José Luis Mendoza, operador de una unidad de la Ruta 104 que recorre a diario el trayecto de la Caseta Vieja de Chalco al Metro Candelaria, en la Ciudad de México, conserva en el techo de su vagoneta un orificio provocado por una bala disparada por uno de los asaltantes durante un atraco colectivo. “Se subieron tres ese día y para asustar a los usuarios de que les entregaran sus pertenencias, uno de ellos disparó hacia arriba y le hizo un hoyo a la camioneta”, narró Mendoza, quien agregó que los asaltantes “jalan parejo con los pasajeros y con los conductores”. “Aquí uno se juega la vida todos los días porque los asaltos siguen”, lamentó el conductor.
Operadores de transporte concesionado y usuarios coinciden en que el tramo de la autopista México-Puebla que conecta Iztapalapa con los municipios mexiquenses de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz concentra buena parte de los atracos que afectan a esta vía federal, utilizada a diario por miles de trabajadores y estudiantes que se desplazan entre el oriente del Estado de México y la capital.
El hecho más grave documentado en los últimos meses ocurrió el 16 de julio pasado, cuando Alberto Sandoval, estudiante de 21 años de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue asesinado en un camión de transporte público que circulaba por la autopista, luego de resistirse a un asalto. Las autoridades reportan hasta ahora la captura de tres presuntos responsables del homicidio, sin que se haya informado sobre el estado procesal de la causa.
El modus operandi descrito por víctimas y transportistas es recurrente: los asaltantes suben a las unidades como pasajeros comunes en puntos específicos —la parada de La Virgen, en Iztapalapa; el puente de Tlapacoya; y los conocidos como Puente Blanco y Puente Rojo, en Valle de Chalco— y, ya en marcha, amenazan con armas de fuego a los ocupantes para despojarlos de celulares, audífonos y otros dispositivos electrónicos, además de efectivo. En varios episodios, según los testimonios, los delincuentes disparan al techo de las unidades para generar pánico y facilitar el despojo antes de descender en otro punto de la ruta y dispersarse por las calles de las comunidades mexiquenses o capitalinas colindantes.
Las cifras oficiales muestran una tendencia distinta a la percepción de quienes trabajan y viajan a diario por esa vía. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el robo en transporte público con violencia registró una caída de 36% a nivel estatal durante los primeros cinco meses de 2026 (enero-mayo) respecto al mismo periodo de 2025. La misma fuente indica que, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de este delito bajó alrededor de 46%, al pasar de un estimado de 14 atracos diarios a cerca de siete en las últimas semanas.
Entre la estadística y la calle
La distancia entre el registro oficial y la experiencia cotidiana tiene un componente metodológico conocido: las cifras del SESNSP se construyen con las denuncias formales presentadas ante las fiscalías, mientras que una parte de los asaltos a transporte público no se denuncia, por desconfianza en las autoridades, por la percepción de que el trámite no derivará en consecuencias o por temor a represalias, dado que los grupos delictivos suelen operar de forma reiterada en las mismas rutas y paradas.
La autopista México-Puebla es una vía de jurisdicción federal, lo que implica un esquema de seguridad compartido entre corporaciones. Autoridades municipales de Valle de Chalco han realizado operativos de disuasión en el tramo, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional, esta última con competencia en carreteras federales conforme a la Ley de la Guardia Nacional, vigente desde 2019, y a las reformas que la adscribieron a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022.
No obstante, según describen los propios transportistas, la presencia policial suele ser temporal y reactiva: se intensifica tras un hecho de alto impacto —como las revisiones que corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron en la autopista después del homicidio del estudiante de la UNAM en julio— pero disminuye conforme pasan los días sin que se repita un incidente de gravedad similar. “Hacen operativos los policías de los tres niveles de gobierno, pero sólo un rato nada más”, describió uno de los operadores consultados.
La inseguridad en el transporte del oriente de la Ciudad de México y la zona conurbada mexiquense no es un fenómeno reciente. Desde hace más de una década, corredores como la México-Puebla y otros tramos de conexión entre municipios densamente poblados del Estado de México y la capital han sido señalados de forma recurrente como puntos de concentración de asaltos, en parte por su función de enlace entre zonas habitacionales y centros de trabajo, y por la dificultad de mantener vigilancia continua en tramos carreteros de varios kilómetros.
Ante el asalto del martes pasado en la ruta Chalco-Pantitlán, ni el gobierno del Estado de México ni la Guardia Nacional han emitido hasta el momento un pronunciamiento específico sobre medidas adicionales para el tramo señalado por los transportistas. Tampoco se ha difundido un balance actualizado de los operativos realizados en la autopista desde el homicidio de julio, ni un cronograma de acciones conjuntas entre las corporaciones estatal, municipal y federal.
La discusión ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha destacado la reducción de delitos de alto impacto a escala nacional con base en los reportes mensuales del SESNSP, mientras usuarios del transporte público insisten en que la sensación de vulnerabilidad en rutas específicas no se corresponde con esas cifras agregadas. Cerrar la brecha entre la estadística y la percepción ciudadana en el tramo Iztapalapa-Chalco continúa como una tarea pendiente para las autoridades de seguridad de la zona conurbada, sin que hasta ahora se haya anunciado un despliegue permanente en la vía.