El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, al amparo del artículo 29 de la Constitución de la República, tras un fin de semana con un repunte de homicidios atribuidos a estructuras pandilleriles. Desde entonces, el Órgano Legislativo lo ha prorrogado mes a mes de forma consecutiva, en sesiones plenarias del Salón Azul que en los últimos períodos se han resuelto con votación mayoritaria de la bancada oficialista y escasa discusión pública.
La medida faculta a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada a realizar capturas sin orden judicial previa, suspende el derecho de defensa en la fase inicial del proceso y amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa antes de que la persona detenida sea puesta a la orden de un juez. La Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de judicializar los casos derivados de estas capturas.
Según Ramírez, la inquietud de MOVIR radica en que las distintas fuerzas que ya proyectan candidaturas para las presidenciales de 2027 —cuya convocatoria formal corresponde en su momento al Tribunal Supremo Electoral (TSE)— no habrían planteado hasta ahora una postura diferenciada sobre el futuro del régimen, más allá de coincidir en mantenerlo o prorrogarlo sin cambios sustanciales. El dirigente reclamó que el mecanismo y su marco de garantías figuren de manera explícita en el debate de cara al próximo ciclo electoral.
MOVIR es un colectivo conformado por familiares de personas detenidas durante la vigencia del régimen que aseguran no tener vínculos con estructuras criminales. La organización ha documentado, a lo largo de más de cuatro años de aplicación de la medida, denuncias de capturas que considera arbitrarias, y ha reclamado ante instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la revisión de expedientes específicos.
El régimen ha contado, desde su aprobación, con un respaldo mayoritario en la opinión pública salvadoreña, sostenido en la percepción de una reducción de los homicidios y de la extorsión atribuida a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y las facciones de Barrio 18. El Órgano Ejecutivo y Casa Presidencial han defendido reiteradamente la medida como el instrumento central de la política de seguridad pública del país.
Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han documentado en paralelo denuncias de detenciones sin vínculo probado con actividades delictivas, así como reportes de muertes de personas privadas de libertad bajo custodia estatal. El Órgano Judicial, a través de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha admitido a trámite en distintos momentos recursos de exhibición personal vinculados a capturas realizadas al amparo del régimen.
Precedente del conflicto armado
El antecedente más citado en el debate salvadoreño sobre suspensión de garantías constitucionales se remonta a los estados de excepción decretados durante el conflicto armado interno de la década de 1980, cuando la Constitución vigente entonces también permitía restringir derechos individuales en nombre de la seguridad del Estado, con episodios que después fueron objeto de escrutinio en el marco de los Acuerdos de Paz de 1992.
La Asamblea Legislativa, con una amplia mayoría de la bancada oficialista tras las elecciones legislativas de 2021 y ratificada en los comicios de 2024, ha aprobado cada una de las prórrogas mensuales del régimen sin que la oposición, reducida a un número marginal de diputados propietarios en el pleno de 60 curules, haya logrado bloquear o modificar sustancialmente el texto de los decretos.
MOVIR ha planteado que el debate de cara a 2027 debería incluir mecanismos de rendición de cuentas sobre el número de personas detenidas, procesadas y liberadas por falta de méritos desde marzo de 2022, información que organizaciones de la sociedad civil han solicitado en distintas ocasiones a la FGR y a la PNC sin obtener, según sus propios reportes, respuestas desagregadas y actualizadas de forma sistemática.
El Órgano Ejecutivo no se ha pronunciado de forma directa sobre las declaraciones atribuidas a Ramírez ni sobre la exigencia de que los aspirantes presidenciales fijen postura sobre el futuro del régimen. Tampoco han trascendido, hasta el momento, posicionamientos formales de las principales fuerzas políticas que se perfilan para la contienda de 2027 sobre una eventual revisión, modificación o continuidad sin cambios de la medida.
De cara a los próximos meses, el calendario político salvadoreño prevé que el TSE convoque formalmente el proceso electoral de 2027, momento en el que los partidos deberán inscribir candidaturas y presentar programas de gobierno, instancia en la que organizaciones como MOVIR anticipan insistir en que el régimen de excepción figure de manera explícita en el debate público.
