Sánchez centró buena parte de su intervención en defender el marco legal aplicado durante la crisis. "Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema", afirmó el presidente, quien sostuvo que la fortaleza institucional se demuestra en sentido contrario: "cuando resuelve un problema sin saltarse la ley". La frase buscaba responder a las críticas de la oposición sobre la lentitud de los retornos y a las denuncias surgidas en torno a un informe que señala la actuación de agentes marroquíes durante los sucesos fronterizos.
El origen de la crisis se remonta a la entrada de más de 80.000 personas en un lapso de apenas dos días, un episodio sin precedentes recientes en la frontera sur de la Unión Europea por su magnitud y concentración temporal. Ceuta, con algo más de 84.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, se vio desbordada por un flujo migratorio que estuvo a punto de duplicar su población de forma súbita, generando una situación humanitaria y de seguridad que obligó a una respuesta coordinada entre Madrid y Rabat.
Según relató Sánchez ante la Cámara, la cooperación con Marruecos resultó determinante para revertir la situación. El presidente afirmó que sin la colaboración de las autoridades marroquíes "hubiera sido imposible" gestionar el retorno de quienes cruzaron de forma irregular. De acuerdo con los datos aportados por el jefe del Ejecutivo, en menos de 24 horas se logró el regreso de 50.000 personas, cifra que ascendió a unas 63.000 setenta y dos horas después, lo que supondría más del 90% del total de quienes habían entrado en territorio ceutí durante esos dos días de julio. Sánchez calificó la operación como "uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizados en la historia reciente de Europa".
El presidente insistió en que la celeridad no puede ir en detrimento de las garantías legales que exige el ordenamiento español y europeo en materia de extranjería y protección internacional. "Antes de expulsar a un ser humano hay que verificar quién es", señaló, recordando que el procedimiento obliga a comprobar la procedencia de cada persona y descartar que provenga de un país en conflicto armado, circunstancia que activaría mecanismos de protección subsidiaria contemplados en la Ley de Asilo y en la normativa comunitaria.
En el caso de los menores no acompañados, Sánchez subrayó que el protocolo exige constatar que exista "un hogar seguro al que regresar", un requisito derivado tanto de la legislación española de protección de la infancia como de convenios internacionales suscritos por España, entre ellos la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. Esta verificación, reconoció el presidente, es uno de los factores que más ralentiza los procesos de retorno, ya que requiere coordinación consular y, en ocasiones, la intervención de servicios sociales en los países de origen.
El propio Sánchez admitió que el proceso global "lleva su tiempo, más del que nos gustaría", una frase que refleja la presión política a la que se ha visto sometido el Ejecutivo desde finales de julio, tanto por parte de la oposición como de sectores sociales movilizados. Esa presión se materializó la víspera de la comparecencia, cuando concentraciones convocadas en apoyo a la ciudad autónoma derivaron en altercados frente al Congreso que obligaron a la intervención policial.
El pulso con el PP y el informe sobre agentes marroquíes
La petición de comparecencia, cursada de forma simultánea por el Gobierno y por el PP, evidencia el consenso formal sobre la necesidad de que el presidente rindiera cuentas ante la Cámara, aunque no despeja las discrepancias de fondo. Los populares han cuestionado los tiempos de reacción inicial y las circunstancias del informe que apunta a la implicación de agentes marroquíes en la gestión del cruce fronterizo, un documento que ha añadido una capa de complejidad diplomática al episodio y que las comisiones parlamentarias de Interior y Exteriores prevén seguir examinando.
El marco competencial de este tipo de crisis se rige por la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería, y sus sucesivas reformas, así como por la normativa europea de asilo y migración, que establece criterios de reparto de responsabilidad entre Estados miembros. Ceuta y Melilla, como fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, constituyen puntos especialmente sensibles en la aplicación de este marco y han sido escenario de episodios similares en el pasado.
El precedente más cercano es la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta en menos de 48 horas en el contexto de una crisis diplomática entre España y Marruecos. La comparación resulta inevitable: si en 2021 la tensión con Rabat fue el detonante de la entrada masiva, en 2026 Sánchez ha presentado la colaboración marroquí como la clave que permitió revertir la situación en cuestión de días. Esa diferencia en el papel de Marruecos ilustra hasta qué punto la gestión de la frontera sur depende de la relación bilateral, articulada mediante acuerdos de cooperación migratoria y de seguridad renovados desde la firma del primer convenio de readmisión en 1992.
De cara a los próximos meses, la comparecencia de Sánchez no cierra el debate parlamentario sobre lo ocurrido en Ceuta. Está previsto que las comisiones de Interior y de Exteriores del Congreso continúen fiscalizando tanto el contenido del informe sobre la actuación de agentes marroquíes como el balance definitivo de los retornos, incluyendo el porcentaje de personas que finalmente obtuvieron algún tipo de protección internacional frente a las que fueron devueltas a sus países de origen. El Defensor del Pueblo y organizaciones humanitarias han anunciado que seguirán de cerca el respeto a las garantías procedimentales en los casos pendientes de resolución.
