contempla. Como en el debate de financiamiento y fiscalización que abrió el Tribunal Electoral, la letra pequeña de estos procesos suele pesar más que los titulares que los anuncian.
La ASEP debe convocar el proceso competitivo a más tardar el 21 de octubre de 2027, con la adjudicación y el refrendo de la Contraloría antes de que las concesiones actuales expiren el 21 de octubre de 2028, fecha en la que los operadores ganadores deberán estar ya en funcionamiento.