Ortega Barría explicó ante los diputados que la Senacyt necesita $80.1 millones para sostener su operación actual, por lo que solicitó $17.1 millones adicionales a la cifra recomendada por el MEF. De ese monto, $14.1 millones se destinarían a financiar los centros de investigación para evitar despidos y el posible cierre de algunos de ellos, mientras que los otros $3 millones cubrirían los segundos desembolsos de becas ya adjudicadas en 2026.
La reducción golpearía directamente a los centros que la Senacyt impulsa mediante Asociaciones de Interés Público (AIP), un esquema que agrupa a 19 entidades y del que dependen, según la institución, más de 300 investigadores y estudiantes. Entre los casos más severos figuran el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps-AIP) y el Centro de Investigación Educativa (Ciedu-AIP), que pasarían de recibir $1 millón cada uno en 2026 a no tener recursos asignados en la recomendación para 2027. Otros centros del ecosistema enfrentarían recortes superiores al 70%.
Ivonne Torres Atencio, presidenta de la comunidad científica de Panamá, señaló que el recorte comprometería la sostenibilidad del sistema de investigación, ya que parte del financiamiento institucional de las AIP proviene de la Senacyt. Aunque estos centros pueden generar recursos propios mediante servicios y proyectos nacionales e internacionales, explicó que algunos cargos de investigadores y otros costos institucionales dependen del financiamiento de la entidad.
"Es preocupante porque está atentando contra la estabilidad o la sostenibilidad del sistema", afirmó Ivonne Torres Atencio, presidenta de la comunidad científica de Panamá.
Torres Atencio agregó que la reducción de recursos ocurre en el mismo momento en que se asignan a la Senacyt nuevas responsabilidades en materia de inteligencia artificial, que incluyen la formación de recurso humano y el fortalecimiento de las AIP. A su juicio, sin fondos suficientes para nuevas convocatorias de investigación, se limita también la capacidad de los centros para sostenerse y desarrollar esas áreas estratégicas.
Entre las consecuencias que Ortega Barría planteó ante la Comisión de Presupuesto están los despidos de investigadores y estudiantes, la reducción del número de becarios, un menor apoyo a emprendimientos tecnológicos y la suspensión de nuevas convocatorias de investigación y desarrollo. La reducción también limitaría la incorporación de nuevos investigadores al Sistema Nacional de Investigación (SNI), que en 2026 contabilizó 247 investigadores activos.
Semiconductores e inteligencia artificial en riesgo
Las áreas afectadas abarcan biomedicina, vacunas, biotecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, biodiversidad, oceanografía, agricultura, metrología y educación. La Senacyt identifica además riesgos para proyectos de infraestructura científica, entre ellos el desarrollo de capacidades en semiconductores e inteligencia artificial, así como iniciativas vinculadas con el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat AIP), el Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (Cipac-AIP) y Coiba AIP, Estación Científica Coiba.
La entidad sostiene que, de los $80.1 millones que requiere para 2027, el 88% corresponde a inversión —principalmente en investigación, becas e infraestructura científica— mientras que el 12% restante se destina al funcionamiento administrativo. Ese peso de la inversión explica por qué un recorte porcentual en el presupuesto total puede traducirse en una afectación mucho mayor sobre los programas de investigación propiamente dichos.
Las becas también quedan comprometidas. Para 2027, la Senacyt proyecta 927 becarios, entre 497 nuevos y 430 de continuidad, además de 72 tesis y 71 movilidades o estancias internacionales. Uno de los programas previstos, el Centro de Especialidades Agropecuarias (Ceagro), contempla 100 nuevos becarios en 2027 hasta sumar 200 en total. En 2026, la institución había otorgado 167 becas para licenciatura, maestría y doctorado.
La agenda de investigación prevista para 2027 también quedaría bajo presión. La entidad plantea desarrollar 52 nuevos proyectos de investigación y desarrollo, dar continuidad a otros 26, elaborar 10 documentos técnicos para políticas públicas y ejecutar 10 proyectos regionales. Entre las iniciativas anunciadas figuran un Centro Nacional de Inteligencia Artificial Aplicada, la capacitación de 300 personas en esa tecnología, dos espacios de prueba y acciones relacionadas con semiconductores y tecnología aeroespacial.
El Instituto Gorgas también recortado
En el área de salud, la hoja de ruta de la Senacyt incluye un Atlas Epidemiológico de Cáncer, un Registro Nacional de Cáncer, un Banco de Tejidos Oncológicos y una Red Nacional de Ensayos Clínicos, mientras la entidad señala que el cáncer representó el 17% de las muertes registradas en Panamá en 2024. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), otra pieza del sistema científico nacional, enfrenta igualmente una reducción: el MEF planteó $21.5 millones para 2027, $5.8 millones menos de los $27.3 millones solicitados por el instituto, una diferencia cercana al 21%. La propuesta, además, deja en cero los fondos para electricidad y reduce de $1.17 millones a $146,000 la partida destinada a insumos médicos.
El debate presupuestario en la Asamblea se produce mientras el país impulsa iniciativas de infraestructura y competitividad en otros frentes, como lo evidenció la Expo Capac 2026, donde el gremio de la construcción pidió agilizar trámites y elevar el agua a política de Estado. Los recortes a la ciencia no son inéditos en la historia presupuestaria panameña: la Senacyt, creada en 1997 y elevada a secretaría con rango de ministerio en 2005, ha operado durante casi tres décadas con asignaciones muy por debajo del 1% del producto interno bruto que la comunidad científica reclama como meta.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional deberá evaluar ahora la solicitud adicional de $17.1 millones presentada por la Senacyt para 2027, dentro de las vistas presupuestarias que definirán el monto final asignado a la entidad antes de que el proyecto continúe su trámite legislativo.