La proposición no de ley registrada por el PP plantea, entre otras medidas, el «retorno inmediato de todos los que entraron de forma irregular en la ciudad, sean menores o adultos». En el caso de los menores, el texto propone su devolución «a sus familias o a los servicios sociales de Marruecos», que, según trasladó la propia formación, «los está esperando». Gamarra sostuvo que el episodio no debe abordarse como un fenómeno migratorio ordinario: «No es una crisis migratoria, es una crisis de soberanía, una crisis de integridad territorial», declaró al presentar el plan que, en sus palabras, busca «recuperar la normalidad en Ceuta».
La condición fronteriza de Ceuta —uno de los dos únicos puntos de contacto terrestre entre la Unión Europea y el continente africano junto con Melilla— la ha convertido históricamente en un enclave sensible en la relación bilateral entre España y Marruecos. El precedente más comparable es el de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron la frontera ceutí en apenas 48 horas, en pleno choque diplomático entre Rabat y Madrid por la acogida en España del líder del Frente Polisario. Aquella crisis se saldó con retornos acelerados a Marruecos y una prolongada tensión entre ambos gobiernos.
El marco jurídico del retorno de menores
La gestión de estas situaciones se sustenta en la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y en el acuerdo bilateral de readmisión suscrito con Marruecos en 1992. El retorno de menores no acompañados está sujeto, sin embargo, a garantías reforzadas derivadas de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y de los protocolos de identificación y determinación de la edad, que priman el interés superior del menor y exigen resoluciones individualizadas. Ese marco introduce una complejidad añadida a cualquier propuesta de retorno masivo e indiferenciado como la planteada por el PP.
Ceuta y Melilla carecen de competencias plenas en materia de extranjería, que corresponde en exclusiva al Estado. Esa singularidad competencial ha generado en episodios anteriores reproches similares a los que ahora plantea Vivas sobre la insuficiencia de la coordinación entre administraciones. El presidente ceutí acusó al Ejecutivo central de no haber ofrecido una «respuesta adecuada» ante la saturación de los recursos locales y advirtió de que, si en treinta días no se produce una mejora sustancial, recurrirá al poder judicial, sin precisar por el momento ante qué instancia ni con qué fundamento jurídico plantearía la acción.
Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, reconoció la magnitud del episodio, al que se refirió como «una crisis humanitaria absolutamente excepcional», pero negó que exista un abandono institucional de la ciudad autónoma. «Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento», declaró. En la misma línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se desplazó este lunes hasta Ceuta para supervisar sobre el terreno el dispositivo de atención humanitaria desplegado y reunirse con Vivas.
El fenómeno se enmarca en la relación bilateral con Marruecos, país con el que España mantiene una agenda compartida que incluye pesca, comercio, seguridad y la cuestión del Sáhara Occidental. Los episodios de entradas masivas han coincidido en el pasado con momentos de tensión diplomática, aunque en esta ocasión ninguna de las partes comparecientes ha vinculado explícitamente lo ocurrido a un cambio de postura de Rabat en el control de su frontera norte.
La respuesta española a estas crisis se inserta además en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado por la Unión Europea en 2024, cuya aplicación efectiva en las fronteras exteriores del sur de Europa sigue siendo objeto de debate entre los Estados miembros. El Gobierno ha defendido en ocasiones anteriores que la respuesta debe combinar la atención humanitaria inmediata con cauces de cooperación europea y bilateral.
La proposición no de ley del PP deberá seguir el trámite parlamentario ordinario en el Congreso: calificación por la Mesa de la Cámara, eventual debate en Pleno o comisión y una votación cuyo resultado dependerá de los apoyos que logre reunir entre el resto de grupos. Al tratarse de una PNL, su aprobación no tendría carácter vinculante para el Ejecutivo, sino el valor de un mandato político sin efectos jurídicos directos.
En los próximos días se prevé que continúen las comparecencias de miembros del Gobierno y representantes autonómicos para detallar el balance de las semanas transcurridas desde el 30 y 31 de julio y la evolución del dispositivo de acogida. El plazo de treinta días anunciado por Vivas marca el horizonte a partir del cual la ciudad autónoma podría judicializar su reclamación si considera que la situación no ha mejorado.
