La propuesta atribuida al Órgano Ejecutivo contempla comprimir las 44 horas semanales que actualmente fija el Código de Trabajo en cuatro jornadas de hasta 11 horas, dejando tres días libres por semana. Según el MTD, el esquema se habría presentado bajo términos como "modernización" y "flexibilidad laboral", conceptos que la organización considera insuficientes para justificar la extensión de la jornada diaria.
El Código de Trabajo salvadoreño establece que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias ni de 44 horas semanales, salvo las excepciones que la misma ley contempla para determinadas actividades. Cualquier modificación sustancial a este esquema requeriría una reforma legal que pase por la Asamblea Legislativa, con el trámite correspondiente en la comisión pertinente y su aprobación en el pleno del Salón Azul, donde se requiere mayoría simple salvo que se trate de una reforma con rango distinto.
El MTD argumentó que extender la jornada diaria a 11 horas, incluso si se compensa con un día adicional de descanso, representa un retroceso en las condiciones laborales de la población trabajadora. La organización sostuvo que jornadas tan extensas afectarían la salud física y mental de los empleados, así como su vida familiar, y advirtió que el discurso de la flexibilidad, según su lectura, tiende a beneficiar más a los intereses empresariales que a los trabajadores.
Frente a la propuesta de comprimir la semana laboral, el movimiento planteó como alternativa reducir la jornada ordinaria a seis horas diarias, manteniendo cinco días de trabajo a la semana. Según el MTD, esa fórmula permitiría conservar el descanso semanal habitual sin sacrificar el tiempo diario disponible para la vida personal y familiar de los trabajadores.
Un debate con recorrido histórico
El debate sobre la duración de la jornada laboral no es nuevo en El Salvador. Durante las últimas décadas, distintos sectores sindicales y organizaciones de trabajadores han insistido en actualizar el Código de Trabajo para adaptarlo a nuevas realidades económicas, mientras que sectores empresariales han abogado en ocasiones por esquemas más flexibles que permitan ajustar la producción a la demanda. La reglamentación de la jornada de ocho horas fue, de hecho, una de las banderas históricas del movimiento obrero salvadoreño desde las primeras organizaciones de trabajadores del siglo XX.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no ha ofrecido, hasta el momento, una versión oficial detallada sobre los alcances exactos de la propuesta ni sobre el estado del proceso, si es que existe alguno formalmente iniciado hacia la Asamblea Legislativa. Tampoco se ha precisado si el planteamiento contempla compensaciones salariales adicionales, límites por sector económico o mecanismos de consulta previa con las organizaciones sindicales.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos reúne a personas cesadas de sus empleos en distintos momentos y sectores, y ha mantenido en los últimos años una postura crítica frente a medidas económicas y laborales que considera lesivas para la clase trabajadora. Su pronunciamiento se suma al de otras organizaciones sindicales que históricamente han vigilado cualquier intento de modificar las condiciones de la jornada laboral en el país.
Cualquier reforma al Código de Trabajo en esta materia tendría que atravesar el proceso legislativo ordinario: presentación de la iniciativa de ley —por diputados propietarios, por el Órgano Ejecutivo a través del ministerio correspondiente o por otras instancias facultadas por la Constitución—, estudio en la comisión legislativa pertinente y posterior votación en el pleno de la Asamblea Legislativa. El órgano parlamentario está integrado por 60 curules distribuidos en fracciones legislativas que tendrían la última palabra sobre el fondo del planteamiento.
El Salvador es Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919 y mantiene convenios ratificados en materia de horas de trabajo, entre ellos estándares orientados a limitar la jornada laboral y garantizar el descanso semanal. Cualquier reforma que se discuta en el país deberá, en principio, ser compatible con esos compromisos internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, que también recomiendan el diálogo tripartito entre gobierno, sector empleador y organizaciones de trabajadores para decisiones que afectan directamente las condiciones de empleo.
El planteamiento se produce en un momento en que el mercado laboral salvadoreño continúa mostrando niveles de informalidad significativos, de acuerdo con reportes de la Dirección General de Estadística y Censos, que han situado en años recientes a un porcentaje mayoritario de la población ocupada en el sector informal, sin acceso pleno a las prestaciones que exige el Código de Trabajo para el sector formal.
De cara a los próximos días, el debate sobre la jornada laboral continuaría entre las organizaciones sindicales, el sector empresarial y las autoridades del Ministerio de Trabajo, sin que hasta el momento se haya conocido un texto formal de iniciativa de ley ingresado a la Asamblea Legislativa. Cualquier avance en ese sentido definiría si la discusión se traslada al plano legislativo, donde correspondería a los diputados de las distintas fracciones pronunciarse sobre el fondo de la propuesta.
