Empecemos por lo obvio, que casi siempre es lo que se nos olvida decir en voz alta: esto es una buena noticia. No hay ironía posible contra una investigadora que decidió que su trabajo académico saliera de la academia, ni contra una comunidad indígena que documentó con sus propios términos —y sus propios niños con cámaras análogas— cómo cuida un territorio que el resto del país solo menciona cuando hay incendios o deforestación en los titulares. Dicho esto, permítanme el vicio del columnista: mirarle los dientes al caballo regalado.
Según describe la propia autora, 'Raíces invisibles' es un ecosistema transmedia que combina documental, web interactiva, seis mapas sonoros construidos junto con la comunidad y un archivo visual infantil, fruto de talleres de dibujo y fotografía análoga con niñas y niños del resguardo. La palabra que más repite Hernández Escobar en sus declaraciones es 'co-creativa'. El proyecto, sostiene, «no se trató de extraer información, sino de construir conocimiento junto a la comunidad, reconociendo que ellos son los principales narradores y guardianes de su propio territorio». Es un lenguaje que ya no sorprende a quien sigue de cerca la cooperación ambiental colombiana, pero que sigue sonando, en cada nueva iniciativa, como una promesa que todavía estamos aprendiendo a cumplir sin condescendencia.
Porque ahí está el nudo, el que ninguna plataforma interactiva resuelve del todo: ¿quién cuenta la historia de quién? La familia Carihuasari lidera, según el material divulgado, iniciativas comunitarias para proteger las playas de anidación frente a la caza ilegal y el tráfico de especies. Ese trabajo existía antes de que llegara una investigadora con maestría, y seguirá existiendo cuando la página web deje de tener visitas. La pregunta legítima, la que cualquier lector debería hacerse, es si el formato transmedia amplifica esa labor o si, sin querer, la convierte en insumo de consumo cultural urbano: bonito, compartible y a las tres semanas olvidado en el fondo de una carpeta de marcadores.
No tengo respuesta definitiva, y sospecho que nadie la tiene todavía, porque el proyecto es reciente y su impacto real —si cambia algo en la protección efectiva de las playas, si atrae recursos, si influye en política pública amazónica— solo se mide con años, no con clics. Lo que sí puede decirse es que la metodología descrita rompe con un vicio histórico de la investigación ambiental en Colombia: la costumbre de estudiar comunidades como objeto y no como sujeto. Fue el resguardo, según relata la magíster, el que decidió qué lugares registrar, qué historias contar y cuáles sonidos, paisajes y memorias integrar.
De la etnografía extractiva a la negociada
El precedente que viene a la cabeza es más viejo de lo que parece: la tradición de la etnografía colaborativa que en Colombia tiene raíces en el trabajo de antropólogos como Gerardo Reichel-Dolmatoff con comunidades indígenas del Amazonas y la Sierra Nevada desde mediados del siglo pasado. Aquellas investigaciones, pioneras en su momento, también prometían devolverle la voz a las comunidades estudiadas, y con los años recibieron críticas justas por seguir filtrando el conocimiento indígena a través de la mirada del investigador. La diferencia hoy, si el relato de Hernández Escobar se sostiene, es que las familias del resguardo decidieron el rumbo del registro. Eso no es un matiz menor: es, potencialmente, el salto de la etnografía extractiva a la etnografía negociada.
Vale la pena el contexto, porque esto no nace de la nada. Colombia lleva décadas exportando su Amazonia como narrativa —de «pulmón del mundo» a «reserva de biodiversidad»— sin que esa retórica se traduzca necesariamente en protección sobre el terreno. La deforestación amazónica ha persistido pese a los acuerdos de paz de 2016, que prometían pacificar también el territorio; la desmovilización de las FARC no vació la selva de actores armados ni de economías ilegales, entre ellas el tráfico de fauna que hoy amenaza a las tortugas que protege la familia Carihuasari. En ese marco, un mapa sonoro construido con la comunidad es, como mínimo, un gesto de dignidad narrativa. Como máximo, ojalá, una semilla de algo más duradero.
Seamos serios con las cifras que sí existen y las que no. El material disponible no precisa financiación, presupuesto ni si hubo recursos públicos —de Minciencias, de cooperación internacional— detrás del proyecto, ni si existe un convenio con la Universidad Nacional más allá del respaldo académico a la tesis. Sin esos datos, cualquier columna que pretenda evaluar el costo-beneficio de la iniciativa estaría inventando números que no constan. Lo que sí puede afirmarse, porque así lo describe la investigadora, es que se registraron los sonidos del amanecer y de la noche, los recorridos por el llamado Viejo Bosque y las jornadas de liberación de tortugas, y que fueron los niños quienes documentaron con su propia mirada las especies y actividades de su vida cotidiana.
Hay algo casi terapéutico, para un país acostumbrado a que la Amazonia solo aparezca en la agenda pública cuando arde, en que la noticia sea esta vez sobre conservación cotidiana y no sobre catástrofe. El ciudadano de Bogotá o de Medellín que entra a la plataforma desde su computador no va a apagar un incendio ni a detener a un traficante de fauna, pero sí puede, por primera vez, escuchar el sonido específico de una playa de anidación en el Amazonas colombiano sin necesidad de comprar un tiquete a Leticia. Eso, en un país donde la desigualdad de acceso al territorio propio es tan brutal como la desigualdad de ingresos, no es un lujo menor.
El riesgo, insisto, es que la experiencia transmedia se convierta en sustituto de la política pública en lugar de complemento. Ningún mapa sonoro reemplaza la presencia efectiva de la Fiscalía General de la Nación investigando redes de tráfico de especies, ni la vigilancia ambiental que debería ejercer el Estado en zonas de resguardo. La divulgación científica es necesaria, pero no es lo mismo que protección jurídica del territorio ni que titulación colectiva de tierras indígenas, procesos que en el Amazonas colombiano suelen atascarse durante años en trámites ante instancias como el Ministerio del Interior o la Agencia Nacional de Tierras. La propia Hernández Escobar defiende que su formato busca «que el conocimiento científico salga de los escenarios académicos y llegue a más personas»; el reto es que esa llegada no se agote en la emoción.
Con todo, hay que reconocerle a 'Raíces invisibles' algo que pocas iniciativas académicas logran: salir del paper y llegar, aunque sea por curiosidad pasajera, a una pantalla ajena a la selva. Si de esa curiosidad nace presión ciudadana, interés periodístico sostenido o incluso financiación adicional para las familias que protegen las playas, el experimento habrá cumplido más de lo que promete cualquier maestría. Si se queda en enlace compartido y olvidado, habrá sido, de todos modos, un ejercicio honesto de reconocer que el conocimiento sobre la Amazonia no le pertenece únicamente a quien lo escribe en tesis, sino también, y sobre todo, a quien lo vive todos los días entre bosque y río.
El desenlace de esta historia —si el proyecto logra traducirse en algo más que visibilidad, si atrae recursos o atención institucional sobre el tráfico de tortugas, si otras comunidades replican el modelo co-creativo— no consta todavía en ningún documento oficial, y sería deshonesto anticiparlo. Lo único cierto, por ahora, es que existe una página web donde la selva, o al menos una versión curada y consentida de ella, espera a que alguien, desde la comodidad de su sala, decida entrar.
