Las palabras de Barrientos se enmarcan en una serie de actividades de carácter religioso que el predicador desarrolla en distintos puntos de El Salvador, dirigidas a comunidades de creyentes evangélicos. No trascendió el lugar exacto ni la fecha precisa de la prédica en la que realizó las declaraciones, aunque se han situado en el contexto de su actual gira por el país.
La percepción de mejora en la seguridad pública citada por el predicador coincide con un discurso sostenido por el Órgano Ejecutivo salvadoreño desde marzo de 2022, cuando la Asamblea Legislativa aprobó, a solicitud del presidente Nayib Bukele, el régimen de excepción como respuesta a un repunte de homicidios atribuidos a estructuras de pandillas. La medida, prorrogada mes a mes desde entonces mediante sucesivas votaciones en el pleno del Salón Azul, suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y amplía el plazo de detención administrativa.
El régimen de excepción ha sido defendido por el Órgano Ejecutivo como el instrumento central de una estrategia que, según cifras oficiales difundidas por Casa Presidencial y la Policía Nacional Civil (PNC), habría llevado a la captura de decenas de miles de presuntos pandilleros desde su entrada en vigor. El propio Bukele ha situado en reiteradas ocasiones a El Salvador entre los países más seguros de América Latina, un marco que organismos internacionales han recogido con matices sobre la fiabilidad y comparabilidad de las estadísticas oficiales salvadoreñas frente a las de otros países de la región.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), han documentado de forma paralela denuncias de detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y vulneraciones al debido proceso durante la vigencia del régimen de excepción. Estas organizaciones sostienen que la reducción de la violencia pandilleril no puede desligarse del costo en garantías individuales que ha supuesto la medida, un argumento que el Órgano Ejecutivo rechaza al calificar la política de seguridad como una respuesta proporcional a una amenaza extraordinaria.
De la posguerra a las capturas masivas
El fenómeno de las pandillas, particularmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y las facciones del Barrio 18, tiene raíces que se remontan a la posguerra civil salvadoreña, cuando estructuras formadas originalmente en Los Ángeles, California, se trasladaron al país tras políticas de deportación masiva de EUA en la década de 1990. Durante casi tres décadas, sucesivos gobiernos salvadoreños —desde la Mano Dura de 2003 y la Súper Mano Dura de 2004 hasta la tregua entre pandillas de 2012, bajo el gobierno de Mauricio Funes— ensayaron distintas fórmulas para contener una violencia que llegó a situar a El Salvador entre los países con mayores tasas de homicidios del mundo.
La comparación con ese pasado reciente explica en parte la resonancia que declaraciones como las de Barrientos encuentran entre sectores de la población salvadoreña, para quienes la posibilidad de circular por determinados barrios o utilizar el transporte público sin pagar extorsiones representa un cambio respecto a la situación previa a 2022. Especialistas en seguridad ciudadana han advertido, no obstante, sobre el riesgo de extrapolar percepciones individuales o testimonios puntuales a conclusiones generalizadas sobre la evolución estructural del fenómeno delictivo.
Barrientos es una figura reconocida dentro del movimiento evangélico latinoamericano, con trayectoria como líder de alabanza y conferencista en distintos países de la región. Su presencia en El Salvador se ha dado en el marco de eventos religiosos que congregan a asistentes en un país donde las iglesias evangélicas han ganado peso social en las últimas décadas, con una influencia que se refleja en el discurso público de distintos funcionarios.
El régimen de excepción continúa vigente, tras sucesivas prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa, donde la fracción oficialista de Nuevas Ideas cuenta con una mayoría amplia de curules que ha permitido la renovación mensual de la medida. La oposición legislativa, minoritaria en el actual periodo, ha cuestionado en diversas ocasiones la falta de mecanismos de control y transparencia sobre las capturas realizadas al amparo de la suspensión de garantías constitucionales.
De cara a los próximos meses, se prevé que la Asamblea Legislativa continúe votando la extensión del régimen de excepción en sus sesiones plenarias periódicas, mientras persiste el debate entre las organizaciones de derechos humanos y el Órgano Ejecutivo sobre el balance entre resultados en seguridad pública y respeto al debido proceso. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha declarado hasta la fecha la inconstitucionalidad de las prórrogas aprobadas.
