El autor del proyecto, el concejal Rubén Torrado, sostuvo que cerca de cuatro millones de personas se verían afectadas con la medida y cuestionó los argumentos jurídicos con los que la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad respaldaron la objeción. Según Torrado, la administración considera que fijar el tiempo de transbordo no es competencia del cabildo.
"No podemos tener una ventana de transbordo más amplia porque el alcalde Galán, el jurídico de la Alcaldía y la secretaria de Movilidad dicen que les estamos quitando competencia: que el Concejo no es competente. ¡Así no es, alcalde, no siga cometiendo errores! La ciudad necesita un mandatario con compromiso. Un alcalde que esté en sintonía con las personas más necesitadas", declaró el concejal Rubén Torrado, autor del proyecto.
La justificación de la medida es que Bogotá enfrenta varias obras en corredores de alto tráfico, lo que ha alargado los trayectos y ha impedido que muchos usuarios alcancen a hacer el transbordo dentro del tiempo vigente, obligando a numerosas familias a pagar un pasaje adicional. El pulso entre el Ejecutivo local y el cabildo distrital por el reparto de competencias en materia de movilidad no es nuevo: la definición de parámetros operativos del sistema troncal ha enfrentado antes a la Alcaldía con el Concejo en distintas administraciones desde la creación de Transmilenio, en 2000.
Torrado defendió la pertinencia técnica de la ampliación con cifras que, según explicó, provienen de un análisis de la Subgerencia Económica de Transmilenio fechado en diciembre de 2024. De acuerdo con ese reporte, la velocidad promedio en hora pico de la mañana cayó de 26,8 km/h a 24,9 km/h entre 2023 y 2024, una reducción del 6,8 %, mientras que en la hora pico de la tarde bajó de 25,64 km/h a 23,8 km/h, un 7,7 % menos.
El concejal añadió que, con datos de la propia empresa, el reporte máximo de transbordo dentro del sistema pasó de 103,28 minutos en 2024 a unos 117,32 minutos en 2025, un incremento de 14,04 minutos que, según su lectura, refleja el impacto de los frentes de obra sobre los tiempos de desplazamiento de los usuarios del sistema integrado.
La discusión sobre el transporte público se suma a otros focos de tensión que la capital ha enfrentado en las últimas semanas, como la protesta que bloqueó los accesos a la Universidad Libre en Bogotá.
Con la objeción de la Alcaldía, el proyecto de acuerdo regresa al Concejo de Bogotá, donde la corporación deberá decidir si insiste en su texto original, lo modifica para atender los reparos jurídicos o lo archiva. De ese trámite depende si los cuatro millones de usuarios que Torrado dice representar obtienen la ventana ampliada de transbordo que reclama desde la plenaria del 23 de agosto.
