Santorini es, según las cifras que maneja el propio Ayuntamiento de la isla, uno de los destinos más presionados por el turismo de todo el Mediterráneo: con apenas 15.500 habitantes censados, recibe cerca de tres millones de visitantes al año, casi doscientos por residente. Esa desproporción llevó a las autoridades a aplicar, desde 2025, un límite diario de 8.000 cruceristas y una tasa de 20 euros por desembarco durante la temporada alta, en un intento de contener la masificación sin renunciar a los ingresos del turismo de crucero.
Durante años, el reparto entre los dos puertos funcionó sin norma escrita: la mayoría de los cruceros fondeaban frente a Fira, la capital, y los pasajeros accedían a ella en teleférico, a pie o en mula, mientras que Athinios recibía sobre todo el tráfico de ferris. Ese modelo, según ha explicado a ABC el alcalde de Santorini, Nikos Zorzos, beneficiaba al comercio local de Fira y generaba ingresos para la entidad que gestiona el teleférico, fondos que se reinvertían en proyectos para las comunidades de la isla.
El equilibrio se rompió con la crisis sísmica de 2025, que obligó al cierre temporal del puerto de Fira y forzó a que todos los cruceros atracaran en Athinios durante meses. Cuando el puerto de Fira volvió a operar, en mayo de 2026, las compañías navieras habían adoptado ya el hábito de desembarcar a la mayoría de los pasajeros en Athinios, una práctica que, según Zorzos, se consolidó «sin la aprobación del Ayuntamiento ni la Autoridad Portuaria municipal».
Para ordenar esa situación de facto, la Autoridad Portuaria aprobó la regulación que fija el reparto en un 70% para Fira y un 30% para Athinios, una proporción que, según el alcalde, se aproxima a la que existía antes de los terremotos, aunque entonces sin respaldo normativo. Zorzos sostiene que la medida «está funcionando de forma satisfactoria» y matiza que, en la práctica, la distribución real de visitantes se acerca a un 50%-50%, porque buena parte de los cruceristas que desembarcan en Fira terminan desplazándose después hasta Athinios.
La nueva norma ha puesto en pie de guerra a una parte del sector turístico, especialmente a las empresas de autocares y agencias de excursiones, que la consideran un perjuicio directo para su actividad. A principios del verano de 2026 convocaron una huelga de 24 horas que obligó a cancelar todas las escalas previstas para esa jornada y dejó a unas 8.000 personas sin poder desembarcar en la isla durante el parón.
Manolis Koroniós, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Autobuses de Santorini, ha señalado a ABC que la regulación ha reducido las reservas de excursiones organizadas y ha deteriorado la experiencia de los pasajeros, que deben soportar largas colas para acceder al teleférico en Fira y caminar más de un kilómetro hasta el aparcamiento de los autobuses turísticos. «Como consecuencia de ese retraso, pierden tiempo de su visita», ha afirmado.
Koroniós propone diferenciar entre los cruceristas que recorren la isla por libre y los que han contratado una excursión organizada, de manera que estos últimos puedan desembarcar directamente en Athinios para acceder al autobús sin pasar por Fira. Pese al malestar del sector, no se han convocado nuevas huelgas durante el resto del verano, según ha explicado el propio Koroniós, que ha insistido en que la prioridad es «el bienestar de los visitantes» y en que se mantiene el diálogo con las autoridades para encontrar una salida que no perjudique la actividad económica de la isla.
Frente a esa posición, los empresarios hoteleros y de hostelería defienden una lectura distinta. Durante el cierre de Fira, las compañías de cruceros, ferris y autocares comprobaron que operar desde Athinios les permitía un mayor control sobre los desplazamientos de los pasajeros, un modelo que a su juicio convierte a Santorini en un «mero centro de tránsito», incrementa la presión sobre la isla y aporta un menor beneficio económico al concentrar el gasto lejos del tejido comercial tradicional de la capital.
El debate se inscribe en una tendencia más amplia que afecta a varios destinos mediterráneos e insulares. Venecia introdujo en 2024 una tasa de acceso para visitantes de un día, y otros enclaves como Dubrovnik o las islas Baleares han explorado fórmulas de limitación de aforos o de escalas de crucero para contener la masificación sin renunciar por completo a sus ingresos turísticos.
La Autoridad Portuaria de Santorini se apoya en las competencias que la legislación griega otorga a las autoridades portuarias locales para regular el tráfico marítimo y turístico en sus instalaciones, en coordinación con los ayuntamientos. Ese modelo de gobernanza compartida ha sido puesto a prueba en los últimos años precisamente por episodios como la crisis sísmica de 2025 y sus consecuencias sobre la infraestructura portuaria.
A falta de nuevas convocatorias de huelga, la situación permanece a la espera de que las conversaciones entre la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y las asociaciones empresariales desemboquen en ajustes al reparto actual, previsiblemente antes de la temporada alta de 2027, cuando la afluencia de cruceros volverá a poner a prueba tanto la capacidad de los puertos como el consenso de un sector dividido sobre cuál es el modelo más sostenible para una isla que, con 15.500 habitantes, sigue absorbiendo cerca de tres millones de visitantes al año.
