La pieza, de carácter opinativo, sostiene que desde el Órgano Ejecutivo se estaría promoviendo un cambio de narrativa pública, con un distanciamiento de expresiones que en su momento el propio presidente utilizó para describirse ante medios internacionales, como la de «el dictador más cool del mundo», frase que Bukele difundió en su cuenta de la red social X en 2021 y que desde entonces ha sido citada de forma recurrente tanto por sus críticos como por sectores oficialistas para ilustrar posiciones contrapuestas sobre la naturaleza de su gobierno.
El debate no es reciente. Desde la interpretación de la Sala de lo Constitucional que habilitó la reelección presidencial consecutiva, emitida en 2021 por magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tras la remoción de los anteriores el 1 de mayo de ese año, distintos sectores políticos, académicos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la concentración de poder en el Ejecutivo y la reducción de contrapesos institucionales. El oficialismo sostiene que esa interpretación se ajustó al marco constitucional vigente.
El régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuido a las pandillas, suspende garantías constitucionales como la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de asociación y el plazo ordinario de detención administrativa. Ha sido renovado de forma ininterrumpida mes tras mes desde entonces, incluida su prórroga vigente a septiembre de 2026, mediante votaciones sucesivas en el Salón Azul, donde se asientan los 60 diputados propietarios que integran la Asamblea desde la reducción aprobada en 2023, que rebajó el número de curules de 84 a 60.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado, en informes previos, denuncias de detenciones arbitrarias y señalamientos de abusos durante la vigencia de la medida. El Órgano Ejecutivo, por su parte, ha defendido el régimen de excepción como responsable de la caída de homicidios que las autoridades de seguridad han reportado en los últimos años, y desde Casa Presidencial y las bancadas oficialistas se ha rechazado de forma reiterada el calificativo de «dictadura», con el argumento de que el país mantiene elecciones periódicas —las últimas, las presidenciales y legislativas de febrero de 2024— y de que las instituciones del Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúan operando conforme al marco legal.
De la etiqueta binaria a la «erosión democrática»
Politólogos y organizaciones internacionales de derechos civiles han empleado en los últimos años conceptos como «erosión democrática» o «autoritarismo competitivo» para describir procesos comparables en la región, evitando en muchos casos la etiqueta binaria de dictadura. Ese régimen, en su acepción histórica latinoamericana —desde las juntas militares centroamericanas del siglo XX hasta gobiernos personalistas más recientes—, suele definirse por la ausencia total de elecciones o de oposición legal, elementos que en El Salvador conviven, según sus críticos, con un desequilibrio de poder cada vez más marcado a favor del Ejecutivo.
El propio Bukele ha variado el registro de sus declaraciones públicas sobre la etiqueta. Tras la frase de 2021, en comparecencias posteriores ante medios internacionales ha insistido en que su gobierno responde a la voluntad popular expresada en las urnas y ha subrayado los niveles de aprobación que le atribuyen encuestadoras privadas salvadoreñas.
El precedente histórico más citado por analistas salvadoreños al abordar la concentración de poder es el de los gobiernos militares que rigieron el país entre 1931 y 1979, interrumpidos por breves aperturas, un periodo que culminó con el golpe de Estado de octubre de 1979 y, posteriormente, con el conflicto armado de 1980 a 1992, cerrado con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en México en enero de 1992. Aquella etapa fijó en el imaginario político salvadoreño el debate sobre los límites del poder presidencial.
La Constitución de 1983, vigente con reformas, establece en su artículo 88 que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno establecida, una disposición que sectores de oposición han invocado en el debate sobre la reelección presidencial, mientras que el oficialismo sostiene que la interpretación de 2021 de la Sala de lo Constitucional respetó el ordenamiento vigente.
El episodio se produce en un momento en que la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría de la bancada oficialista tras las elecciones de 2024, ha aprobado en los últimos años reformas al sistema electoral y a la organización territorial del país. La oposición minoritaria ha calificado esos cambios de concentración de poder, mientras que el oficialismo los defiende como una modernización institucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado en informes previos al Estado salvadoreño información sobre el funcionamiento del régimen de excepción y los procesos judiciales derivados de las detenciones masivas, un mecanismo de seguimiento que continúa abierto sin que se conozca un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.
La discusión sobre si El Salvador transita hacia un modelo autoritario o mantiene su carácter de democracia representativa con particularidades propias seguirá marcada por la evolución del régimen de excepción, cuya renovación mensual continúa sometida a votación en el Salón Azul, y por el eventual pronunciamiento de instancias internacionales de derechos humanos sobre las denuncias acumuladas desde 2022.
