La convocatoria formal activa el mecanismo reglamentario por el cual las comisiones fijarán fecha y hora para la comparecencia de los tres ministros. El Reglamento del Senado faculta a las comisiones para reclamar la presencia de miembros del Gobierno, un deber que el artículo 110 de la Constitución impone al Ejecutivo, aunque en la práctica su cumplimiento ha sido fuente de fricciones recurrentes entre Gobierno y oposición cuando esta última controla la Cámara alta.
El Ejecutivo ha trasladado que Marlaska, Robles y Albares no acudirán a las citas fijadas por el Senado al entender que constituyen una duplicidad con las comparecencias que los propios ministros han registrado por iniciativa propia en el Congreso de los Diputados para finales de agosto. Desde el lado gubernamental se sostiene que informar dos veces sobre los mismos hechos ante cámaras distintas en un margen de pocas semanas no aporta valor añadido al control parlamentario.
El Partido Popular, que ostenta la mayoría en el Senado, defiende que la Cámara alta tiene competencias propias de control al Ejecutivo que no pueden subordinarse al calendario del Congreso. Fuentes del grupo popular sostienen que la crisis en Ceuta justifica la comparecencia inmediata de los responsables de Interior, Defensa y Exteriores, y no una comparecencia diferida semanas después de los hechos. Por ese motivo, pese a la negativa del Gobierno, las solicitudes siguen vigentes para mantener vivo el debate en el Senado.
La crisis a la que se refieren ambas cámaras tiene su origen en una entrada masiva de personas migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta, que ha generado además un episodio de fricción con Italia. El Gobierno de Roma, que preside Giorgia Meloni, introdujo controles a los viajeros procedentes de España en aeropuertos y puertos italianos tras lo sucedido en la ciudad autónoma, una medida a la que España respondió, ante la negativa italiana a levantarla, imponiendo la misma restricción a quienes llegan desde Italia, en una escalada bilateral inusual entre dos socios de la Unión Europea y del espacio Schengen.
Meloni y Frederiksen reclaman centros de deportación
En paralelo a la controversia parlamentaria española, Meloni y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, publicaron este lunes un comunicado conjunto en el que rechazan lo que califican de «inmigración descontrolada» hacia Europa y reclaman la creación de centros de deportación en terceros países. El texto afirma que ambos gobiernos «no aceptamos la inmigración descontrolada a Europa» y reivindica haber promovido «una política de inmigración rigurosa» tanto a escala nacional como comunitaria.
La propuesta de externalizar la gestión de retornos a países terceros no es nueva. Italia firmó en 2023 un protocolo con Albania para habilitar centros de procesamiento de solicitantes de asilo en territorio albanés, un modelo que ha sido objeto de escrutinio judicial ante la justicia europea por su compatibilidad con el derecho comunitario de asilo. Dinamarca, por su parte, mantiene desde hace años una de las políticas migratorias más restrictivas de la Unión Europea y llegó a explorar acuerdos con Ruanda que finalmente no se materializaron.
El choque entre Madrid y Roma por los controles fronterizos se produce en un contexto de tensión más amplia dentro de la Unión Europea sobre el reparto de responsabilidades migratorias. El Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2024 y con aplicación prevista para 2026, establece un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros —mediante reubicación de solicitantes de asilo, contribuciones financieras o apoyo operativo—, fórmula que ha dividido a los países del sur de Europa, más expuestos a las llegadas por mar, y a los del norte y el este, reticentes a asumir cuotas.
El precedente más cercano de fricción institucional similar se remonta a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando la entrada masiva de personas a nado y a través del espigón de El Tarajal en Ceuta, coincidiendo con la tensión diplomática con Marruecos por el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, provocó comparecencias de varios ministros ante el Congreso y el Senado. Aquel episodio evidenció la dificultad de coordinar respuestas parlamentarias ágiles ante crisis que combinan dimensión interna y diplomática.
El desenlace inmediato de la controversia pasa por dos vías paralelas: la fijación de fecha concreta para las comparecencias en el Senado, que la Mesa deberá comunicar a los ministros en los próximos días, y la determinación de si el Gobierno mantiene su negativa a acudir, lo que abriría la discusión sobre el alcance del deber constitucional de comparecencia entre ambas cámaras. En el plano europeo, la propuesta de centros de deportación en terceros países que defienden Meloni y Frederiksen deberá abordarse en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión, donde el Gobierno español no ha respaldado hasta la fecha esa fórmula de externalización.
