El MEF se comprometió a identificar la fuente de financiamiento y a gestionar los recursos necesarios para completar los pagos hasta finales de año, según explicó Navarro. La fórmula acordada no representa una partida nueva del Presupuesto General del Estado, sino una reubicación de recursos existentes entre instituciones, una vía que permite atender urgencias de tesorería sin necesidad de una ley de crédito adicional. A cambio, la universidad se compromete a aplicar medidas para reducir el gasto y mejorar el manejo de sus recursos.
Navarro explicó que la gestión ante la Asamblea Nacional comenzaría esta misma semana y que, de incluirse con rapidez en la agenda de la Comisión de Presupuesto, el dinero podría estar disponible aproximadamente una semana después de su aprobación. Mientras el traslado no reciba el visto bueno legislativo, la planilla universitaria seguirá sujeta a la misma incertidumbre que motivó la negociación con el MEF.
El rector estimó en unos $30 millones los recursos necesarios para completar el pago de salarios hasta finales de año, una cifra que da dimensión al problema de liquidez de la Unachi, una de las principales universidades estatales del interior del país junto a la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. La institución mantiene actualmente una planilla de cerca de 2,000 funcionarios entre personal docente y administrativo.
Reducción de sobresueldos y direcciones duplicadas
El respaldo financiero del MEF no llega sin condiciones. Navarro presentó un plan que contempla disminuir sobresueldos y gastos de representación, eliminar direcciones y subdirecciones con funciones duplicadas, y revisar mediante auditoría las acreditaciones otorgadas durante la última semana de la administración anterior. Según el rector, la universidad cuenta con alrededor de 60 direcciones, de las cuales varias serán suprimidas, aunque no precisó un número exacto.
La figura de las subdirecciones también entrará en revisión. Navarro señaló que esa estructura no existía anteriormente en la Unachi y que, en algunos casos, sus titulares reciben sobresueldos similares a los de los directores. La revisión buscará determinar cuáles de esas posiciones se mantienen y cuáles se eliminan como parte del ajuste.
El propio rector se puso como ejemplo del recorte: dijo que su sobresueldo, actualmente de unos $3,000, podría reducirse aproximadamente a la mitad, una rebaja que se aplicaría también a las autoridades que permanezcan en sus cargos, entre ellas los vicerrectores y directores. Navarro calcula que el conjunto de estas medidas —reducción de sobresueldos, desvinculación de personal eventual y eliminación de direcciones— permitiría ahorrar aproximadamente $1.2 millones en lo que resta de 2026 y unos $3 millones anuales si se mantienen durante el próximo ejercicio.
Un capítulo adicional del plan atiende a los funcionarios en condición de jubilarse. Navarro identificó a unas 100 personas en esa situación, aunque reconoció que la universidad carece de mecanismos para obligarlas a retirarse. Su propuesta consiste en incentivar esas salidas y destinar las partidas correspondientes a pagar de forma progresiva las primas de antigüedad que la institución mantiene pendientes con su personal, un pasivo que suele acumularse en las entidades estatales cuando el gasto corriente absorbe la mayor parte del presupuesto disponible.
La situación de la Unachi se inscribe en un patrón más amplio de tensión fiscal en el sector público panameño, donde la fiscalización del gasto ha cobrado protagonismo en los últimos meses. El contralor devolvió sin refrendo un contrato de $268.5 millones del Ministerio de Educación, un episodio que ilustra el nivel de escrutinio que enfrentan los compromisos financieros de las instituciones educativas estatales ante el MEF y la Contraloría General.
La negociación entre la Unachi y el MEF también expone un problema estructural que trasciende a esta universidad: la dependencia de traslados de partidas para cubrir obligaciones salariales recurrentes, en lugar de una planificación que anticipe esos costos desde la formulación anual del Presupuesto General del Estado. De repetirse en otras vistas presupuestarias, ese patrón obligaría a la Asamblea Nacional a intervenir de manera reactiva ante situaciones similares en el resto del sistema universitario público.
La revisión de las acreditaciones y la auditoría de las designaciones hechas al final de la administración anterior colocan además un componente de control interno sobre el acuerdo. Navarro planteó revisar esas acreditaciones y realizar una auditoría sobre las designaciones, medida que se suma al recorte de la estructura administrativa como contraparte del respaldo del MEF.
El destino inmediato del acuerdo depende de la Comisión de Presupuesto, que deberá decidir si incorpora el traslado de partidas en su agenda con la celeridad que el rector espera. Según Navarro, la gestión ante la Asamblea comenzaría esta semana y, aprobado el traslado, el dinero podría estar disponible aproximadamente una semana después.