El detonante habría sido la llegada, en los últimos días, de un número elevado de personas migrantes a Ceuta, ciudad autónoma española que junto con Melilla constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. Según habría trascendido, el ministro de Exteriores italiano relacionó ese episodio con la política de regularización migratoria de España y calificó la inmigración de "un peligro", en unas declaraciones en las que habría incluido una advertencia explícita: si Madrid no refuerza el control de sus fronteras, Italia podría plantear restricciones dentro del espacio Schengen.
Ese ámbito de libre circulación integra actualmente a una treintena de países europeos y permite cruzar las fronteras interiores sin controles sistemáticos desde el acuerdo firmado en Schengen en 1985 y aplicado plenamente a partir de 1995. La amenaza, de confirmarse en los términos difundidos, tensionaría uno de los pilares del proyecto europeo.
El marco jurídico que permitiría reintroducir controles
El Código de Fronteras Schengen —Reglamento (UE) 2016/399— faculta a los Estados miembros a reintroducir controles fronterizos internos de forma temporal en caso de "amenaza grave para el orden público o la seguridad interior". La cláusula ya la han invocado en el pasado Francia, Alemania o Austria ante crisis migratorias o de seguridad, pero exige justificación ante la Comisión Europea y tiene carácter excepcional y limitado en el tiempo. Su activación con motivo explícito de la política migratoria de otro socio comunitario carecería, no obstante, de precedente directo comparable en la historia reciente de la Unión.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una regularización extraordinaria que, según la cifra manejada, alcanza a cerca de 500.000 personas en situación administrativa irregular, a las que se otorga permiso de residencia y trabajo. La medida se enmarca en la reforma del reglamento de extranjería impulsada en los últimos años y responde, según el Ejecutivo, a necesidades del mercado laboral español, con sectores como la agricultura, la construcción o los cuidados afectados por déficits de mano de obra que el Banco de España ha reconocido de forma recurrente en sus informes de coyuntura.
Fuentes del Ministerio del Interior español no habrían vinculado hasta el momento el repunte de llegadas a Ceuta con la regularización, atribuyendo el fenómeno a factores estructurales en los países de origen y tránsito, principalmente Marruecos, con el que España mantiene un acuerdo bilateral de cooperación migratoria reforzado tras la crisis de mayo de 2021. En aquel episodio, unas 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días tras una relajación de los controles marroquíes, en el contexto de la disputa diplomática por el Sáhara Occidental.
Aquel precedente marcó un punto de inflexión en la relación entre Madrid y Rabat y evidenció la dependencia española del control fronterizo que ejerce Marruecos en su territorio. Desde entonces, ambos países han normalizado relaciones y el reino alauí ha intensificado la vigilancia de sus costas, aunque organizaciones humanitarias y varios informes de Naciones Unidas han denunciado episodios de uso desproporcionado de la fuerza en esas operaciones de contención.
La oferta de Bruselas y el nuevo Pacto de Migración
La Comisión Europea ha ofrecido a España el despliegue de agentes de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en Ceuta, además de pedir a Marruecos que frene las salidas desde su litoral. Frontex, creada en 2004 y reforzada sucesivamente tras la crisis de refugiados de 2015, aspira a un contingente permanente de 10.000 agentes fijado para 2027, si bien su presencia en fronteras exteriores como Ceuta o Melilla ha sido históricamente limitada por la singularidad jurídica de ambos territorios.
Bruselas ha insistido en que la gestión de las llegadas masivas requiere solidaridad entre los Estados miembros conforme al Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024 tras años de negociación, que introduce mecanismos de reparto de solicitantes de asilo o compensaciones económicas para quienes no acojan a un número determinado. Italia ha sido uno de los países que más ha reclamado su aplicación efectiva, al considerar que soporta una carga desproporcionada por su posición frente al Mediterráneo central y a las rutas desde Libia y Túnez.
El Ejecutivo de Meloni ha promovido, además, acuerdos bilaterales como el protocolo con Albania para procesar solicitudes de asilo fuera del territorio de la Unión, una fórmula que ha sido objeto de recursos ante tribunales italianos y europeos. No es la primera vez que un Gobierno europeo mantiene o plantea controles internos por motivos migratorios: Dinamarca, Suecia y Alemania los han sostenido de forma intermitente desde 2015, y Francia los reinstauró tras los atentados de París de ese mismo año, prorrogándolos periódicamente desde entonces.
Fuentes diplomáticas consultadas habrían restado importancia a la posibilidad de una ruptura efectiva de Schengen, al considerar que una restricción de ese calado requeriría un procedimiento formal ante las instituciones comunitarias y previsiblemente derivaría en fricciones en el propio Consejo Europeo.
El asunto podría abordarse en las próximas reuniones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, donde los ministros de los Veintisiete debaten la aplicación del Pacto de Migración y Asilo. La Comisión deberá pronunciarse sobre el despliegue efectivo de Frontex en Ceuta si España cursa la solicitud formal, un trámite que en episodios anteriores se ha resuelto en plazos de semanas. La evolución de la relación entre Madrid y Rabat, clave para contener las salidas desde el norte de África, seguirá siendo determinante: cualquier repunte sostenido de llegadas reabriría el debate, ya recurrente, sobre el reparto de responsabilidades entre los países de primera línea fronteriza y el resto de socios comunitarios.
