Dos promociones, un mismo modelo de tenencia
Las 167 viviendas —80 en Son Ferragut y 87 en Camp Redó— se destinarán íntegramente al alquiler a precio limitado, con rentas reguladas conforme a la normativa de vivienda del Govern de les Illes Balears. Los pisos, según detalló el consistorio, tendrán entre uno y tres dormitorios, lo que permite acoger tanto a personas solas como a unidades familiares. El proyecto lleva la firma del estudio de Mangado, autor del Palacio de Congresos de Palma, una elección que el propio Ayuntamiento presentó como una apuesta por la calidad de diseño en un segmento habitualmente asociado a soluciones más funcionales.
El reparto por perfiles constituye uno de los elementos que el consistorio quiso subrayar: al menos el 50% de las viviendas se reservará para menores de 35 años, un 30% para mayores de 65 y un 20% para familias monoparentales. Se trata de una fórmula de discriminación positiva hacia colectivos que suelen encontrar mayores dificultades para acceder a una renta estable en el mercado libre. «De este modo, se contribuye a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos que encuentran mayores dificultades, ampliando y reforzando el carácter social de estas promociones», destacó Martínez.
Cláusulas para blindar al inquilino frente a costes ocultos
Más allá del reparto de perfiles, el Ayuntamiento incorporó cláusulas específicas de protección al arrendatario mediante una adenda firmada con Locare. La más relevante es que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correrá íntegramente a cargo de la entidad propietaria, sin repercusión sobre el inquilino, pese a que la normativa permite trasladar ese coste. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 admite, en efecto, pactar en el contrato que los gastos generales y tributos imputables al inmueble sean asumidos por el arrendatario, práctica extendida en el alquiler libre que aquí queda expresamente descartada.
La adenda añade que todos los gastos de mantenimiento y servicios comunes estarán sujetos a una limitación de precio y deberán quedar «perfectamente definidos» desde el momento de la firma de cada contrato. Es una previsión relevante porque en promociones de renta regulada la revisión posterior de gastos comunes o la repercusión fiscal han erosionado en ocasiones el ahorro nominal de la renta protegida. Martínez enmarcó el conjunto como un ejemplo de colaboración público-privada: «Hablamos de un proyecto que demuestra el valor de la colaboración público-privada cuando existe un objetivo compartido: ofrecer más vivienda asequible a los ciudadanos y con las mejores garantías».
El mecanismo: suelo municipal y explotación regulada
La fórmula palmesana se apoya en la cesión de suelo municipal a una entidad que construye y explota el alquiler regulado durante un periodo determinado, un esquema recogido en la legislación de contratos y patrimonio de las administraciones. El acceso a las viviendas quedará sujeto a los baremos de vivienda protegida que fija el Govern balear, que determinan requisitos de renta y de arraigo para los solicitantes. La combinación de cesión de suelo público con explotación privada del alquiler ha sido una de las vías empleadas en España para movilizar parque asequible sin que la Administración asuma directamente la promoción.
Un antecedente con luces y sombras
La colaboración público-privada sobre suelo municipal para vivienda protegida no es nueva en España. Los grandes planes de vivienda de las décadas de 1980 y 1990, y más tarde las operaciones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid o del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, ensayaron modelos de cesión de suelo y concesión administrativa con resultados desiguales. Algunas de aquellas experiencias derivaron en polémica cuando promociones públicas acabaron transferidas a fondos de inversión, un antecedente que explica el énfasis actual en cláusulas que fijan por escrito costes y garantías para el inquilino desde la firma.
La segunda fase: 807 viviendas en siete solares
El alcalde recordó que estas dos promociones constituyen la primera fase del Plan Municipal de Vivienda, que tendrá continuidad con una segunda destinada a impulsar otras 807 viviendas de alquiler a precio limitado repartidas en siete solares municipales. Esas actuaciones irán acompañadas de nuevos equipamientos que, según el consistorio, responden a reivindicaciones vecinales de los barrios afectados. La suma de ambas fases situaría el objetivo del plan próximo al millar de viviendas de renta regulada.
No obstante, ni el calendario de ejecución de esa segunda fase ni su financiación específica fueron detallados en el acto. Su desarrollo dependerá de la disponibilidad presupuestaria municipal y de los plazos de tramitación urbanística, sujetos a los tiempos de licencias y de adjudicación que marca la Ley de Contratos del Sector Público. Tampoco se comunicaron el coste total de la inversión ni las fechas de entrega de las 167 viviendas de la primera fase.
El simbolismo institucional según el arquitecto
Patxi Mangado destacó el «especial valor simbólico» del acto, al entender que «explica que existe un compromiso y que se le da la importancia institucional» que merece la construcción de vivienda protegida y asequible. La vivienda social ha recibido tradicionalmente menor atención arquitectónica que los grandes equipamientos culturales, por lo que el consistorio presentó la implicación de un arquitecto de proyección internacional como un gesto de dignificación del segmento.
Qué queda por confirmar
Los próximos hitos serán la ejecución de las obras en Son Ferragut y Camp Redó, la adjudicación definitiva de las viviendas conforme a los baremos autonómicos y la fijación de un calendario de entrega, que el consistorio no precisó con fechas concretas en la colocación de la primera piedra. La puesta en marcha de la segunda fase con las 807 viviendas anunciadas será el elemento decisivo para valorar el alcance real del plan. El material disponible procede de una única fuente informativa, por lo que conviene mantener cautela sobre plazos, coste total y financiación hasta que el Ayuntamiento de Palma difunda documentación oficial detallada.
