Flores, en representación de MILPA, afirmó que el proyecto genera preocupación por sus posibles afectaciones ambientales y advirtió que la instalación de paneles solares a gran escala en la finca Santa Adelaida modificaría el uso del suelo en una zona catalogada como área de amortiguamiento de la reserva, lo que —según su planteamiento— podría alterar el ciclo hídrico y reducir la disponibilidad de agua para consumo humano y riego en los cantones y caseríos de tradición agrícola y cafetalera del norte de Izalco.
La Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec fue declarada como tal por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2007. Abarca zonas de los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate e incluye bosques cafetaleros de altura, cuerpos de agua y áreas de recarga hídrica que surten a varios municipios de la zona occidental, entre ellos Izalco, Nahuizalco, Juayúa y Apaneca.
El marco legal en disputa
El núcleo de la denuncia es procedimental. Según el planteamiento atribuido a Flores, el proyecto se instalaría sin que se hubiera completado la evaluación de impacto ambiental que exige la Ley de Medio Ambiente, vigente desde 1998 y cuya autoridad rectora es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esa normativa establece que cualquier obra, actividad o proyecto con potencial de afectar el entorno debe contar con un permiso ambiental previo, sujeto a consulta y estudio técnico. El MARN es, además, la entidad encargada de evaluar si un proyecto de esta naturaleza resulta compatible con el régimen de protección que rige sobre las áreas declaradas reserva de biosfera.
La instalación de plantas fotovoltaicas requiere extensiones considerables de terreno, lo que en zonas de alto valor ecológico puede entrar en tensión con la vocación de conservación. El caso no es aislado: desde hace más de una década, la expansión de proyectos de energía renovable en zonas rurales ha generado fricciones similares en distintos puntos del país, donde coexisten intereses de conservación con la necesidad de diversificar una matriz energética que ha dependido de la generación hidroeléctrica, térmica y geotérmica, y de la importación de combustibles fósiles.
Los parques fotovoltaicos se han presentado en los últimos años como una alternativa para reducir esa dependencia externa y diversificar las fuentes de generación, dentro de una política de incentivo a la energía solar. Esa apuesta por la transición energética es la que, en el caso de la finca Santa Adelaida, choca con las reservas de las comunidades y de MILPA, organización que ha mantenido en años recientes una labor de vigilancia sobre proyectos extractivos y energéticos en la zona occidental, particularmente en defensa de fuentes de agua utilizadas por comunidades rurales.
Sin pronunciamiento oficial
Hasta el momento no se ha reportado una postura pública de la empresa promotora del proyecto ni del MARN sobre las denuncias planteadas por MILPA. La ausencia de una respuesta institucional formal mantiene abierta la disputa sobre si la obra cuenta o no con la documentación ambiental exigida por la ley, un extremo que solo el ministerio puede confirmar o desmentir.
El precedente más citado en el debate ambiental salvadoreño sigue siendo la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2017, que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir de manera total esa actividad extractiva, tras años de movilización de organizaciones comunitarias y ambientalistas que argumentaron riesgos para las fuentes de agua. Ese antecedente ha sido invocado por organizaciones como MILPA para sostener su capacidad de incidencia frente a proyectos con potencial impacto ambiental, en un país donde el acceso al agua potable es tema recurrente de debate y donde persisten brechas de cobertura entre zonas urbanas y rurales.
El desenlace del caso dependerá en gran medida de si el MARN confirma o desmiente la existencia de un permiso ambiental vigente para el proyecto y de si las comunidades afectadas optan por vías legales o de presión social para frenar o modificar la obra. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) podría intervenir si se documentan afectaciones concretas a las poblaciones.
Por ahora, el asunto se mantiene en fase de denuncia pública, sin resolución administrativa ni judicial sobre la legalidad del proyecto. La atención de las comunidades del norte de Izalco y de las organizaciones ambientalistas se centrará en las próximas semanas en si el MARN emite un pronunciamiento oficial sobre el estatus del permiso ambiental del parque fotovoltaico en la finca Santa Adelaida.
