El resultado del 19-J y la aritmética parlamentaria
Los comicios del 19 de junio dejaron al Partido Popular como fuerza hegemónica del Parlamento de Andalucía, con 58 diputados sobre un hemiciclo de 109 escaños, según los datos oficiales de la Junta Electoral Central. Es la mejor marca histórica de la formación en la comunidad, superando los 50 escaños obtenidos en 2018. Sin embargo, la mayoría absoluta se sitúa en 55, lo que significa que el PP supera ese umbral por tres actas. Pese a contar técnicamente con mayoría, la solidez de cualquier gobierno y la aprobación de los presupuestos de la Junta hacen conveniente —aunque no imprescindible— un pacto formal con otra formación.
Vox, por su parte, obtuvo 14 escaños, frente a los 33 que cosechó en 2018 cuando fue la gran sorpresa electoral andaluza. La caída es significativa y refuerza la posición negociadora del PP, que no necesita matemáticamente los votos de la formación de Santiago Abascal para investir a Moreno Bonilla, pero sí puede requerirlos para garantizar la estabilidad legislativa durante toda la legislatura, especialmente de cara a la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
El marco procedimental: plazos e investidura
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en su artículo 118 que el presidente de la Junta debe ser elegido por el Parlamento mediante votación de investidura. El Reglamento del Parlamento de Andalucía fija que, tras la constitución de la Cámara, el presidente del Parlamento propone al candidato que tiene mayor respaldo parlamentario. Si el candidato no obtiene mayoría absoluta en primera votación, puede ser investido por mayoría simple en segunda. Con 58 diputados, el PP ya dispone de mayoría simple, pero la negociación con Vox apunta a asegurar votos adicionales.
La constitución del Parlamento andaluz, prevista para las próximas semanas, marca el pistoletazo de salida del proceso. A partir de ese momento, los plazos para la investidura corren con relativa urgencia: si transcurren dos meses sin que ningún candidato obtenga la confianza de la Cámara, el Estatuto prevé la disolución automática y la convocatoria de nuevas elecciones, tal y como recoge el artículo 127 bis del texto estatutario.
Antecedentes: el acuerdo de 2018 que cambió el mapa político español
Esta no es la primera vez que PP y Vox se sientan a negociar en Andalucía. El precedente inmediato data de enero de 2019, cuando Moreno Bonilla fue investido presidente gracias a la abstención de Vox, que permitió el primer gobierno del PP —en coalición con Ciudadanos— en la comunidad tras 36 años de hegemonía socialista. Aquel acuerdo, bautizado como el «Pacto de los Presupuestos» o el «documento de los 37 puntos», incluía compromisos en materia de política migratoria, derogación de la ley de memoria histórica andaluza y refuerzo de las competencias en seguridad ciudadana. Fue la primera vez desde la Transición que la derecha gobernaba Andalucía y el primer gobierno autonómico en España en el que Vox ejercía influencia directa sobre la agenda.
La experiencia de aquella legislatura marcó la estrategia del PP: Moreno Bonilla se fue desvinculando progresivamente de Vox a medida que consolidaba su posición, hasta romper el acuerdo presupuestario en 2021 y convocar elecciones anticipadas. Esa ruptura y la posterior debacle electoral de Ciudadanos, que no obtuvo representación en el 19-J, reconfiguró el espacio de centro-derecha en Andalucía, dejando al PP como único beneficiario de ese colapso.
Posiciones de las partes y puntos de fricción
Esa circunstancia modifica estructuralmente el equilibrio de fuerzas respecto a la pasada legislatura. El objetivo del PP sería alcanzar un acuerdo de legislatura de perfil bajo —sin coalición formal— que garantice votos en cuestiones clave, especialmente en los presupuestos anuales de la Junta, cuya aprobación requiere mayoría simple.
Vox, en cambio, llega a la mesa con 19 escaños menos que en 2018 y sin la palanca de ser decisivo para la investidura. La formación de Gavira ha mantenido públicamente que exigirá contrapartidas programáticas concretas, entre ellas medidas relativas a la gestión de la inmigración irregular, la política educativa y la revisión de fondos destinados a igualdad. Sin embargo, la debilidad aritmética de Vox limita su capacidad de imponer condiciones que el PP no esté dispuesto a asumir.
El PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero —también ministra de Hacienda en el Gobierno central—, ha criticado que cualquier acuerdo PP-Vox supone «normalizar la extrema derecha» en el gobierno territorial, una posición que el partido ha sostenido de forma consistente desde 2019. Por su parte, el grupo parlamentario de Por Andalucía (la confluencia de izquierdas liderada por Inmaculada Nieto) ha rechazado el proceso negociador sin ofrecer alternativa de gobierno.
Qué se negocia y qué queda fuera de la mesa
Las fuentes consultadas apuntan a que la primera reunión tuvo un carácter exploratorio y de diagnóstico, sin llegar al intercambio de documentos programáticos. La agenda se habría centrado en tres ejes: el modelo de acuerdo (coalición formal, acuerdo de investidura o pacto de legislatura), la composición del gobierno en funciones y los grandes ejes de política autonómica para los próximos cuatro años.
El modelo de coalición formal —con consejeros de Vox en el gobierno— ha sido descartado públicamente por Moreno Bonilla en diversas intervenciones previas a la cita de este martes. El presidente en funciones ha reiterado que aspira a gobernar «en solitario» y que el acuerdo, si se produce, será de apoyo parlamentario externo. Esta posición es coherente con la estrategia de moderación de imagen que el PP lleva aplicando desde 2021, cuando expulsó a Vox del perímetro más visible del Ejecutivo andaluz.
Próximos pasos: constitución de la Cámara e investidura
El calendario inmediato depende de la constitución del nuevo Parlamento de Andalucía, acto que corresponde convocar a la presidenta de la Cámara saliente. Una vez constituida la Mesa y elegido el nuevo presidente del Parlamento, arrancará formalmente el proceso de consultas para la propuesta de candidato a la presidencia de la Junta. El PP prevé que el proceso de investidura pueda cerrarse antes del mes de agosto, aunque la complejidad de las negociaciones podría retrasarlo hasta septiembre.
Si el acuerdo entre PP y Vox se concreta, el siguiente hito determinante será la negociación del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023. En la pasada legislatura, los Presupuestos de 2021 fueron prorrogados ante la ruptura con Vox, lo que generó tensiones en la gestión de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Comisión Europea ha fijado que los fondos Next Generation EU exigen marcos presupuestarios anuales aprobados en tiempo y forma para garantizar la trazabilidad del gasto, según las directrices del Reglamento (UE) 2021/241.
El resultado de esta negociación tendrá, además, lectura nacional. El PP de Alberto Núñez Feijóo observa el proceso andaluz como laboratorio político: Andalucía es la comunidad más poblada de España, con más de 8,4 millones de habitantes según el Padrón Municipal del INE a 1 de enero de 2022, y su gobernabilidad tiene implicaciones directas sobre la estrategia del partido de cara a las elecciones generales que deben celebrarse antes del 10 de diciembre de 2023.
