Meloni ha basado buena parte de su proyecto político en el control de los flujos migratorios desde su llegada al Palazzo Chigi. Su Ejecutivo impulsó en 2023 el memorando con Albania para externalizar la tramitación de solicitudes de asilo, un modelo que despertó el interés de otros socios europeos pese a los reveses judiciales sufridos en tribunales italianos, que en varias ocasiones bloquearon los traslados de migrantes a los centros de Gjadër y Shëngjin por considerarlos contrarios al derecho de la Unión.
La crisis de Ceuta, surgida en los primeros días de agosto, habría reactivado ese terreno discursivo. El fondo del desencuentro entre Roma y Madrid remite a la gestión de llegadas irregulares en la frontera sur de la Unión Europea, un asunto que desde hace años enfrenta a los países de primera entrada —España, Italia, Grecia y Malta— con los del norte por el reparto de responsabilidades bajo el Reglamento de Asilo y Migración, en vigor desde junio de 2024 tras años de negociación en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Según datos de Eurostat, España e Italia figuran entre los principales puntos de entrada irregular a la Unión Europea por vía marítima, con cifras por debajo de los picos de 2015 y 2016 durante la crisis siria pero que mantienen la presión política sobre ambos gobiernos. La ruta del Mediterráneo occidental, que afecta directamente a Ceuta, Melilla y las costas andaluzas, ha registrado fluctuaciones ligadas a la inestabilidad en Marruecos y el Sahel, según el Ministerio del Interior español.
El desgaste al que se enfrenta Meloni no es exclusivamente migratorio. La coalición de derechas que lidera, integrada por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, ha mostrado tensiones internas en los últimos meses, con roces atribuidos al vicepresidente Matteo Salvini y la propia primera ministra por el reparto de competencias. A ello se suman unos indicadores económicos que, pese a la relativa estabilidad presupuestaria avalada por la Comisión Europea, no se habrían traducido en una mejora sustancial del poder adquisitivo percibido por los ciudadanos, según sondeos difundidos por institutos demoscópicos italianos.
La oposición, encabezada por el Partido Democrático de Elly Schlein y el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, continúa fragmentada, lo que hasta ahora ha jugado a favor de Meloni al no existir una alternativa unificada capaz de capitalizar el descontento. Aun así, se habría apuntado un ligero repunte de ambas formaciones en las encuestas de las últimas semanas, coincidiendo con el desgaste propio de una legislatura que rebasa su ecuador.
El precedente de Ceuta en 2021
La crisis actual recuerda, aunque con actores distintos, al episodio de mayo de 2021, cuando la llegada masiva de migrantes a Ceuta por la frontera con Marruecos —más de 8.000 personas en apenas 48 horas, según datos del Ministerio del Interior de la época— desencadenó una crisis diplomática entre España y Marruecos que tensionó también las relaciones de Madrid con Bruselas. Aquel episodio evidenció la vulnerabilidad de las ciudades autónomas españolas como frontera exterior de la Unión y la dependencia de Madrid de la cooperación marroquí en el control fronterizo.
El marco jurídico que regula estas situaciones combina normativa nacional y europea. España aplica la Ley de Extranjería de 2000, reformada en varias ocasiones, junto con el Reglamento Eurodac y el Reglamento de Asilo y Migración, que establece mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, ya sea mediante reubicación de solicitantes de asilo o contribuciones financieras. Italia ha reclamado reiteradamente en el Consejo Europeo una aplicación más estricta de esos mecanismos, alegando que soporta una presión migratoria desproporcionada respecto a su peso poblacional.
La Moncloa mantiene como línea oficial la defensa de una política migratoria basada en la cooperación con los países de origen y tránsito, en línea con los acuerdos suscritos con Marruecos, Mauritania y Senegal, mientras evita una confrontación directa con Roma que pudiera trasladarse a otros expedientes europeos en los que ambos países coinciden, como la revisión de la política agrícola común o los fondos de cohesión.
La dimensión europea del choque no es menor. Meloni ha cultivado una posición de creciente influencia en Bruselas, en parte gracias a su alineamiento con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en asuntos como la política industrial y la relación con China. Un desgaste de su liderazgo interno podría debilitar también su capacidad de interlocución en el Consejo Europeo, donde Roma ha buscado posicionarse como bisagra entre los países del sur y las capitales más restrictivas en materia migratoria, como Austria, Hungría o Dinamarca.
Para España, el episodio llega en un momento en que el Ejecutivo de coalición gestiona su propia agenda migratoria interna, con el desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería y la presión de comunidades autónomas por la distribución de menores extranjeros no acompañados, un asunto que ha generado fricciones entre el Gobierno central y varios gobiernos autonómicos del Partido Popular.
El foco se desplaza ahora a la próxima reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, en la que ambos países previsiblemente expondrán sus posiciones sobre la gestión de la frontera sur. La escala real de la crisis de Ceuta, su origen concreto y las cifras exactas de llegadas de los últimos días no han sido detalladas con precisión por ninguna de las dos cancillerías, por lo que su evolución dependerá en gran medida de los contactos diplomáticos que se produzcan en las próximas semanas entre Roma y Madrid.
