«Sigo con la ilusión intacta, con las ganas intactas; tengo mucho proyecto todavía en mi cabeza junto a mi equipo para desarrollar», sostuvo Barrachina, que subrayó que la decisión final corresponde a los ciudadanos y a su propio partido: «Si me lo permiten tanto mis compañeros como los vecinos, aquí voy a estar luchando por esta provincia y aportando a los municipios todo lo mejor que se pueda, que para eso he venido». La palabra, matizó, «la tienen los vecinos y vecinas de nuestros municipios».
Barrachina asumió la presidencia de la Diputación tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, en las que el PP recuperó el control de buena parte de las instituciones locales de la Comunitat Valenciana tras los gobiernos del Botànic —la coalición formada por PSPV, Compromís y Unides Podem entre 2015 y 2023—. Su etapa al frente del organismo provincial se ha desarrollado en paralelo al Consell presidido por Carlos Mazón, también del PP.
Entre los proyectos que la presidenta situó como prioritarios figura el nuevo Hospital General de Castellón, que según sus palabras «va a marcar un antes y un después». «No puede ser que en nuestra tierra no se cuente con una infraestructura tan necesaria», defendió, y anticipó que la obra se iniciará «en breve» tras «mucho trabajo y mucha reivindicación». No detalló plazos de licitación ni presupuesto. La sanidad es competencia de las comunidades autónomas desde que se completaron las transferencias a las diez comunidades del régimen común en 2002, por lo que la titularidad de una infraestructura hospitalaria corresponde a la Generalitat Valenciana, si bien las diputaciones pueden aportar suelo o cofinanciación de proyectos anexos.
Sobre la estrategia del PP de cara a mayo de 2027, Barrachina cifró su principal argumento en la continuidad de la gestión: «Lo más importante es que aquí lo hemos hecho y eso se nota, cumpliendo con la palabra dada». Añadió compromisos de rebaja fiscal y atención a los municipios, en una de las provincias valencianas con mayor dispersión poblacional entre el litoral y el interior. «Vamos a afrontarlas mirando a los ojos a los ciudadanos», afirmó.
Del ámbito provincial al pulso con la Moncloa
La dirigente extendió sus valoraciones al Gobierno de España, cuya situación calificó de «desastroso», y reclamó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «llegue» a la Moncloa para «poner orden». Entre las medidas que reivindicó figuran rebajas de impuestos, «menos burocracia y mucho más protección a los autónomos», una ley antiokupación de tramitación «inmediata» y mayor seguridad para quienes ponen viviendas en alquiler. «Va a tener a todos los hombres y mujeres de la provincia de Castellón a su disposición», dijo sobre Feijóo, «para devolver la credibilidad y también el sentido a la democracia».
Una ley integral contra la okupación ilegal ha sido demanda reiterada del PP durante la legislatura iniciada tras las elecciones generales de julio de 2023, en la que Pedro Sánchez fue investido con el apoyo de PSOE, Sumar y formaciones nacionalistas e independentistas. El PP ha registrado en el Congreso distintas iniciativas sobre okupación y seguridad jurídica en el alquiler que no han prosperado por falta de mayoría suficiente. El Gobierno central ha defendido en comparecencias públicas el cumplimiento de los objetivos de déficit pactados con Bruselas y el mantenimiento de ayudas a autónomos y pymes; sus posiciones sobre las críticas de Barrachina no fueron recabadas en la entrevista.
La Diputación de Castellón opera bajo la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye a estas instituciones la coordinación de servicios municipales, la asistencia técnica y económica a los ayuntamientos —especialmente los de menor población— y el fomento de los intereses provinciales. Su presidencia se elige de forma indirecta entre los diputados provinciales, designados a su vez en función de los resultados municipales de cada partido judicial. En 2023, el PP obtuvo la presidencia castellonense con el apoyo de Vox, un esquema replicado en otras diputaciones valencianas.
Las diputaciones provinciales de régimen común, herederas del modelo consolidado tras la Constitución de 1978, han sido periódicamente objeto de debate político: formaciones de distinto signo han planteado en las últimas décadas su reforma o supresión, sin que ninguna iniciativa haya prosperado. La renovación de estas corporaciones queda ligada a los comicios municipales, de modo que la continuidad de Barrachina dependerá del resultado del PP en los ayuntamientos de la provincia.
Los comicios de mayo de 2027 renovarán, además de los ayuntamientos, los gobiernos de doce comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana. La convocatoria oficial se producirá, conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, unas cinco semanas antes de la votación, con la confección de listas y la campaña concentradas en los meses previos. Hasta entonces, Barrachina seguirá al frente de la Diputación con el mandato surgido de 2023, a la espera de que su partido confirme las candidaturas.
