La Mesa del Congreso ha aprobado por seis votos a favor y tres en contra la retirada de un mes completo de dietas, complementos y asignación por libre disposición al diputado de Vox expulsado ayer del pleno durante el debate sobre el 95º aniversario de la República y el 'bibliocausto'. La cantidad exacta —ajustada en la propia reunión tras consulta al Departamento de Recursos Humanos— asciende a 3.814,22 euros y se descontará íntegra en la nómina parlamentaria del próximo 28 de mayo. La sanción entra en vigor desde su notificación formal, prevista para las nueve de la mañana de este jueves.
Es la primera sanción económica firme del Congreso en más de veinticuatro años. La de hoy, en cambio, es dinero real y, sobre todo, un precedente que los letrados del Congreso llevaban casi una década advirtiendo que tarde o temprano iba a tener que aplicarse.
La presidenta del Congreso defendió la propuesta del informe de letrados con una frase que ya circula entre los grupos: 'Si el Reglamento no se usa, se pudre. Y cuando se pudre, lo primero que se cae es la autoridad que lo sostiene'. La declaración no aparecerá en el acta oficial —las deliberaciones internas de la Mesa no son públicas— pero ha sido confirmada literalmente por dos de los tres vicepresidentes presentes.
El voto dividió a la Mesa siguiendo una lógica que ya nadie se atreve a llamar 'técnica'. A favor: la presidenta, los dos vicepresidentes del PSOE, un vicepresidente de Sumar y dos secretarios del bloque de investidura. En contra: los tres representantes del PP, que votaron 'no' alegando desproporcionalidad. La ausencia más comentada fue la del representante que Vox había propuesto en su momento para la Mesa: el grupo parlamentario decidió, en una reunión convocada de urgencia a las 16:30, no acudir a la votación como protesta formal.
La reacción de Vox ha sido tan rápida como previsible. A las 18:50, apenas ocho minutos después del cierre de la reunión, el portavoz adjunto del grupo parlamentario ha anunciado en el mismo vestíbulo del Congreso tres acciones simultáneas. La primera, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 23 de la Constitución. La segunda, una querella por prevaricación contra los seis miembros de la Mesa que han votado a favor. La tercera, una campaña de recogida de firmas bajo el lema 'El Reglamento no amordaza'. El anuncio, hecho con cámaras delante, ha convertido al diputado sancionado en protagonista involuntario de un relato que Vox llevaba semanas buscando.
En el PP conviven hoy dos sensibilidades. La oficial, defendida por su portavoz parlamentaria, ha insistido en que 'el PP no defiende la conducta del diputado pero sí discrepa de la proporcionalidad'. La extraoficial, filtrada desde Génova durante la tarde, tiene un matiz algo más áspero: 'No queríamos convertir esto en trofeo, pero Vox lo ha conseguido en menos de diez minutos'. El dilema, en realidad, atraviesa a la derecha española desde hace meses: cómo marcar distancias con Vox sin regalarle capital moral.
Desde el bloque de investidura, Sumar y ERC han celebrado la sanción como 'un paso necesario' y han pedido a la Mesa que estudie 'aplicar el mismo criterio de forma sistemática cuando haya episodios similares en el futuro'. El PNV, con la cautela habitual, ha preferido recordar que 'el Reglamento se cumple siempre o no se cumple nunca' y ha rehusado entrar en valoraciones políticas. Junts, por su parte, ha guardado un silencio poco habitual: su portavoz no ha respondido a ninguna de las llamadas recibidas entre las 18:50 y las 19:30.
Hay un detalle técnico que muchos analistas han pasado por alto en el fragor del anuncio y que, a medio plazo, puede resultar más significativo que la cantidad descontada. El acta de la Mesa incorpora una cláusula interpretativa nueva: a partir de hoy, los hechos calificados por los letrados como 'infracción muy grave del Reglamento' serán tratados con una presunción reforzada de sanción económica. En otras palabras, el Congreso acaba de crear, por vía interna, un estándar procesal que exigirá a la Mesa motivar expresamente por qué no sanciona cuando los letrados digan que sí debe hacerlo.
Esa cláusula, redactada en apenas cuatro líneas, es el verdadero cambio estructural del día. Convierte a la Mesa del Congreso, durante décadas especialista en el apaciguamiento, en un órgano disciplinario con perfil propio. Y lo hace en una legislatura donde los incidentes reglamentarios se han multiplicado por cuatro en apenas ocho meses. Si el análisis comparado no miente —y los precedentes del Bundestag alemán y la Assemblée Nationale francesa apuntan a lo mismo— la aplicación sistemática del nuevo estándar modificará la temperatura de los debates plenarios a lo largo del curso. Puede que no los haga más educados. Pero, casi con seguridad, los hará menos impunes.
