La llamada del presidente gallego se produce mientras el Gobierno central ha activado un plan de choque económico dotado con 309 millones de euros que se desplegará hasta diciembre de este año, con el objetivo de reforzar los servicios públicos y la capacidad de acogida de la ciudad. La ciudad autónoma ha sido en las últimas semanas escenario de tensiones vinculadas a la presión migratoria y a la gestión de recursos entre las administraciones implicadas.
En Galicia, la crisis ha trascendido su dimensión territorial para convertirse en materia de disputa partidista. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) acusó de «racista» a la conselleira de Política Social de la Xunta en relación con el tratamiento del asunto, una descalificación de las más duras cruzadas entre ambas formaciones en la presente legislatura autonómica.
El PSdeG, por su parte, señaló que el Partido Popular de Galicia (PPdeG) «se alegra» de la situación generada en torno a Ceuta. La afirmación apunta a un terreno de confrontación en el que la crisis de la ciudad se incorpora al desgaste político mutuo entre las formaciones gallegas.
Al reclamar participación ciudadana en las concentraciones de apoyo, Rueda desmarcó su intervención del cruce de acusaciones entre BNG y PSdeG, situándose en un plano de solidaridad institucional hacia Ceuta sin entrar a valorar las imputaciones. Desde el Gobierno gallego se ha defendido en otras ocasiones que sus políticas sociales se ajustan a los marcos de igualdad y no discriminación vigentes, entre ellos la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, aprobada por las Cortes Generales.
Un estatuto propio y dependencia del Estado
El marco competencial de esta polémica remite a la disposición constitucional que habilitó el régimen singular de Ceuta y Melilla, cuyo estatuto de autonomía se aprobó por la Ley Orgánica 1/1995. A diferencia de las comunidades autónomas, ambas ciudades cuentan con competencias más limitadas y dependen en mayor medida de la financiación y el respaldo del Gobierno central para afrontar situaciones de emergencia social o migratoria, lo que explica la centralidad del Estado en cualquier respuesta de choque.
Ceuta, con una población en torno a los 83.000 habitantes según el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE), constituye un enclave en el estrecho de Gibraltar y frontera exterior de la Unión Europea con el continente africano. Esa condición explica que cualquier crisis en la ciudad tenga repercusión inmediata en el debate nacional sobre migración, seguridad fronteriza y relaciones con Marruecos.
El plan de choque de 309 millones anunciado por el Ejecutivo se enmarca en una batería de medidas que en el pasado ya se han empleado en Ceuta y Melilla ante episodios de presión fronteriza. El referente más citado es la crisis de mayo de 2021, cuando la llegada masiva de personas desde Marruecos —miles en pocas horas— motivó la movilización del Ejército y ayudas extraordinarias del Estado, en un contexto de contencioso diplomático de fondo entre Madrid y Rabat.
Aquel episodio de 2021 resulta ilustrativo también en el plano político: generó un intenso debate partidista en el conjunto de España sobre la gestión migratoria, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno central y las oposiciones autonómicas y nacionales. El patrón guarda paralelismos con el que ahora se reproduce en Galicia, donde una crisis de alcance estatal se traslada al terreno de la confrontación autonómica.
La utilización de asuntos de dimensión estatal en las disputas de ámbito autonómico es un rasgo recurrente del sistema de partidos español desde la Transición, cuando el modelo de descentralización consolidado con la Constitución de 1978 fue configurando arenas políticas paralelas en las que los mismos debates se libran a escala nacional y territorial de forma simultánea.
El desarrollo de las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta, a las que Rueda instó a sumarse, se perfila como el próximo hito visible. Paralelamente, el plan de choque gubernamental de 309 millones deberá ejecutarse en los próximos meses, hasta diciembre, bajo el escrutinio de las administraciones implicadas y de unas formaciones políticas que ya han incorporado la crisis a su pulso partidista.
