Perelló fue nombrada presidenta del CGPJ en septiembre de 2024, tras el acuerdo de los veinte vocales que integran el pleno para votar su candidatura y desbloquear una renovación encallada durante años entre el bloque conservador y el progresista. Se convirtió así en la primera mujer que ocupa de forma simultánea la presidencia del órgano de gobierno de los jueces y la del Tribunal Supremo.
La comparecencia ante el Congreso figura entre las obligaciones legales del cargo, vinculada a la presentación de la memoria anual sobre el estado y funcionamiento de la Administración de Justicia, un informe que recopila la actividad de las distintas salas y órganos judiciales del ejercicio anterior. Según fuentes del Consejo, el retraso acumulado en la elaboración de esas memorias ha impedido fijar hasta ahora la fecha de esa cita parlamentaria.
Dos años después de su nombramiento, Perelló afronta un nuevo curso que, según algunas fuentes internas, se prevé complejo para sacar adelante los principales nombramientos pendientes de magistrados en la cúpula judicial. Esas mismas fuentes sostienen que las negociaciones de los últimos años han dejado fracturas visibles entre los dos bloques del Consejo, lo que dificulta alcanzar los consensos necesarios para cubrir las plazas de mayor responsabilidad.
El reparto de sensibilidades en el pleno, fruto del sistema de elección parlamentaria de los vocales, condiciona desde su origen la capacidad del Consejo para adoptar decisiones por mayorías amplias. La renovación de 2024 puso fin a un bloqueo de más de cinco años en el nombramiento de los vocales, el más prolongado desde que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 trasladó su designación al Parlamento, pero no ha evitado que persistan las diferencias a la hora de resolver los nombramientos discrecionales en el Supremo y las audiencias.
La actividad de gobierno del Consejo convive estos meses con procedimientos que han puesto el foco en la instrucción de causas sensibles, como la que investiga la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde la juez instructora ha apreciado indicios contra altos cargos y ha vetado informar a sus superiores. Ese episodio refleja las tensiones que atraviesan distintos niveles de la Administración de Justicia en paralelo al pulso interno del órgano.
No consta en la información disponible una fecha prevista para que Perelló acuda al Congreso ni un calendario cerrado para resolver las plazas pendientes en la cúpula judicial, cuyos nombramientos siguen condicionados por la brecha entre los dos sectores del Consejo.
