El fenómeno no es exclusivo de El Salvador, pero cobra relevancia en un país cuya matriz energética se compone principalmente de fuentes geotérmicas, hidroeléctricas y térmicas, y donde el acceso a electricidad confiable y asequible sigue siendo materia de política pública. La regulación del sector recae en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), que fiscaliza las tarifas y el suministro conforme al marco vigente desde la reforma de los años noventa.
Cuatro pautas para reducir el gasto
De acuerdo con las publicaciones especializadas, los expertos consultados plantean al menos cuatro recomendaciones prácticas para quienes utilizan chatbots con inteligencia artificial de forma habitual. La primera consiste en limitar la longitud y complejidad de las consultas: entre más extensa y detallada sea una solicitud, mayor es el procesamiento computacional requerido y, por tanto, el consumo energético asociado.
La segunda apunta a evitar la generación repetitiva de contenido, como pedir múltiples variaciones de una misma imagen o texto cuando no es estrictamente necesario. Cada regeneración implica un nuevo ciclo de cómputo en los servidores que alojan estos modelos, la mayoría ubicados fuera del territorio centroamericano, en centros de datos de EE.UU., Europa o Asia operados por las propias empresas tecnológicas.
La tercera se refiere al horario de uso. Algunos especialistas señalan que utilizar estas herramientas en franjas donde la demanda energética global es menor podría, en teoría, aliviar la presión sobre las redes que abastecen a los centros de datos, aunque ese efecto depende de la infraestructura de cada proveedor y no está uniformemente documentado.
La cuarta consiste en optar por modelos de inteligencia artificial más livianos o especializados en tareas puntuales, en lugar de recurrir siempre a los sistemas más avanzados y de mayor capacidad, que por su tamaño requieren más energía para funcionar. Esta práctica, según los expertos, permitiría reducir la huella energética sin sacrificar de forma significativa la utilidad de la herramienta para tareas cotidianas.
El debate no es nuevo en el plano internacional, pero adquiere una dimensión particular en economías como la salvadoreña. Empresas tecnológicas como Google, propietaria de Gemini, y OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, han reconocido en sus reportes de sostenibilidad el aumento del consumo energético asociado al entrenamiento y operación de sus modelos de lenguaje, y han anunciado inversiones en energías renovables para compensar parte de esa huella. Ninguna de las dos firmas mantiene oficinas de representación directa en el país, por lo que la relación de los usuarios salvadoreños con estas plataformas se da exclusivamente a través de internet.
En el plano institucional, el Órgano Ejecutivo ha impulsado en años recientes proyectos de energía renovable, incluidas plantas solares y geotérmicas, orientados a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y estabilizar las tarifas para hogares y comercios. La SIGET, por su parte, mantiene la fiscalización del sector, aunque el marco regulatorio vigente no contempla disposiciones específicas sobre el gasto energético de los servicios digitales.
Un precedente relevante en la historia energética del país se remonta a la crisis de suministro eléctrico de la década de 1990, cuando la privatización de la distribución buscó modernizar una red con deficiencias estructurales arrastradas desde el conflicto armado. Aquel proceso, aún debatido por sus efectos en las tarifas, dejó como legado el marco regulatorio que hoy administra la SIGET y que deberá adaptarse a los nuevos patrones de consumo derivados de la digitalización.
En el plano legislativo, la Asamblea Legislativa no ha discutido públicamente una normativa específica sobre el consumo energético de servicios de inteligencia artificial. Ese vacío contrasta con la creciente adopción de estas herramientas en sectores como la educación, la banca y la administración pública, y con los primeros marcos que otros países de la región han comenzado a explorar para regular centros de datos y tecnologías emergentes.
De cara a los próximos meses, especialistas en tecnología y sostenibilidad anticipan que el debate sobre el costo energético de la inteligencia artificial se intensificará conforme más instituciones públicas y privadas incorporen estas herramientas en sus procesos internos. La discusión sobre si el país necesita una hoja de ruta específica para regular el impacto ambiental de la digitalización permanece abierta y dependerá, en buena medida, de la agenda que defina el Órgano Ejecutivo en materia de transición energética.
