De acuerdo con lo revelado por Cruz, el proceso de reordenamiento urbano que desembocaría en el desalojo de los vendedores instalados en calles y aceras de Soyapango habría avanzado sin que las autoridades municipales presentaran a los concejales un esquema claro sobre dónde y cómo se reubicaría a los comerciantes. El concejal sostuvo que la fecha fijada se acerca sin que existan garantías verificables de espacios alternativos, capital semilla o acompañamiento técnico para quienes dependen de esas ventas para su sustento.
Cruz también señaló, según lo planteado en la sesión, que no se habría presentado un censo actualizado y verificado de los vendedores que serían desalojados, lo que dificultaría dimensionar el impacto real de la medida sobre las cerca de 450 familias que él mismo cita como cifra preliminar. La ausencia de un registro consensuado entre autoridades municipales y afectados ha sido, históricamente, uno de los principales puntos de fricción en este tipo de intervenciones en el país.
El reordenamiento del comercio en las vías públicas de Soyapango se enmarca en una política más amplia orientada a recuperar espacios públicos ocupados por el comercio informal, aplicada con distintos grados de alcance en varias alcaldías. El reordenamiento del centro histórico de San Salvador, ejecutado en años previos, sirvió de referencia para otras localidades e incluyó la construcción de mercados y centros de acopio destinados a reubicar a los vendedores desplazados. La denuncia del edil pone en cuestión si ese modelo se estaría replicando con las mismas garantías en Soyapango.
El comercio informal constituye una porción determinante de la actividad económica salvadoreña, un fenómeno que explica por qué los procesos de reordenamiento urbano generan tensiones sociales recurrentes: para miles de familias, la venta ambulante o semifija representa la única fuente de ingresos ante las limitadas oportunidades de empleo formal. Ese peso estructural convierte cualquier desalojo masivo en un asunto que trasciende lo estrictamente urbanístico.
Un precedente con protestas en el centro capitalino
Un antecedente comparable se registró en 2015, cuando la alcaldía de San Salvador, bajo la gestión de Nayib Bukele, ejecutó el reordenamiento del centro histórico de la capital y desalojó a vendedores informales de las calles aledañas a la Plaza Libertad y la Catedral Metropolitana. Aquel proceso, que en su momento generó protestas y resistencia de sectores del comercio informal, fue acompañado por la construcción de mercados municipales y la reubicación parcial de comerciantes, aunque organizaciones sociales cuestionaron entonces la insuficiencia de los espacios ofrecidos frente a la magnitud del desalojo.
El marco legal que rige estos procesos remite al Código Municipal, que otorga a los concejos municipales la potestad de ordenar el uso de las vías y espacios públicos dentro de su jurisdicción, así como a las ordenanzas municipales específicas que cada alcaldía puede emitir para regular el comercio en la vía pública. Estas normativas, no obstante, no siempre incluyen mecanismos obligatorios de consulta previa o compensación económica para los comerciantes desplazados, lo que deja un margen de discrecionalidad considerable a las autoridades locales.
La denuncia se produce en un contexto en el que la fracción legislativa del FMLN mantiene una presencia minoritaria en la Asamblea Legislativa tras los últimos comicios, lo que limita su capacidad de incidencia directa sobre políticas del Órgano Ejecutivo, pero no sobre la fiscalización que ediles de oposición pueden ejercer dentro de los concejos municipales donde conservan representación, como es el caso de San Salvador Este.
Hasta el momento no se ha registrado una respuesta pública detallada por parte de la alcaldía de San Salvador Este ni de las autoridades responsables directas del proceso en Soyapango sobre las observaciones planteadas por Cruz.
De cara a las próximas semanas, el punto central a observar será si la alcaldía de San Salvador Este presenta, antes del 20 de septiembre, un plan formal de reubicación con espacios concretos, plazos y mecanismos de acompañamiento para las familias afectadas, o si el desalojo se ejecuta sin ese componente. En ese escenario se reabriría el debate sobre los límites entre el ordenamiento del espacio público y la protección de los medios de vida de los sectores que dependen de la economía informal.
