El operativo se enmarca en las acciones que la Fuerza Armada ejecuta en coordinación con la PNC dentro del régimen de excepción, vigente de manera ininterrumpida desde marzo de 2022 y prorrogado por la Asamblea Legislativa mediante decretos que suspenden garantías constitucionales, como la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, y amplían el plazo de la detención administrativa.
Según la denuncia ciudadana retomada por las autoridades, Hernández Jiménez aparece en un video haciendo señas con las manos que se interpretan como alusivas a la MS-13. Merino Monroy detalló que el capturado registra antecedentes por los delitos de otras agresiones sexuales y amenazas, aunque no precisó si esos hechos derivaron en procesos penales concluidos, en trámite ante un juzgado o en denuncias previas sin judicializar.
El ministro utilizó su cuenta en la red social X para divulgar el operativo, acompañado de un video del momento de la captura. 'No vamos a permitir que nadie utilice los símbolos de las pandillas para desafiar a las autoridades o intimidar a la población. Todo aquel que insista en vincularse con estas estructuras tendrá que responder ante la justicia', afirmó el funcionario, en la línea que el Órgano Ejecutivo sostiene desde el inicio del régimen de excepción.
El marco legal que respalda la captura
Bajo el marco normativo vigente, la manifestación de señas o símbolos asociados a pandillas puede constituir un indicio para iniciar diligencias, en aplicación de la Ley de Proscripción de Pandillas, Maras, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, vigente desde 2010 y reformada en los últimos años para endurecer las penas por pertenencia, colaboración o financiamiento a estas estructuras. La MS-13 fue declarada organización terrorista por resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2015.
El caso se encuentra en fase inicial. Tras la entrega del detenido a la PNC, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar los cargos formales y presentar el requerimiento ante el juzgado de paz competente, que debe resolver dentro del plazo legal si decreta detención provisional, instrucción formal o alguna medida sustitutiva, conforme al Código Procesal Penal. No ha trascendido el número de referencia de la causa ni el juzgado que conocerá del proceso, datos que suelen hacerse públicos una vez formalizada la imputación.
La FGR, a cargo del fiscal general, no se ha pronunciado públicamente sobre este caso. Tampoco ha trascendido si la defensa técnica del capturado —que corresponde en primera instancia a la Procuraduría General de la República si no cuenta con abogado particular— ha tenido acceso al expediente o fijado una postura sobre los hechos imputados.
Las cifras y el debate sobre las detenciones
El régimen de excepción ha permitido, según cifras oficiales divulgadas por el Órgano Ejecutivo, la detención de más de 80,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y otras organizaciones han documentado también casos de personas liberadas tras comprobarse que no tenían vínculos con estructuras criminales, lo que ha alimentado un debate recurrente sobre los mecanismos de verificación previos a la judicialización.
Las capturas motivadas por denuncias ciudadanas en redes sociales se han vuelto recurrentes desde 2022, cuando la Fuerza Armada y la PNC comenzaron a recibir y verificar reportes de la población a través de líneas telefónicas y plataformas digitales. Las autoridades han defendido esta colaboración como parte de la estrategia de seguridad, mientras que organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de identificaciones erróneas basadas en videos sin verificación judicial previa.
El episodio recuerda la escala que alcanzó la violencia pandillera en el país: el fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022, con más de 80 homicidios registrados en tres días, precipitó la aprobación del régimen de excepción por la Asamblea Legislativa a solicitud del Órgano Ejecutivo. Desde entonces, la denominación oficial de la medida se ha mantenido en cada prórroga mensual.
El expediente de Hernández Jiménez deberá avanzar hacia la audiencia inicial, donde el juzgado de paz competente resolverá su situación jurídica con base en las pruebas que presente la FGR, entre ellas el video difundido en redes y los antecedentes que se le atribuyen. De confirmarse la vinculación a la MS-13, el caso podría trasladarse a los tribunales especializados contra el crimen organizado, competentes para conocer los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas conforme a la legislación vigente.
