El incidente se suma a una serie de episodios de violencia armada que golpean de forma recurrente al departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador que ha sido escenario de disputas territoriales entre grupos armados por el control de rutas usadas para el narcotráfico y economías ilícitas asociadas a los cultivos de coca. La vía Panamericana, corredor que atraviesa el suroeste colombiano y conecta con territorio ecuatoriano, ha sido blanco reiterado de acciones armadas atribuidas a estructuras disidentes de las FARC.
Tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, la antigua guerrilla se fragmentó en distintas facciones que rechazaron el proceso de desmovilización o retomaron las armas posteriormente. El Estado Mayor Central, al que las autoridades atribuyen el ataque de este lunes, es una de esas disidencias y, según ha reportado en ocasiones anteriores el propio Ministerio de Defensa, opera con presencia en varios departamentos del sur y suroccidente del país, entre ellos Nariño, Cauca y Putumayo.
El uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en esa región no es un fenómeno nuevo. Colombia ha figurado durante años entre los países con mayor número de víctimas por este tipo de artefactos en América Latina, según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), entidad estatal encargada de coordinar la respuesta humanitaria frente a este flagelo.
El Ministerio de Defensa no ha precisado hasta el momento si el ataque se enmarca en operativos militares específicos contra el Estado Mayor Central o si se trató de una acción aislada de esa estructura contra una patrulla en desplazamiento por la zona. Tampoco se han difundido detalles sobre la identidad del militar fallecido ni sobre el estado de salud de los dos heridos, en una zona rural de difícil acceso donde la verificación independiente suele tomar varios días.
Un paralelismo con Chapultepec
Para la región centroamericana, y particularmente para El Salvador, el conflicto armado colombiano guarda un paralelismo histórico con el propio proceso de pacificación salvadoreño. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en enero de 1992 entre el Órgano Ejecutivo salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pusieron fin a más de una década de guerra civil y sirvieron después como referencia para procesos de negociación en otros países de la región, incluido el colombiano.
La diferencia sustancial radica en que, mientras en El Salvador la desmovilización del FMLN se consolidó de forma definitiva y sin fragmentaciones armadas posteriores, en Colombia persisten estructuras disidentes que no se acogieron al acuerdo de 2016 o que se rearmaron tras firmarlo. Esa persistencia ha mantenido activos episodios de violencia como el ocurrido este lunes en Nariño.
Las autoridades colombianas han insistido en años recientes en que el control territorial de corredores como la vía Panamericana en Nariño resulta clave tanto para la movilidad de civiles como para las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, en un departamento que, según reportes previos de organismos internacionales, concentra una proporción significativa de los cultivos de coca del país.
El caso se produce en un contexto de atención creciente sobre la seguridad fronteriza entre Colombia y Ecuador, país que en los últimos años ha reforzado su presencia militar en su lado de la frontera ante el temor de que la violencia asociada a estas estructuras armadas se traslade a su territorio.
La persistencia de estas disidencias representa uno de los principales desafíos para la llamada «paz total», la política de negociación con múltiples grupos armados impulsada por el Órgano Ejecutivo colombiano, cuyos resultados han sido objeto de valoraciones dispares entre distintos sectores políticos dentro del propio Congreso de Colombia.
Hasta el momento no se ha reportado una reacción del Estado Mayor Central sobre su presunta responsabilidad en el ataque de Puente Mayo, ni declaraciones adicionales de otras autoridades colombianas más allá del comunicado inicial del Ministerio de Defensa. La cartera no ha ampliado información sobre las circunstancias exactas del hecho.
En los próximos días se espera que las autoridades militares y judiciales adelanten las tareas de verificación en la zona y precisen la identidad de la víctima, así como el estado de los dos militares heridos, en un proceso que en episodios similares suele prolongarse por las condiciones de acceso al terreno.
