La orden instruye a los organismos federales a emplear la sigla «SI» en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar «IA» e «inteligencia artificial». El Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología quedó encargado de proponer una definición oficial del término y de determinar qué nuevas acciones ejecutivas se requerirían para aplicarla en la práctica administrativa.
La Casa Blanca enmarcó la decisión dentro de una estrategia para acelerar el uso de sistemas avanzados en investigación científica, medicina, energía e industria. Como parte de esa misma campaña, Trump anunció una renovación de los servicios federales en línea apoyados por esta tecnología, con el objetivo de que los usuarios puedan realizar trámites como solicitar pasaportes o acceder a prestaciones públicas de forma más ágil.
El anuncio se produjo tras un almuerzo de trabajo en la Casa Blanca con los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial y tecnología del país, centrado en el desarrollo de estos sistemas, su seguridad y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos. Al término del encuentro, Trump firmó junto a Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia) un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la IA.
Ese pacto contempla controles internos para vigilar las capacidades y el comportamiento de los modelos —en particular frente a riesgos como ciberataques—, además de evaluaciones de riesgos y revisiones externas. La iniciativa se produce en medio de un debate creciente sobre el impacto de los centros de datos en las comunidades donde se instalan y sobre los riesgos de los sistemas más avanzados, después de que las propias compañías del sector advirtieran sobre la necesidad de reforzar las salvaguardas.
Frente a esas advertencias, Trump ha rechazado la imposición de controles estrictos y defiende que Estados Unidos debe mantener el liderazgo tecnológico frente a China. La orden ejecutiva llega a seis semanas de unas legislativas en las que el mandatario y el Partido Republicano se juegan su escasa mayoría en el Congreso, un contexto que añade lectura política al esfuerzo por proyectar una imagen favorable de la industria.
La orden ejecutiva es el instrumento con el que el presidente estadounidense dirige la actuación de las agencias del Órgano Ejecutivo sin necesidad de aval del Congreso, aunque puede ser revertida por su sucesor o impugnada en los tribunales. Su alcance en este caso se limita, de momento, al vocabulario oficial y a la elaboración de una definición federal, sin fijar nuevas obligaciones regulatorias sobre las empresas del sector.
El giro terminológico se inscribe en la política tecnológica de una administración que, en paralelo, ha marcado la agenda internacional con otras decisiones, como cuando Trump afirmó ante la ONU que Irán perdió casi toda su capacidad militar. El Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología deberá ahora proponer la definición oficial de «superinteligencia» y las acciones ejecutivas adicionales para aplicarla.