El anuncio se produce en un contexto en que el Órgano Ejecutivo ha colocado la transformación del sistema educativo entre las prioridades de la actual gestión presidencial, iniciada en junio de 2024 tras la reforma que habilitó la reelección. El mandatario no detalló, en las declaraciones difundidas, cuál es el costo del programa ni qué proveedor tecnológico lo respalda, información que resultará relevante conforme la iniciativa se traslade a la discusión del Presupuesto General de la Nación en la Asamblea Legislativa.
PISA for Schools es una versión de la prueba internacional PISA —Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— diseñada para que centros educativos individuales o redes específicas puedan medirse frente a estándares internacionales sin que el país entero participe en el ciclo trienal completo. El Salvador no figura entre los países que reportan resultados nacionales en las últimas ediciones regulares de PISA, por lo que la comparación citada por Bukele correspondería a la muestra de escuelas del plan piloto, no al sistema educativo salvadoreño en su conjunto.
Según las declaraciones presidenciales, el plan arrancó hace poco más de un año —es decir, hacia mediados de 2025— en 171 escuelas públicas distribuidas en el territorio nacional. La evaluación de junio de 2026 habría arrojado resultados que el mandatario calificó de equiparables a los de dos sistemas educativos bien posicionados de Europa: Suecia y Alemania se ubican de forma consistente por encima de la media de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, de acuerdo con los informes trienales de esa organización.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineduc) no ha difundido, hasta el momento de esta publicación, un informe técnico público con la metodología completa de la evaluación, el tamaño de la muestra estudiantil ni el desglose por materia. Tampoco se ha precisado si la comparación con Suecia y Alemania corresponde a promedios generales o a percentiles específicos, un matiz central para valorar el alcance real del anuncio.
Un sistema con reformas previas y rezago regional
El sistema educativo salvadoreño ha sido objeto de sucesivas reformas desde el Plan Decenal de Educación de los años noventa, pasando por el Plan Social Educativo 2009-2014 y el Plan El Salvador Educado, impulsado durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén. El país ha mostrado históricamente resultados por debajo del promedio latinoamericano en las pruebas estandarizadas en que ha participado, como el Tercer y Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce y Erce) de la Unesco, sin que esas iniciativas lograran cerrar la brecha con los sistemas de mayor desarrollo educativo.
La incorporación de inteligencia artificial como herramienta pedagógica se enmarca en una tendencia que ya exploran otros países de la región, aunque con distintos grados de institucionalización y financiamiento. La ausencia de comparaciones públicas verificables por terceros sobre el caso salvadoreño hace prudente esperar la publicación de datos desagregados antes de establecer conclusiones sobre el impacto en el aprendizaje.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ha señalado en informes previos sobre el sector que la calidad educativa del país enfrenta desafíos estructurales —infraestructura deficiente, rotación docente y brechas de conectividad digital en zonas rurales— factores que podrían condicionar la escalabilidad de un programa basado en tecnología digital hacia el resto de la red pública.
La ampliación del plan a más de 1,000 centros educativos, según lo expresado por Bukele, representaría un salto respecto a las 171 escuelas iniciales, en un sistema que agrupa a miles de centros educativos públicos en todo el país. El anuncio de que el programa llegará a la totalidad de la red pública en 18 meses implicaría, de cumplirse, una de las expansiones tecnológicas más rápidas en la historia reciente del sistema educativo salvadoreño.
La bancada oficialista de Nuevas Ideas mantiene una mayoría amplia en el Salón Azul que ha permitido al Órgano Ejecutivo avanzar buena parte de sus iniciativas con escaso debate parlamentario. La fiscalización del gasto público en este tipo de programas corresponde, en última instancia, a la Corte de Cuentas de la República, que audita anualmente la ejecución del Presupuesto General de la Nación.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tampoco ha emitido pronunciamientos respecto al uso de inteligencia artificial en el aula, un asunto que en otros países ha abierto debate sobre la protección de datos de menores de edad y la regulación del uso de plataformas tecnológicas privadas en el sistema educativo público.
De cara a los próximos meses, el hito verificable más próximo será la eventual publicación de los resultados desagregados del PISA for Schools de junio de 2026, así como el detalle presupuestario de la expansión, que en su caso debería reflejarse en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027, cuya discusión en la Asamblea Legislativa suele iniciarse hacia el último trimestre del año.
