El Real Decreto-Ley 8/2026, que prorrogaba dos años los contratos de alquiler y limitaba las subidas al 2%, fue rechazado por el Congreso de los Diputados el 28 de abril con 177 votos en contra, suma que reunió a PP, Vox y Junts. La derrota parlamentaria deja sin efecto las medidas previstas para 1,2 millones de inquilinos y ha desatado una disputa abierta dentro del Gobierno de coalición: Sumar reclama volver a presentar el texto de inmediato, mientras el PSOE exige negociar previamente los apoyos necesarios, en particular el de Junts, que condiciona cualquier acuerdo a redactar un decreto completamente nuevo que respete las competencias autonómicas en materia de vivienda.
El choque dentro de la coalición
La fractura no es menor. En un Ejecutivo que depende de mayorías parlamentarias construidas caso a caso, el desacuerdo entre los dos socios de Gobierno sobre el procedimiento a seguir paraliza la acción legislativa en uno de los frentes de mayor presión ciudadana. Sumar, socio minoritario de la coalición, defiende la urgencia de reactivar la protección a los arrendatarios sin demora; Ferraz, la sede del PSOE, antepone la viabilidad política a la inmediatez, argumentando que repetir la votación sin haber asegurado los votos suficientes abocaría a una segunda derrota con idéntico resultado.
Por qué importa: la aritmética del Congreso
Un decreto-ley, instrumento que el Gobierno puede aprobar en Consejo de Ministros pero que debe ser convalidado por el Congreso en un plazo de treinta días, exige mayoría simple en la votación de ratificación. El rechazo del 28 de abril pone de manifiesto que el bloque de investidura que sostuvo a Pedro Sánchez en enero de 2020 no actúa de forma cohesionada en todas las materias. Junts, formación con representación parlamentaria decisiva en los equilibrios actuales, votó junto a PP y Vox contra el decreto, lo que convierte su posición en un factor determinante para cualquier intento de aprobación futura.
La posición de Junts: un texto desde cero
La formación que lidera Carles Puigdemont no solo ha rechazado el decreto vigente sino que ha fijado una condición de fondo: el nuevo texto debe repartir de otra manera las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en política de vivienda. La Constitución de 1978 y el desarrollo estatutario posterior han situado la vivienda como una competencia predominantemente autonómica, aunque el Estado puede intervenir mediante legislación básica y medidas de emergencia. La tensión entre ambos niveles de gobierno ha sido recurrente desde la aprobación de la Ley de Vivienda de 2023, que estableció por primera vez índices de contención de precios de aplicación estatal, y que fue también objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de varias comunidades autónomas.
Los inquilinos, en el limbo
Mientras la disputa política continúa, las medidas previstas por el decreto —prórroga de dos años de los contratos vigentes y límite del 2% en las subidas de renta— no están en vigor. Los 1,2 millones de inquilinos a los que el Gobierno destinaba esa protección quedan sujetos al marco general del mercado del alquiler, sin las salvaguardas que el decreto pretendía introducir. El mercado residencial en España ha registrado subidas sostenidas de precios en los últimos años, con especial intensidad en grandes capitales y zonas turísticas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España.
Precedentes de decretos rechazados
El rechazo parlamentario de decretos-ley no es un hecho inédito en la democracia española, pero sí relativamente excepcional hasta la presente legislatura, en la que la fragmentación parlamentaria ha multiplicado los episodios de convalidaciones fallidas. Cada rechazo obliga al Ejecutivo a evaluar si reformula la norma como proyecto de ley —procedimiento más largo, con tramitación en comisión y posibilidad de enmiendas—, si negocia un nuevo decreto con distinto contenido, o si asume la imposibilidad temporal de legislar en esa materia. Ninguna de las tres vías es neutra en términos de tiempo ni de coste político.
Las posiciones, en síntesis
Sumar defiende que la urgencia social justifica la reapresentación inmediata del decreto sin cambios sustanciales en su articulado. El PSOE prioriza la negociación previa con Junts para no asumir una segunda derrota que agravaría el desgaste del Ejecutivo. Junts exige un texto de nueva planta que redistribuya competencias. PP y Vox, que votaron en contra, no han manifestado disposición a cambiar su posición en función de modificaciones del texto. La ecuación parlamentaria, tal como quedó dibujada el 28 de abril, no ofrece un camino sencillo para ninguna de las partes.
Lo que viene: negociación o impasse
El desenlace de este conflicto dependerá, en la práctica, de si PSOE y Junts son capaces de acordar un marco competencial que la formación independentista considere aceptable sin que el resultado contradiga los objetivos declarados por el ala izquierda del Gobierno. Si esa negociación prospera, el Ejecutivo debería aprobar un nuevo decreto en Consejo de Ministros y someterlo a convalidación en un Congreso en el que cada votación se convierte en un examen de la geometría variable que sostiene la legislatura. Si fracasa, la vivienda quedará instalada como uno de los vectores de desgaste más visibles de una coalición que lleva meses gestionando sus contradicciones internas en público.
