Según la versión de ambos funcionarios, la existencia de mejores cifras delictivas repercutiría favorablemente en la productividad de determinadas oficinas encargadas de la criminalidad, lo que a su juicio generaría un incentivo para que las estadísticas reflejasen una delincuencia inferior a la real. Los agentes sostienen que esta dinámica no se limitaría a Ceuta, sino que existiría también en otras comisarías del territorio nacional, aunque no han precisado ante qué instancia interna o judicial habrían formalizado su testimonio más allá del trasladado a la prensa.
Entre los ejemplos que citan figuran robos con violencia que, según afirman, habrían terminado registrados como robos sin ese agravante, rebajando la gravedad del hecho que después consta en las estadísticas. Más grave es la acusación relativa a determinados delitos sexuales: los policías sostienen haber comprobado casos de violaciones atribuidas a ciudadanos extranjeros en los que posteriormente figuraría un autor español a efectos estadísticos. Según la información que trasladan, Ceuta habría superado ya la barrera de las veinte violaciones desde el inicio de la entrada masiva de finales de julio.
En España, las estadísticas de criminalidad las elabora el Ministerio del Interior a través del Sistema Estadístico de Criminalidad, que recopila los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se publica con periodicidad trimestral. El Instituto Nacional de Estadística ofrece una fotografía complementaria mediante encuestas de victimización, que permiten contrastar la llamada «cifra negra» de delitos no denunciados con los registros policiales oficiales. Cualquier discrepancia sistemática entre ambas fuentes sería, en principio, detectable con series suficientemente largas.
La clasificación de un delito no es un ejercicio neutro: de que un robo se compute como robo con violencia o intimidación, o de que una agresión sexual se registre como tal o bajo otra tipificación, depende no solo la estadística, sino también la calificación penal que finalmente se dirime en sede judicial. El Código Penal distingue con precisión entre figuras como el hurto, el robo con fuerza, el robo con violencia o intimidación y los delitos contra la libertad sexual, cada uno con penas y elementos probatorios distintos, lo que deja a los instructores policiales un margen de apreciación inicial sobre el que después decide la autoridad judicial.
Un debate con precedentes en la etapa democrática
Las polémicas sobre las cifras de seguridad no son nuevas en España. Durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior (2011-2016), sindicatos policiales y asociaciones profesionales denunciaron en varias ocasiones presiones para minimizar determinadas estadísticas de criminalidad, denuncias que entonces no llegaron a traducirse en una investigación judicial que acreditara una manipulación generalizada. La tensión entre la gestión política de la seguridad y el trabajo técnico de los cuerpos policiales ha sido una constante en distintas etapas democráticas.
El Ministerio del Interior ha defendido en ocasiones anteriores, ante denuncias similares planteadas por sindicatos policiales, la fiabilidad de sus estadísticas y ha atribuido las variaciones a mejoras metodológicas o a cambios en los criterios de clasificación de delitos, sin que hasta la fecha se haya acreditado judicialmente una manipulación sistemática de los datos oficiales a escala nacional. En el momento de cierre de esta información, el Ministerio no ha realizado declaraciones específicas sobre el caso ceutí, y los sindicatos policiales tampoco se han pronunciado de forma corporativa sobre las acusaciones concretas trasladadas por estos dos agentes.
La ciudad autónoma de Ceuta, con algo más de 83.000 habitantes según el padrón municipal del INE a 1 de enero de 2025, constituye junto con Melilla una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, lo que la convierte en punto de paso recurrente para flujos migratorios irregulares procedentes de Marruecos y del África subsahariana. La entrada masiva registrada a finales de julio de 2026 no es un episodio inédito: en mayo de 2021 la ciudad vivió una crisis similar, con la llegada de varios miles de personas en apenas 48 horas tras una relajación temporal de los controles fronterizos marroquíes, en un episodio que derivó en una crisis diplomática entre España y Marruecos.
La gestión de la seguridad en un contexto de presión migratoria intensa añade complejidad a cualquier análisis de las cifras: los recursos policiales disponibles, la capacidad de las comisarías para tramitar denuncias con celeridad y la dificultad de identificar con precisión la nacionalidad de un presunto autor en situaciones de flujo migratorio elevado son factores que pueden introducir distorsiones en el registro estadístico incluso sin que medie intención de manipulación.
De confirmarse las acusaciones trasladadas por los dos agentes, correspondería a la Fiscalía o a los órganos de inspección del propio Ministerio del Interior determinar si existió una alteración deliberada de los registros, un procedimiento que se rige por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios policiales. Cualquier denuncia formal presentada por los agentes ante estas instancias abriría un expediente cuya resolución podría tardar meses.
A falta de una investigación oficial abierta, la denuncia permanece por ahora en el terreno de la acusación no verificada judicialmente. El seguimiento del asunto pasará por comprobar si sindicatos policiales, la Fiscalía o el Ministerio del Interior se pronuncian en los próximos días, y por contrastar las cifras del próximo boletín trimestral del Sistema Estadístico de Criminalidad con los datos de victimización que recoja el INE para Ceuta en los meses posteriores a la crisis migratoria de julio.
