La Caja de Seguro Social no logra cubrir numerosas plazas de especialistas, en particular en el interior del país, una carencia que ha llevado a considerar la incorporación de médicos extranjeros y a acortar el periodo de internado. Según el planteamiento, ambas medidas responden a una urgencia real, pero no atacan la raíz del desajuste entre la oferta de especialistas y las necesidades del sistema público.
El argumento describe un sistema sanitario que debería funcionar como una pirámide, con un amplio personal de atención primaria en la base capaz de prevenir el daño a la salud en las comunidades y, sobre ella, las especialidades y servicios de alta complejidad en la proporción necesaria. Panamá, sostiene, construyó durante décadas un modelo curativo y hospitalario que convirtió esa pirámide en un rectángulo, con una distribución desequilibrada que genera más demanda especializada de la que el sistema puede planificar. El resultado es un triple daño: sobrecarga de los especialistas, reducción de la capacidad de atención y perjuicio para los pacientes.
La propuesta de reducir el internado de dos años a uno se objeta con un dato: el examen de certificación para ingresar al internado, más exigente que en años anteriores, fue aprobado este año por 68 de 601 aspirantes. Ese resultado, sostiene el planteamiento, exige investigar sus causas antes de decidir sobre la duración de la formación y desaconseja acortar un proceso que combina conocimiento técnico, práctica clínica y responsabilidad ética. Acelerar trámites administrativos no equivale a planificar recursos humanos, argumenta, y restar un año no resolvería ni la falta actual ni la futura de especialistas.
Una Carrera Sanitaria pendiente de construir
El texto propone crear una nueva Carrera Sanitaria con modalidades de dedicación exclusiva, total o parcial, para el personal de atención primaria y de medicina curativa del sistema público. A cambio, el Estado debería ofrecer remuneración competitiva, estabilidad, promoción por méritos, formación continua y oportunidades de investigación y docencia, en una relación de responsabilidades compartidas entre el profesional y la institución.
La falta prolongada de condiciones adecuadas de trabajo, advierte el planteamiento, produce frustración y desmotivación, lo que explica por qué algunos profesionales buscan oportunidades fuera del sistema público mientras otros permanecen sin desarrollar todo su potencial. El Estado conserva así al funcionario, pero pierde parte de la capacidad del profesional que formó con recursos públicos.
Otro punto señalado es el crecimiento de la medicina privada en Panamá, que compite con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social por los mismos profesionales. Ambos sectores comparten personal sin reglas modernas que regulen su disponibilidad simultánea, lo que —según el texto— no constituye un problema de doble vinculación laboral, sino de que ambos sistemas dispongan a la vez del mismo tiempo médico limitado. El debate sobre las condiciones de los profesionales de la salud pública ya asoma en asuntos como los del sistema sanitario, en la línea de tensiones recientes en el interior recogidas por medios locales, incluida la entrega del Anillo Hidráulico Este en Panamá Este.
La crisis de plazas médicas no es nueva en el país: la Caja de Seguro Social arrastra desde su reforma de 2005, que desató protestas y una huelga médica prolongada, tensiones recurrentes sobre remuneración, plazas y condiciones laborales del personal de salud, un conflicto que ha reaparecido en sucesivas administraciones sin una política estable de recursos humanos.
El texto plantea que Panamá debe identificar las enfermedades prevenibles que afrontará en los próximos 15 años para diseñar una política nacional de recursos humanos sanitarios que permita planificar la formación, distribución y jubilación del personal, y prever la demanda futura de especialistas. Mientras esa transformación no llegue, concluye, el país deberá cubrir las vacantes actuales con procesos ágiles pero sin reducir los estándares, e incorporar profesionales extranjeros como respuesta al déficit inmediato: acelerar los trámites, no bajar las exigencias.