La cita del martes llega condicionada por los equilibrios parlamentarios que han marcado la tramitación. Sumar había amenazado con no acudir al Consejo de Ministros si el texto no entraba en el orden del día, mientras que Junts, que llevaba meses frenando cualquier avance, se ha mostrado dispuesto a aceptarlo tras la repercusión del caso Maricarmen. El Ministerio de Vivienda ha confirmado que el decreto entrará en esa reunión.
El Sindicato de Inquilinas, que este fin de semana llamó a instalar tiendas de campaña sin fecha de salida tras la marcha del sábado, reclama lo que ha bautizado como 'decreto Maricarmen': prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, congelación de las rentas vigentes, prórrogas generalizadas y renovación automática de los contratos. El sindicato ha detallado esas medidas en su plataforma, que exceden lo que hasta ahora se negociaba en el Ejecutivo.
La crisis que ha llevado a decenas de miles de personas a la calle se sostiene sobre cifras al alza. Un piso de alquiler obliga a pagar de media 1.176 euros al mes, frente a los 870 del arranque de 2020, según los estudios de Fotocasa e Infojobs; en Madrid la media alcanza los 2.000 euros por 100 metros cuadrados. El precio medio de compra ha pasado de 175.000 euros hace seis años a 292.000 actuales, un 67% más, y en Balears y Madrid el metro cuadrado supera los 5.000 euros. Los desahucios han descendido respecto a ejercicios anteriores, pero se ejecutaron más de 3.000 solo en el primer trimestre, la mayoría por impago de alquiler.
Neinor, Aedas y Metrovacesa, al margen del alquiler
Las medidas que se barajan no impactan por igual a todo el inmobiliario cotizado. Las promotoras —Neinor Homes, Aedas Homes y Metrovacesa— venden vivienda a particulares y su negocio depende del precio de venta y del ritmo de entregas, no del alquiler; una prohibición de desahucios apenas las afecta de forma directa. Lo que sí puede pesarles es cualquier norma que enfríe la demanda, encarezca el suelo o retrase la concesión de licencias.
Las SOCIMIs y los grandes tenedores de vivienda en alquiler afrontan un escenario distinto. La regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la congelación de rentas al estilo Nueva York o la renovación automática de contratos inciden de lleno en sus cuentas: un tope a los precios reduce ingresos y una prórroga forzosa alarga los plazos de recuperación de la inversión. Sociedades como Merlin Properties o Inmobiliaria Colonial, entre las mayores del sector, construyen su modelo sobre la renta recurrente de sus activos y llevan meses remitiendo Hechos Relevantes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante cualquier cambio normativo que pudiera afectarles.
La Ley de Vivienda aprobada en 2023 ofrece un antecedente que invita a la cautela sobre el efecto real de este tipo de normas. Solo Catalunya, Euskadi, Navarra, Asturias y algunos municipios de Galicia han activado los topes al alquiler que la ley permite, y en esas zonas las rentas han seguido siendo elevadas. Numerosos propietarios han recurrido a contratos de temporada o de habitaciones para eludir la regulación, la misma vía de escape que el nuevo decreto pretende cerrar.
El Ayuntamiento de Madrid se ha visto arrastrado a la polémica: la corporación municipal ha rechazado incluir la vivienda de Maricarmen en su programa Reviva por su hipoteca, después de que Urbagestión ofreciera la operación, lo que ha alimentado la indignación que rodea el caso.
El texto que se apruebe el martes determinará el alcance real de estas medidas sobre el sector cotizado. Si el decreto se limita a prorrogar contratos y prohibir desahucios sin alternativa habitacional, el impacto sobre SOCIMIs y promotoras podría quedar acotado; si incorpora una congelación de rentas vigentes al estilo del modelo neoyorquino, la reacción del inmobiliario cotizado sería de otra magnitud. La clave estará en la letra del Consejo de Ministros de este martes.
