El episodio se destapó en octubre de 2025, cuando trascendió que miles de mujeres andaluzas no habían recibido a tiempo los resultados de sus mamografías dentro del programa público de detección precoz. La Junta reconoció entonces que necesitaría casi dos meses para subsanar el fallo y puso en marcha un plan de choque que incluía la incorporación de 4.000 profesionales sanitarios para agilizar los diagnósticos pendientes.
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, sostuvo esta semana que el balance del año transcurrido es positivo: aseguró que «casi todos» esos especialistas ya se han contratado, que se «han producido mejoras importantes» y que «se ha cumplido el 100%» de los compromisos adquiridos. El consejero presentó así la ejecución íntegra de las medidas anunciadas hace un año como el cierre de la crisis.
Claverol, al frente de Amama desde que la asociación sacó a la luz los fallos en la comunicación de las pruebas diagnósticas, discrepa frontalmente de ese balance. La presidenta cuestiona que el problema se haya resuelto y denuncia que la versión institucional ha servido, en la práctica, para desactivar la atención pública sobre el caso.
"No solo no se ha arreglado nada, sino que han conseguido tapar la realidad de lo que ha pasado", sostiene Ángela Claverol, presidenta de Amama.
Anabel Cano, una de las mujeres afectadas por la negligencia y uno de los rostros más visibles de la protesta ciudadana, describe un escenario dividido entre quienes han abandonado la lucha y quienes continúan reclamando responsabilidades. Cano increpó públicamente a Juan Manuel Moreno en noviembre de 2025 —«te voté y me has arruinado la vida», le dijo— y mantiene su reivindicación un año después.
"Algunas están rendidas, pero muchas seguimos luchando, por nuestras familias, por todas las mujeres, las que están, las que no están, que querían vivir, y las que vendrán. Seguiremos luchando para que esto se arregle y por la justicia", advierte Anabel Cano.
Amama presentó en noviembre de 2025 un total de 25 denuncias por fallos en el cribado y elevó a 4.000 el número de casos que, según la asociación, se vieron afectados por la deficiente comunicación de resultados. Esa cifra choca con el relato de normalización que, según Claverol, ha prevalecido en el discurso institucional durante los últimos meses.
El cribado poblacional de cáncer de mama forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud y, siguiendo las recomendaciones europeas, se dirige a las mujeres de entre 50 y 69 años mediante mamografías periódicas cuya detección precoz resulta determinante para la supervivencia. El retraso en la comunicación de pruebas con hallazgos sospechosos fue el núcleo del escándalo que zarandeó a la Administración sanitaria andaluza y mantuvo durante semanas al Ejecutivo autonómico en el centro del debate público.
Frente a la Junta, que da por cerrado el episodio con la contratación de refuerzos, Amama insiste en que la reparación real sigue pendiente. La asociación mantiene abierta la vía judicial con las denuncias presentadas, mientras Claverol resume el malestar de las afectadas: «Nos duele que la sociedad se crea que se ha arreglado el problema».
