La discusión surgió durante la sustentación del presupuesto del Metro para 2027, cuando el diputado independiente Luis Duke cuestionó a los funcionarios de la empresa estatal por el funcionamiento del nuevo sistema y el costo de la renovación tecnológica. Duke relató que comprobó personalmente problemas de lentitud al utilizar su teléfono y sus tarjetas para ingresar al Metro, y expuso reportes de pasajeros sobre dobles cobros, tarjetas no reconocidas y fallas con los saldos y las recargas.
La inversión forma parte de un contrato más amplio con la empresa Sonda, S.A. por $11.1 millones y una duración de 38 meses, que incluye la operación del sistema de recaudo, la administración financiera de las líneas 1 y 2 y el mantenimiento del equipo. Araúz atribuyó los inconvenientes a un periodo de "estabilización" propio de la implementación de un sistema de este tipo, mientras que Sonda, S.A. aclaró que la plataforma no realiza cobros duplicados, sino que requiere validar la tarjeta al finalizar el trayecto para que el saldo real quede reflejado.
Ante los reportes de cobros duplicados, Araúz informó que la empresa analiza los datos de las transacciones para identificar los casos en los que pudo producirse un doble cobro y determinar las devoluciones correspondientes. El Metro todavía no ha precisado cuántos pasajeros pudieron verse afectados ni cuánto dinero tendría que reintegrar. La empresa estatal también evalúa los ingresos que dejó de percibir por las medidas operativas adoptadas durante los periodos de mayor congestión, así como las posibles penalidades que podrían aplicarse a Sonda, S.A. según las condiciones establecidas en el contrato.
El Metro de Panamá, S.A. justificó la renovación por la antigüedad y la obsolescencia tecnológica del sistema anterior, que llevaba unos 14 años en funcionamiento. Según Araúz, los equipos presentaban fallas recurrentes, el fabricante había dejado de brindar soporte técnico y cada vez resultaba más difícil conseguir piezas de repuesto. La actualización buscaba, además, ampliar la integración de medios de pago como Visa y Mastercard, ya que solo alrededor del 10% de los antiguos torniquetes aceptaban Visa mediante una integración con limitaciones.
Durante la sustentación surgieron cuestionamientos sobre el proceso de implementación. Araúz explicó que se realizaron pruebas en ambientes virtuales y físicos, con réplicas de torniquetes y validadores, además de pruebas de validación y transacciones en tiempo real. Sin embargo, reconoció que, tras completar el proyecto, esas pruebas no se presentaron a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
"Obtuvimos el concepto favorable de la AIG previo a la formalización del contrato, pero posterior a realizar el proyecto no fuimos a la AIG con las pruebas", admitió Yamir Araúz, jefe de proyectos y sistemas electromecánicos del Metro de Panamá, S.A.
Duke cuestionó ese punto y citó la Resolución 18 del 15 de junio de 2026 de la AIG, que fija los requisitos para la migración de sistemas tecnológicos a ambientes de producción. El escrutinio de los contratos tecnológicos del Estado no es nuevo en la Asamblea: en años recientes los diputados han condicionado partidas y exigido explicaciones a entidades cuando el gasto no se ajusta a la ejecución, un patrón que reaparece en las vistas presupuestarias de cada ciclo.
El planteamiento se dio mientras el nuevo sistema ya operaba en las 33 estaciones y los usuarios seguían reportando fallas, en un debate en la Comisión de Presupuesto que se suma a otros episodios recientes de escrutinio legislativo sobre el gasto de entidades estatales, como el de Aduanas, que prevé sumar 400 funcionarios y elevar su planilla en $8.6 millones.